Douglas Marín (EFE).- Un proyecto para una nueva ley de agua trata de abrirse paso en Costa Rica tras 78 años, en un contexto en el que el recurso hídrico es cada vez más valioso y en el que existen críticas de sectores ambientalistas por supuestos retrocesos en el texto sobre la gestión y protección del recurso.
El proyecto de Ley Para La Gestión Integrada Del Recurso Hídrico en la actualidad se encuentra en el Plenario Legislativo donde podría ser votada en los próximos días.
Ley de Aguas
Afluente en el parque la Cangreja en Puriscal, Costa Rica. EFE/Jeffrey Arguedas
La actual Ley de Aguas está vigente desde 1942 y tras años de intentos por impulsar una nueva legislación, al parecer hay viabilidad política para el avance de un texto que, según el Gobierno, moderniza la gestión y la protección de este recurso.La iniciativa endurece las multas por contaminar o dañar afluentes de acuerdo con un orden que tipifica las faltas como leves, graves y gravísimas.
Además, el texto establece zonas de protección alrededor de nacientes, las riberas de los ríos, quebradas o arroyos, lagos, embalses naturales y artificiales construidos por el Estado.
En esas áreas de protección, cuya extensión varía según el afluente, también estará prohibido cortar árboles.
La iniciativa también establece que el Estado debe promulgar cada 10 años, con revisiones a mitad de ese periodo, un Plan de Recurso Hídrico Nacional que oriente las acciones para garantizar la calidad, la protección y la oferta del agua.
Buenas prácticas ambientales
El proyecto impulsa la creación de beneficios para proyectos de energía limpia y buenas prácticas ambientales, y además crea un canon para quienes tengan concesiones para el uso de agua.
El coordinador del Programa Kioscos Socioambientales de la estatal Universidad de Costa Rica, Mauricio Álvarez, dijo a EFE que la ley “tiene avances y herramientas nuevas a la hora de gestionar conflictos”, pero lamentó que “no hay un contrapeso social de control”.
Según el dirigente ambientalista, el proyecto crea “un polo de poder en la Dirección Nacional de Agua” que le quita participación a organizaciones comunales y sociales que ejercen en la actualidad labores de fiscalización, principalmente en zonas rurales.
“Las últimas leyes ambientales han tenido graves problemas de cumplimiento porque el Estado tiene poca capacidad de controlar. La ley, por más herramientas o más moderna que pueda presentarse, es letra muerta ante una realidad de que son las comunidades las que están gestionando la cotidianidad de la defensa y gestión del agua, sobe todo en zonas rurales”, expresó Álvarez.
Según el ambientalista, si se aprueba esta ley “no va a cambiar mucho la situación del recurso” y aseguró que hay “sectores poderosos que no quieren una ley nueva”.
Álvarez sí destacó que con esta iniciativa no se privatiza el recurso y confirma la extensión de las zonas de protección alrededor de las nacientes y cuerpos de agua.
Derecho de acceso al agua
El Gobierno ha manifestado que el proyecto mantiene el dominio público del agua, ratifica el acceso al agua como un derecho humano y además reconoce el valor económico, social y cultural del recurso como herramientas para mejorar la gestión y la conservación.
La versión del Ejecutivo también asegura que la iniciativa fortalece la Dirección de Aguas y la transforma en la Dirección Nacional de Agua, y la dota de mejores instrumentos para vigilar el buen aprovechamiento del recurso hídrico, evitar los procesos de contaminación y monitorear los impactos del cambio climático.
“Este proyecto viene a dar al país una serie de herramientas modernas para poder gestionar mejor el recurso hídrico. Tenemos una ley de los años 40 donde no teníamos el tipo de información, ni instrumentos tecnológicos que hay ahora”, dijo la ministra de Ambiente, Andrea Meza.
La funcionara explicó que la ley vigente data de una época en la que se creía que el agua era un recurso inagotable.
“Hoy, reconociendo que es un recurso que se agota y con amenazas como el cambio climático, es importante actualizar la forma en que hacemos la gestión y cuido de tan preciado recurso, vital para la reactivación económica y para los distintos usos productivos”, afirmó Meza. EFEverde