El impacto de la COVID-19 en las personas supervivientes de la violencia sexual en los conflictos
La ya habitual falta de denuncias de violencia sexual relacionada con el conflicto, debido al estigma, la inseguridad, el miedo a las represalias y la falta de servicios, se ha visto agravada por las medidas de contención de la COVID-19. Los bloqueos, toques de queda, cuarentenas, temores de contraer o transmitir el virus, restricciones de movilidad y acceso limitado a servicios y espacios seguros (los refugios cerrados y las clínicas fueron reutilizados para la respuesta a la pandemia) ha acentuado aún más las barreras estructurales, institucionales y socioculturales existentes para denunciar tales delitos.
La pandemia de COVID-19 ha afectado drásticamente la vida de las víctimas y supervivientes de la violencia sexual relacionada con los conflictos, así como todos los aspectos del trabajo realizado por las oficinas de la Representante Especial del Secretario General sobre la Violencia Sexual en los Conflictos y la de la Representante Especial del Secretario General para la Cuestión de los Niños y los Conflictos Armados, y las Naciones Unidas en su conjunto.
Las medidas proactivas para fomentar un entorno propicio para que las personas supervivientes denuncien en condiciones de seguridad y puedan solicitar la reparación se han vuelto más urgentes que nunca.
La pandemia ha puesto al descubierto las desigualdades interseccionales que afectan a nuestras sociedades, agravadas por los conflictos, los desplazamientos y la fragilidad institucional. La única solución para estas múltiples lacras es una inyección de determinación política y recursos equivalentes a la magnitud del problema.
Recontruir para mejorar
Reconstruir para mejorar en esta pandemia requiere un enfoque inclusivo, intersectorial y con perspectiva de género. Esta recuperación exige un cambio de paradigma. Es necesario silenciar las armas; amplificar las voces de las mujeres, las niñas y todas las supervivientes; avanzar con determinación hacia la igualdad de género y abordar las causas profundas de los conflicto. Se necesita invertir en el bienestar público en lugar de en los instrumentos de guerra, mediante la reducción del gasto militar y el fortalecimiento de las instituciones. También debe cambiar el paradigma de seguridad para fomentar la seguridad humana y la resiliencia de las personas y las comunidades a las crisis sociales, ambientales y económicas.
Promover un nuevo contrato social
Una recuperación mundial de la COVID-19 que tenga en cuenta las cuestiones de género no debería aspirar solo a una vuelta al statu quo previo a la pandemia. Tiene que promover un nuevo contrato social en el que nadie en el poder esté por encima de la ley, y ningún indefenso esté desprotegido ante la ley, con el objetivo final de lograr la verdadera igualdad y justicia. Esto conlleva una acción decisiva para mitigar los riesgos y prevenir la violencia sexual, y para asegurar que nadie se quede atrás.
Las respuestas deben ser amplias, multisectoriales, adaptadas a la edad y centradas en los supervivientes, incluido el suministro de atención médica , los servicios de salud sexual y reproductiva, el apoyo psicosocial, la asistencia para la subsistencia, el apoyo a la reintegración socioeconómica y el acceso a la justicia. La cobertura de los servicios debe llegar a los supervivientes de zonas rurales, remotas y fronterizas, así como a los refugiados y desplazados (S/2021/312).
Evento virtual
«Reconstruir para mejorar: Ofrecer apoyo a los supervivientes de la violencia sexual relacionada con el conflicto en el contexto de la recuperación de la pandemia»
De las 14 a las 15 horas (hora de Nueva York)
Jueves, 17 de junio de 2021
Retransmisión en directo
Invitación
Nota informativa y agenda
Con motivo de la séptima celebración del día, la Oficina del Representante del Secretario General sobre los niñol y los conflictos armados, la Oficina del Representante Especial del Secretario General sobre la cuestión de los niños y los conflictos armados y la Misión Permanente de la Argentina ante las Naciones Unidas han organizado conjuntamente un evento virtual.
El objetivo del evento es solidarizarse con las personas supervivientes y con las que trabajan para darles apoyo en primera línea, que corren a menundo un riesgo personal, particularmente en el actual clima de crisis que vivimos. Servirá como plataforma, además, para la reflexión estratégica sobre distintas formas de integrar los derechos, necesidades y perspectivas específicas de los sobrevivientes de la violencia sexual relacionada con los conflictos; en los planes nacionales y regionales de respuesta y recuperación de la COVID-19.
Antecedentes
Definición y prevalencia
La «violencia sexual relacionada con los conflictos» abarca las violaciones, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, los embarazos forzados, la esterilización forzada y cualquier otro acto de grave violencia sexual contra mujeres, hombres o niños que tienen una vinculación directa o indirecta con un conflicto.
Una preocupación constante es que el miedo y el estigma cultural convergen para que la inmensa mayoría de los supervivientes de la violencia sexual relacionada con los conflictos no denuncien esa violencia. Los profesionales sobre el terreno estiman que por cada violación denunciada en relación con un conflicto, hay entre 10 y 20 casos que quedan sin documentar.
Resoluciones de la ONU
En Junio de 2015, la Asamblea General proclamó, en su resolución A/RES/69/293, el 19 de junio Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos con el objetivo de concienciar sobre la necesidad de ponerle fin, honrar a las víctimas y los supervivientes de la violencia sexual de todo el mundo y rendir homenaje a todos quienes han dedicado su vida con valentía a la lucha para erradicar estos delitos y han perdido la vida en esa empresa.
La fecha fue elegida para conmemorar la adopción de la resolución 1820 del Consejo de Seguridad, el 19 de junio de 2008, en la que el Consejo condenó la violencia sexual como táctica de guerra y un impedimento para la consolidación de la paz.
En respuesta al aumento del extremismo violento, el Consejo de Seguridad aprobó la resolución S/RES/2331 (2016), la primera para abordar el nexo entre la trata de personas, la violencia sexual, el terrorismo y la delincuencia organizada transnacional. Reconociendo la violencia sexual como una táctica de terrorismo, afirmó además que las víctimas de la trata y la violencia sexual cometidas por grupos terroristas deberían ser elegibles para la reparación oficial que se concede a las víctimas del terrorismo.
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