EFEverde.- Once organizaciones civiles han denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el proyecto de canal interoceánico aprobado en Nicaragua tendrá un «grave impacto» en los derechos humanos y en el medio ambiente del país y provocará el «desplazamiento forzado» de 100.000 personas.
En una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, los activistas aseguraron además que el proyecto ha generado ya “actos de intimidación policial” contra quienes protestan en contra, especialmente las poblaciones indígenas que viven en los territorios donde está prevista la obra.
“Un solo concesionario (la firma china HKND) tiene derechos exclusivos de explotación (sobre el canal) potencialmente por 116 años. Esto otorga derechos irrestrictos sobre recursos naturales tales como bosques o agua”, dijo Luis Carlos Buob, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
El canal, cuyas obras fueron inauguradas en diciembre, unirá el océano Pacífico con el mar Caribe a través de una vía húmeda de 278 kilómetros de longitud, por 230 a 520 metros de ancho y 30 metros de profundidad, y estará listo a fines de 2019, según cálculos de la compañía HKND.
”Estamos en presencia de la más grave privatización de la reservas naturales de Nicaragua en la historia de nuestro país, y hay serios riesgos de corrupción”, advirtió en la audiencia Mónica López, activista del grupo COCIBOLCA.