El líder asháninka de Perú Lucio Pascual Yumanga fue hallado asesinado en la región selvática de Pasco y otros cuatro defensores ambientales que salieron en su búsqueda continúan desaparecidos, denunciaron este domingo organizaciones y representantes aborígenes.
La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) exigió que los ministerios involucrados asuman su responsabilidad respecto a la protección de los defensores ambientales, teniendo en consideración que desde el 2020 han sido asesinados una decena de dirigentes indígenas en la selva peruana.
La asociación solicitó al ministerio del Interior que facilite el transporte aéreo de la Policía Nacional para llegar al alejado lugar donde se encuentran los restos de Pascual y ubicar a los desaparecidos.
Asimismo, Aidesep en la ciudad de Ucayali denunció el asesinato de Pascual, líder de la comunidad indígena asháninka, y la desaparición de Beri Yumanga Shario, Abdías Pascual Yumanga, Javier Pascual Marincana y Yosner Pascual Canchivo en el distrito de Puerto Bermúdez.
Por su parte, Wacgner Chamicar Shoncoqui, vicepresidente de la Asociación de Comunidades Asháninkas del Valle del Pichis (Anap), explicó al diario La República que los sucesos se desataron el pasado martes último, cuando dos de ellos salieron de caza y no regresaron a su comunidad, llamada Paz de Pucharine.
Luego, otros tres salieron a buscarlos, pero ninguno regresó.
El pasado viernes, una comisión salió tras el grupo desaparecido y encontró muerto con heridas de bala a Lucio Pascual.
La comunidad Paz de Pucharine está bajo la amenaza de grupos armados que han ingresado a la zona de amortiguamiento de la reserva comunal El Sira, denunció a La República, el presidente de la Organización Regional Aidasep Ucayali (ORAU), Berlín Diquez.
“La inseguridad territorial de las comunidades nativas, la discriminación de las autoridades policiales y judiciales contra los pueblos indígenas, la corrupción generalizada y la débil presencia del Estado para controlar las actividades ilegales afectan nuestra paz”, expresó Diquez.
El presidente de ORAU exigió que el Ejecutivo asuma sus responsabilidades en torno a la protección de los defensores de manera coordinada y “sobre todo que atiendan las causas que generan este entorno de violencia y amenaza constante”.
Entre las principales demandas de las comunidades nativas figura la titulación de las tierras en las regiones de Huánuco, Junín y Ucayali para hacerle frente a las mafias de tráfico de tierras, narcotráfico y tala ilegal. EFEverde