La Corte Suprema de Brasil ya cuenta con una mayoría de miembros favorables a la sentencia que obliga al Gobierno a reactivar el Fondo Amazonía, una herramienta para captar recursos de otros países destinados a financiar proyectos sostenibles en el mayor bosque tropical del mundo.
Reactivación del Fondo de la Amazonía
Siete de los ocho magistrados que emitieron sus votos hasta este jueves coincidieron en que la interrupción del funcionamiento de esta herramienta es inconstitucional y que el Gobierno tiene la obligación de reactivarla pese a la resistencia del presidente, el líder ultraderechista Jair Bolsonaro.
Pese a que aún faltan tres magistrados por pronunciarse y sólo lo harán la próxima semana, el Supremo Tribunal Federal (STF) divulgó este jueves un comunicado para destacar la mayoría ya existente para obligar al Gobierno a que adopte medidas en un plazo de 60 días para reactivar el Fondo.
La mayoría de los magistrados calificó como inconstitucionales los decretos de Bolsonaro que alteraron el formado del fondo e impiden que sus recursos sean usados para financiar nuevos proyectos en favor de la preservación ambiental de la Amazonía.
Los miembros del Supremo, por lo mismo, concluyeron que el Gobierno tiene que retomar el anterior modelo.
Bolsonaro extinguió el Comité Técnico y el Comité Orientador, los órganos que definían el destino de los recursos del Fondo Amazonía, por oponerse a la participación en los mismos de representantes de los países que aportan los recursos y de organizaciones ecologistas.
Deforestación en la Amazonía
Con la extinción de ambos órganos en 2019 y la no creación de otros para sustituirlos, el Fondo quedó inoperante, con cerca de 1.500 millones de reales (unos 283 millones de dólares) paralizados, en su mayoría aportados por países europeos.
La decisión del mandatario, cuya política ambiental es mundialmente cuestionada por haber flexibilizado la fiscalización de la deforestación en la Amazonía, fue denunciada ante la Corte Suprema por diferentes formaciones de la oposición, incluyendo el Partido de los Trabajadores (PT) del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, el favorito para las elecciones del próximo domingo.
El único magistrado que se ha manifestado hasta ahora contra la reactivación del fondo es Kassio Nunes Marques, designado para el Supremo por Bolsonaro y que se ha destacado por defender los intereses del mandatario.
Nunes Marques alegó que la política ambiental tiene que ser decidida por el Ejecutivo y no por los partidos de oposición, y que la Justicia no tienen que inmiscuirse en el asunto. EFEverde