Bajo la perspectiva del Acuerdo de Escazú, reconocer a los jóvenes rurales como población en situación de vulnerabilidad abre oportunidades para mejorar su participación en la toma de decisiones, lo cual desarrollaría habilidades de liderazgo y promovería su permanencia en sus territorios evitando la fracturación intergeneracional y el abandono del campo.
Carolina Mazo Castaño | Candidata a Magíster en Medio Ambiente y Desarrollo de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL)share
La educación ambiental, el aseguramiento de la paz y el aprovechamiento de herramientas como los pagos por servicios ambientales es crucial en contextos agrícolas para estimular la empleabilidad. Fuente: Jeimi Villamizar – Unimedios
El Centro Nacional de Memoria Histórica y el Observatorio de Memoria y Conflicto calculan que entre 1960 y 2020 se presentaron 12.908 casos de reclutamiento de adolescentes en el marco del conflicto armado. Algunos testimonios indican que los jóvenes entre 14 y 17 años que eran reclutados a la fuerza acudían a los grupos al margen de la ley en busca de comida o de oportunidades, circunstancia que lamentablemente hoy persiste .
Su ingreso a los grupos al margen de la ley no es la única problemática con la que lidian los jóvenes rurales; en el censo de 2018, el DANE registró que el 55% de ellos viven en condiciones de pobreza multidimensional. El campo se está quedando sin ello, y una de las razones es que, además de huir de una guerra sin fin, migran a las ciudades para buscar condiciones de vida dignas creando un quiebre intergeneracional en las familias campesinas y generando un abandono forzado en el campo y la desesperanza sobre crear proyectos de vida estables y un futuro seguro.
Ahora bien, si por el campo llueve por las ciudades no escampa. Los jóvenes que logran llegar a las ciudades a contrapelo se encuentran con la infortunada realidad de no encontrar empleos, o los que consiguen son informales, mal pagados y sin prestaciones sociales. El desempleo juvenil, tanto en las ciudades como en las zonas rurales, se traduce en la pérdida de confianza en las instituciones, lo que desemboca en mayor vulnerabilidad a la pobreza (Marín, 2019).
Cabe mencionar que para aquellos que pertenecen a algún grupo étnico las condiciones socioeconómicas son más difíciles. La violencia, la deficiente educación y la pobreza golpean más a los jóvenes afrodescendientes e indígenas que a los jóvenes rurales dispersos. Es preocupante observar, además, que por cada hombre joven que se ve obligado a abandonar su lugar de origen en busca de seguridad debido a amenazas o riesgos para su vida, dos mujeres jóvenes también se ven en la misma situación (Pardo, 2017).
La población juvenil advierte constantemente sobre las consecuencias de los daños ambientales como el cambio climático, los plásticos en los ecosistemas, los veranos intensos, las recurrentes inundaciones, la escasa agua potable y la degradación de los suelos, entre otros; aun así su participación en la toma de decisiones sigue siendo un derecho poco ejercido, y cuando participan sus intervenciones no se tienen en cuenta (Ángel, 2016).
Concatenado a lo anterior, Trejo (2018) señala que, a pesar de su figuración en el papel y en los ideales del desarrollo sostenible, la brecha entre su reconocimiento y la materialización de su importancia crece constantemente.
Como resultado de las deficiencias de la participación juvenil en la toma de decisiones ambientales se recomienda reconocer a los jóvenes como sujetos políticos y de derechos, por sus aportes no convencionales y por las oportunidades de aprendizaje juvenil (Ángel, 2016). Por un lado, las ideas generalmente disruptivas, globales y modernas concebidas por esta población pueden beneficiar más a las comunidades (Trejo, 2018). Por otro lado, los conocimientos adquiridos para desarrollar nuevas relaciones les permiten ser conscientes de su realidad y responsabilidad, convirtiéndolos en aportantes a la concretización del derecho a un medioambiente sano (Angel, 2016).
En 2019 Colombia firmó el Acuerdo de Escazú y el activismo juvenil propició su ratificación en 2022. El gran debate nacional sobre este instrumento se llevó a cabo gracias a los espacios de reconocimiento y debate liderados por los jóvenes en instancias gubernamentales, foros, charlas, asambleas y otros encuentros. No en vano, tras su aprobación en el Congreso de la República, la ministra de ambiente, Susana Muhamad, comentó: “en 63 días se logró lo que no se había logrado en tres años. El primer agradecimiento es para la juventud colombiana”.
Grosso modo se podría decir que el instrumento cuenta con cuatro componentes relacionados con la garantía de derechos: (i) los derechos de acceso a la información ambiental, (ii) los derechos de participación en la toma de decisiones ambientales, (iii) los derechos de acceso a la justicia en asuntos ambientales y (iv) y tal vez el más controversial, el reconocimiento y la protección de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales.
Fuente: Jeimi Villamizar – Unimedios
El Acuerdo de Escazú y los jóvenes
Una de las ventajas directas para los jóvenes rurales con el Acuerdo de Escazú es que este ampara en mayor medida a las personas en situación de vulnerabilidad. Los jóvenes rurales se encuentran en dicha situación porque se enfrentan a desafíos de acceso a educación, salud y trabajo, y porque viven en contextos de profunda violencia. Reafirmando lo anterior, la Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad y el Departamento de Inclusión Social (2021) definen que las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad son aquellas que “pertenecen a grupos que históricamente han sido discriminados: pueblos indígenas, afrodescendientes, personas LGBTI, migrantes o refugiados, personas con discapacidad y jóvenes rurales, entre otros”.
Reconocer a los jóvenes rurales como población en situación de vulnerabilidad, bajo la perspectiva del Acuerdo de Escazú, abre oportunidades para mejorar su participación en la toma de decisiones, lo cual desarrollaría habilidades de liderazgo y promovería su permanencia en sus territorios, evitando la fracturación intergeneracional y el abandono del campo. Es importante empoderar a los jóvenes rurales mediante la educación ambiental, el mejoramiento del acceso a internet, el aseguramiento de la paz y el aprovechamiento de herramientas como los pagos por servicios ambientales en contextos agrícolas para estimular la empleabilidad y el bienestar económico.
Según Pardo (2017), generalmente los procesos diseñados para los jóvenes rurales se basan en las condiciones de los jóvenes urbanos, por lo que la implementación del Acuerdo debe abordar un enfoque diferencial de género, circunstancias y edad. Las realidades son diferentes en aspectos sociales, económicos y ecosistémicos, de modo tal que, como indica Ángel (2016), la participación efectiva de los jóvenes debe aceptar las distintas visiones y modos de percibir la vida.
El actual Gobierno les debe a los jóvenes la ratificación del Acuerdo, así que la mejor manera de honrar la intensidad de su activismo es cumplir a cabalidad cada punto, y mejor aún si los esfuerzos se dirigen a asegurar la participación en asuntos ambientales de aquellos jóvenes cuyas voces históricamente no han sido reconocidas.
periodico.unal.edu.co