EFEverde.- La provincia selvática de Darién, en la frontera entre Panamá y Colombia, sufre de un preocupante abandono institucional que tiene como consecuencia un repunte en la delincuencia juvenil y de la violencia sexual, advirtió hoy la ONU.

Aunque Panamá no tiene Fuerzas Armadas desde 1990, pocos meses después de que la invasión estadounidense derrocase a la dictadura militar, lo cierto es que el Senafront es la fuerza de seguridad que más se parece a lo que se considera un ejército.

“Hay una serie de funciones, como son la atención sanitaria, la atención educativa y el bienestar social que no deberían corresponder al Senafront y en las que ellos no están capacitados”, dijo Luz.

 La selva del Darién, Parque Nacional desde 1980 y Patrimonio de la Humanidad de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) desde 1981, actúa de frontera natural entre Colombia y Panamá y en la actualidad no hay ninguna carretera que la atraviese.

 

Es el único punto del continente donde se interrumpe la carretera panamericana, que va desde Alaska hasta el Cabo de Hornos, la zona más meridional de Argentina.

Territorio sin ley

El Darién es un territorio “sin ley”, que durante mucho tiempo estuvo bajo el dominio de los narcotraficantes y la guerrilla colombiana, y en el que habitan cerca de 50.000 personas, la mayoría de ellas indígenas, según el censo de 2010.

Autoridades panameñas y miembros de la sociedad civil discutieron durante cinco días en un foro organizado por la oficina regional del PNUD y el Senafront en la ciudad de Metetí (Darién) las necesidades en materia de convivencia y prevención de la violencia que existen en esta región.

“Las políticas públicas son diseñadas en la capital y no acaban de ser correspondientes con las necesidades que tiene una región tan particular como esta. Hay muy poco conocimiento de cuál es la realidad del Darién, incluso entre las propias instituciones”, dijo este miércoles el asesor del PNUD durante la clausura del foro.

Este abandono institucional está teniendo como consecuencia un repunte en la violencia sexual, en los embarazos adolescentes y en la delincuencia juvenil.

“Hay muchísima preocupación por el creciente uso de narcóticos entre adolescentes, lo que puede ser un indicador de que las redes del crimen organizado están empezando a pagar a los jóvenes con mercancía”, reconoció Luz.