Ana Tuñas Matilla
La devastación causada en Valencia por las inundaciones que han asolado el este y sur de España, dejando más de 210 muertos y cuantiosos daños materiales, ponen de manifiesto que Europa no está preparada para soportar los efectos del calentamiento global, algo que pocos días antes de la tragedia denunció el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea.
Mitigación vs adaptación
Para enfrentar la crisis climática, existen dos grandes líneas de actuación: la mitigación, que busca reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para limitar el calentamiento global y asegurar que el planeta siga siendo habitable en el futuro, y la adaptación, que persigue elevar la resiliencia del mundo a las consecuencias que ya está teniendo y tendrá el aumento de temperatura.
Entre esos consecuencias, destacan fenómenos naturales que serán más frecuentes y extremos por el calor y que tienen gran capacidad de destrucción y mortalidad: olas de calor, sequías, incendios y lluvias torrenciales e inundaciones.
Mientras el mundo está destinando cantidades ingentes de dinero a reducir sus emisiones y la dependencia de los combustibles fósiles mediante el desarrollo de tecnologías alternativas, como las renovables o el vehículo eléctrico, la eficiencia o la economía circular, la urgencia de la adaptación ha quedado relegada.
Muchos planes, poca ejecución
La Unión Europea cuenta con planes de adaptación al cambió climático y España, como Estado miembro, tiene el suyo propio, del que, a su vez, penden los planes regionales y municipales que son los que realmente lo llevarán a la práctica, ya que la mayoría de las competencias relacionadas con las actuaciones necesarias están en manos de autonomías y ayuntamientos.
Esas materias son ordenación del territorio, urbanismo, obras públicas y transportes dentro de su territorio o sanidad, entre otras.
El pasado 16 de octubre, el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea emitió un informe que pasó prácticamente inadvertido y que concluye que aunque el marco de la UE en materia de adaptación es sólido, presenta deficiencias y lagunas a la hora de ponerlo en práctica.
Entre esas deficiencias: el uso de datos científicos desfasados, la subestimación del coste de las medidas, el hecho de que en ocasiones las prioridades de los planes regionales o sectoriales entran en conflicto con las de las estrategias nacionales o de la UE y que en gran medida son descriptivos y no ofrecen datos cuantificables.
Además de examinar los planes redactados en los Estados miembro, el Tribunal analizó 36 proyectos concretos de adaptación, de los que concluyó que 13 tuvieron un impacto escaso o nulo en la mejora de la capacidad de adaptación y 2 incluso pueden dar lugar a una mala adaptación.
Entre los ejemplos de mala adaptación: promover la ampliación de la superficie de regadío en lugar de cambiar a cultivos que consuman menos agua o construir diques en vez de reubicar a los residentes de las zonas costeras en riesgo de inundación o erosión.
En el marco del informe, también se entrevistó a 400 municipios de cuatro Estados miembros, de los que solo el 16 % había adoptado un plan de adaptación local, lo que limita la capacidad de hacer frente al cambio climático, según la misma fuente.
Ante esta situación, «se corre el riesgo de que la política y las medidas de adaptación no sigan el ritmo del cambio climático», lo que afectaría de manera adversa al objetivo de alcanzar la resiliencia para 2050, advierte el Tribunal, que recuerda que «las medidas de mitigación por sí solas no pueden evitar los efectos del cambio climático aunque se logre reducir las emisiones».
La ONU advierte: no está llegando dinero a las ciudades
En el mismo informe, se recuerda que la estrategia de adaptación de la UE considera que «la acción a escala local es la piedra angular de la adaptación, por lo que el apoyo de la UE debe ayudar a aumentar la resiliencia local».
Sin embargo, el «Reporte Mundial de las Ciudades 2022: Ciudades y acción climática», el principal documento de análisis desarrollado por ONU-Hábitat, la agencia de las Naciones Unidas para los asentamientos humanos, ha revelado que el dinero que se necesita para llevar a cabo acciones de adaptación no está llegando a las ciudades.
En concreto, se calcula que las urbes están recibiendo menos del 20 % de la financiación necesaria para una acción climática efectiva y que los proyectos locales a pequeña escala son los que tienen más problemas para atraer financiación.
Esta insuficiencia, según el informe, deja a la población de las ciudades (en las que vive más de la mitad de la población mundial, porcentaje que en 2050 se elevará al 70 %) expuesta a riesgos que están escalando.
La primera media: sistemas de alerta temprana
Desde la ONU también defienden la necesidad de disponer de buenos sistemas de alerta temprana como primera medida para proteger a los habitantes de la Tierra frente a los efectos del cambio climático.
Por ello, en 2022, el propio secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, encargó a la Organización Meteorológica Mundial (OMM) liderar la iniciativa «Alerta temprana para todos» que persigue garantizar que, antes de finales de 2027, todos los habitantes del planeta puedan ser prevenidos de fenómenos meteorológicos, hídricos y climáticos para salvar vidas.
«No hay duda de que los sistemas de alerta necesitan mejorar en todo el mundo de cara al futuro, especialmente a la hora de lidiar con tormentas graves muy localizadas», dijo en rueda de prensa el científico Omar Baddour, jefe de monitorización climática en la agencia meteorológica de la ONU en referencia a la tragedia de Valencia.
Lograrlo va más allá de las agencias meteorológicas y compete también a las formas en que se utiliza el suelo o se desarrolla la planificación urbanística, subrayó el experto.EFE