Viena, 4 mar (EFE).- El cultivo y tráfico ilegal de droga sigue provocando graves daños ecológicos en toda América del Sur, especialmente en el Amazonas, y amenaza a las poblaciones indígenas, según denuncia la ONU en un informe publicado este martes.
«La actividad delictiva es común en zonas remotas de América del Sur. Las zonas fronterizas suelen ser zonas críticas para el tráfico de drogas, armas y fauna y flora silvestres, así como para la trata de personas», señala en su ‘Informe 2024’ la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE).
Ese organismo del sistema de Naciones Unidas insiste en la vinculación entre narcotráfico, daño medioambiental y violencia.
Cultivos ilícitos y deforestación
Así, por ejemplo, en Perú se presentaron evidencias que demuestran los nexos entre los cultivos ilícitos y la deforestación.
Un estudio del año pasado indica que las zonas donde entre el 20 % y el 30 % de la deforestación puede atribuirse de manera directa a nuevos cultivos de arbusto de coca, se encuentran principalmente cerca de áreas fronterizas.
Además, el cultivo ilícito de arbusto de coca se está expandiendo hacia los territorios de comunidades vulnerables, con lo que los narcos buscan tener acceso a rutas aéreas y fluviales para sacar la droga hacia otros países.
Arbusto de coca
Los datos que cita la JIFE señalan que 71 % de los cultivos ilícitos de arbusto de coca en el Perú se hallaban en zonas naturales protegidas.
Aunque en general la superficie total cultivada disminuyó en Perú de 2022 a 2023, los cultivos han aumentado en zonas de pueblos indígenas, por ejemplo, en la Reserva Indígena Kakataibo Norte y Sur.
Esto «plantea una amenaza para los derechos de la población kakataibo, que vive de forma aislada y es particularmente vulnerable», señala la JIFE.
Colombia, sin embargo, batió un nuevo récord llegando a las 253.000 hectáreas cultivadas en 2023, mientras que la producción de cocaína aumentó un 53 % entre 2022 y 2023, hasta 2.664 toneladas.
Población vulnerable
La JIFE indica que la Defensoría del Pueblo de Colombia lanza alarmas tempranas para proteger a las poblaciones vulnerables de la región amazónica frente a la violencia relacionada con las drogas.
Por ejemplo, en el departamento andino del Quindío se detectaron riesgos de homicidio, matanzas, violencia de género, reclutamiento forzado de menores, la extorsión, el secuestro o la trata de personas.
También se emitieron alertas en toda la región del Amazonas, donde los defensores de los derechos humanos y ambientales son intimidados por grupos armados ilegales, como el Ejército de Liberación Nacional y facciones disidentes de FARC, involucrados en el tráfico de drogas, la minería ilegal o la tala ilegal.
También en Brasil el tráfico de drogas está teniendo un impacto negativo para las comunidades indígenas, dado que la deforestación y las pistas de aterrizaje no registradas a menudo se concentran en esas zonas.
Apropiación de tierra
«La apropiación o compra ilegales de tierra para el cultivo ilícito de cannabis y arbusto de coca también pueden afectar a territorios indígenas y protegidos», denuncia la JIFE en su reporte.
Además, el consumo, y no sólo el cultivo, está afectando el medio ambiente en Brasil, específicamente la fauna marina.
Según una investigación del año pasado de la Fundación Oswaldo Cruz, de Río de Janeiro, (Brasil), varios tiburones dieron positivo en pruebas de contaminación con cocaína.
«Los autores señalan que es probable que la contaminación se deba a la gran cantidad de cocaína consumida en la ciudad, cuyos residuos pasan al alcantarillado y terminan en el mar», señala la JIFE. EFE