Las presiones del comercio internacional por las decisiones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de imponerle aranceles a todo el mundo, han ocasionado un aumento jamás registrado en los precios internacionales del oro. Sin embargo en Colombia esta bonanza se verá poco por la alta informalidad y la ilegalidad con la que se explota este mineral en el país.
Giovanni Franco Sepúlveda | Ph. D. en Ingeniería, director del Grupo de Planeamiento Minero (Giplamin) del Departamento de Materiales y Minerales de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL)share
En 2023 los barequeros explotaron 33,1 t de oro, que representaron el 53,8 % del total anual según la Agencia Nacional de Minería. Foto: Luis Robayo/ AFP.
Ante la poca confianza que tiene el dólar en el panorama político, el oro sirve de refugio físico y psicológico de valor frente a una posible recesión económica mundial. Por eso alcanzó un precio histórico de 3.133,70 dólares por onza troy (medida estándar de metales preciosos equivalente a unos 31g) (figura 1), sobrepasando un umbral que en el mediano plazo es muy difícil que vuelva a estar por debajo de los 3.000 dólares; de hecho, el viernes 11 de abril el precio rompió la barrera de los 3.200 dólares.
Figura 1. Comportamiento del precio del oro en los últimos 30 días. Fuente: https://www.kitco.com/charts/gold
Además, en la figura 2 se muestra el comportamiento del precio del oro en la última década, alcanzando una variación entre los valores extremos de aproximadamente el 300 %, es decir que este valor ha pasado de su cotización más baja a casi triplicarse para alcanzar su cotización más alta.
Figura 2. Comportamiento del precio del oro en los últimos 10 años. Fuente: https://www.kitco.com/charts/gold
Los altos precios del oro y su explotación en Colombia
En el país más del 90% de la extracción del oro es informal y se realiza por minería artesanal y de pequeña escala, a la que se dedican más de 350.000 personas que encuentran en el barequeo y actividades similares un medio de subsistencia, y que genera cerca de 1 millón de empleos, según el Informe nacional: minería ilegal y contaminación por mercurio en Colombia, publicado en 2025 por la Procuraduría General de la Nación (PGN). En Antioquia, Cauca y Chocó, donde se concentra el 80% de la producción nacional de oro, el 95% es realizado por organizaciones de menos de 25 trabajadores.
Por su parte la minería ilegal se presenta en 323 municipios de 26 de los 32 departamentos de Colombia, y en 2022 creció un 19%. El 85% del oro que exporta el país tiene un origen ilícito, y el 70% de este es controlado por grupos armados ilegales que han encontrado en esta práctica una forma de financiar sus actividades, incluso más lucrativa que la cocaína, y a veces a gran escala con dragas y maquinaria pesada como en el río Quito (Chocó). Ante el auge del oro se ha evidenciado un aumento de este tipo de extracción en zonas como Santa Fe de Antioquia y Buriticá (Antioquia).
La informalidad y la ilegalidad tienen fronteras poco claras y hacen que el Estado deje de percibir incalculables sumas de dinero provenientes de estas explotaciones, pues no se pagan cargas impositivas ni tributarias, y mucho menos regalías fruto de esta extracción. Por ejemplo en 2023 se exportaron 71t de oro, mientras se produjeron 61t, según la Agencia Nacional de Minería (ANM).
Estas 10 toneladas no declaradas permiten el sustento de muchas personas en zonas con pocas oportunidades económicas, al tiempo que son un combustible que sirve para estimular las economías informales de otros sectores económicos, mostrando los verdaderos alcances de una renta minera que no se distribuye equitativamente en toda la población, y que debería financiar proyectos locales, departamentales y nacionales, mas no los bolsillos ilícitos.
Así mismo, por no cumplir con las normativas ambientales, estas actividades contaminan con mercurio (usado para separar el oro de la roca) suelos y ríos como el Atrato (Chocó), Cauca, Nechí, Porce, Nare (Antioquia), y Patía y Telembí (Nariño). Entre 2007 y 2017 se presentaron en Nariño 2.347 casos de intoxicación por este metal pesado, mientras en Guainía se identificaron niveles en el cabello de los pobladores hasta 109 veces por encima de los límites establecidos por la OMS, según el informe de la PGN.
Además destruyen ecosistemas dejando unos pasivos ambientales a lo largo y ancho del país. Según la Oficina de las Naciones contra la Droga y el Delito (UNODC), en 2022 había 94.733ha donde se realizaba minería de oro de aluvión, de las cuales 69.000 eran de extracción ilícita y 46.550 se encontraban en territorios indígenas, parques nacionales o reservas naturales.
Amenazas
Ante este panorama, los altos precios del oro implican un incremento considerable en el mercado ilegal tanto del mercurio como de los explosivos. El primero se utiliza de manera irracional –técnica y ambientalmente– en las explotaciones de oro aluvial; por ejemplo en Cauca se vierten en promedio 16,85t anuales de mercurio y se usan 8,56g por cada gramo de oro extraído, a pesar de que en Colombia el mercurio está prohibido según el Acuerdo de Minamata. Los segundos se emplean en la minería subterránea de oro de veta.
Además se presenta un incremento en los procesos informales de extracción minera de oro para aprovechar el precio de oportunidad de las altas cotizaciones del mineral. Estos procesos tienen que ver con el incremento de personas o mineros informales que se desplazan de otras actividades económicas o de subsistencia, para llegar a formar parte del capital o la fuerza de trabajo que extraerá del subsuelo las riquezas minerales. Según la ANM y la Unidad Planeación Minero Energética (UPME), en 2024, mientras todas las exportaciones mineras se redujeron, el oro incrementó un 20,5%.
Oportunidades
En Colombia seguimos enfrentando un desafío que parece insuperable: la incapacidad de construir una política pública eficaz que les permita a los mineros informales acceder de manera rápida y sencilla a programas de formalización, ya que los requisitos y la inversión necesaria para sus títulos los lleva a preferir la informalidad. Si lográramos establecer un puente entre las grandes empresas mineras y los pequeños mineros –que cumplan con requisitos básicos para formalizarse–, podríamos transformar la actual bonanza en los precios del oro en un beneficio colectivo para todos los colombianos, en vez de que siga siendo una fuente de renta ilícita para grupos al margen de la ley.
Las empresas mineras legalmente constituidas, en concordancia con la institucionalidad minera, tienen la inmensa responsabilidad de incrementar los procesos de formalización minera que lleve a mecanismos de gana-gana para todos los actores involucrados. Que la pedagogía sobre estos procesos sirva de base para que más y más mineros informales quieran pertenecer a la cadena productiva de la extracción del oro, de una minería bien hecha y formalizada, que permita aprovechar los conocimientos que tienen todos los actores para convertir el sector minero en un apalancador de responsabilidad social y protección del medioambiente.
Con procesos unitarios mineros y metalúrgicos en línea con variables técnicas y ambientales, las empresas mineras son la base para que se aprovechen los altos precios de comercialización del oro y para que se incrementen las toneladas diarias de mineral a procesar de la mano de los mineros formalizados, y con quienes se debe garantizar una explotación sostenible y con un alto impacto social.
La propuesta no es solo una solución pragmática, sino un modelo en el que todos ganan. El Estado se beneficiaría al reducir los niveles de informalidad y aumentaría el recaudo tributario, lo que fortalecería las finanzas públicas. Las empresas mineras, por su parte, podrían aprovechar los altos precios del oro para mejorar sus balances financieros y generar mayor confianza entre sus accionistas. Los mineros formalizados accederían a prestaciones sociales y seguridad laboral, protegiendo tanto su bienestar como el de sus familias.
Además, el ambiente se vería favorecido al implementar estándares técnicos como los estudios de impacto ambiental (EIA), que garantizarían una gestión más responsable de los pasivos ambientales y la conservación de la flora y la fauna. Y por último, la sociedad en su conjunto se beneficiaría al consolidar una economía minera más robusta, capaz de atraer inversión extranjera directa mediante proyectos de exploración y explotación sostenibles.
Esta coyuntura histórica nos brinda una oportunidad única: aprovechar los altos precios del oro como catalizador para tomar decisiones audaces que impulsen el desarrollo económico del país a través de una minería formal y responsable. Es momento de transformar las oportunidades mineras en beneficios tangibles para todos los colombianos, solo así podremos asegurarnos de que el oro deje de ser un símbolo de ilegalidad para convertirse en un motor legítimo de progreso nacional.
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