En Colombia la inseguridad alimentaria —entendida como la falta de acceso físico o económico a alimentos suficientes para llevar una vida activa y saludable— sigue siendo un reto estructural difícil de transformar. La medición más reciente revela una leve mejora a nivel nacional en 2024, pero también un preocupante deterioro en las zonas rurales.
Cristian David Murcia Peñuela | Nutricionista dietista, magister en Seguridad Alimentaria y Nutricional, investigador del Semillero de Defensa del Territorio del Observatorio de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL)
Daniel Alberto Bernal Rojas | Magíster en Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL)share
El 35,4 % de las personas que se reconocen como campesinas enfrentan inseguridad alimentaria. Foto: archivo Unimedios.
Un informe conjunto del DANE y la FAO señala que durante el último año el 25,5% de los hogares colombianos —más de 14,4 millones de personas— experimentaron inseguridad alimentaria moderada o grave. Aunque esta cifra representa una disminución marginal del 0,6% frente a 2023, las brechas entre zonas urbanas y rurales se han profundizado.
Entre los factores que han agravado esta situación se encuentran los fenómenos climáticos extremos, en particular la sequía provocada por El Niño, así como la expansión territorial de actores armados en zonas en transición hacia la paz. Estos elementos han reforzado las condiciones estructurales de exclusión que afectan especialmente la alimentación en el campo colombiano.
Más de un tercio de la población rural no tiene acceso suficiente a alimentos
La situación en el ámbito rural es especialmente alarmante: el 34,2% de la población en centros poblados y zonas rurales dispersas enfrenta inseguridad alimentaria moderada o grave, en contraste con el 23% en las cabeceras urbanas. El campo colombiano sigue siendo el epicentro de la pobreza alimentaria, a pesar del compromiso del país con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, particularmente el ODS 2: Hambre cero.
Los 5 departamentos que superan el 40% de su población en condición de inseguridad alimentaria moderada o grave en 2024 son: La Guajira (52,4%), Sucre (49,5%), Córdoba (47,6%), Vaupés (46,1%) y Vichada (42,5%). Todos comparten características como la ruralidad predominante, y en muchos casos la presencia significativa de comunidades étnicas.
En otros departamentos con alta ruralidad —como Chocó, Guainía, Guaviare, Putumayo y Cauca— las cifras también superan el promedio nacional, lo que evidencia una brecha estructural y persistente entre la Colombia rural y la urbana.
Hogares rurales más grandes son más vulnerables
La inseguridad alimentaria golpea con mayor dureza a ciertos tipos de hogares, muchos de ellos característicos de la ruralidad:
- Hogares con 5 personas o más: 42,5 %.
- Hogares con niños menores de 5 años: 38,4 %.
- Hogares con personas con discapacidad: 40,8 %.
- Hogares con déficit habitacional (hogares sin estructura, espacio o condiciones adecuadas): 39,5 %.
Además, el 35,4% de las personas que se reconocen como campesinas enfrentan inseguridad alimentaria, frente al 21,8% de quienes no lo hacen. Esta paradoja revela una contradicción estructural: quienes producen alimentos en el país no pueden garantizarlos para sí mismos.
Uno de los hallazgos más inquietantes es que el 40,9% de quienes reciben subsidios o ayudas del Gobierno sufre inseguridad alimentaria, frente al 21,4% de quienes no las reciben. Este dato plantea serias dudas sobre la eficacia del modelo de asistencia vigente.
La ruralidad exige políticas estructurales
A pesar de los avances en algunos territorios —como Arauca, Meta, Bogotá, Tolima y Santander—, estos siguen siendo insuficientes frente a la magnitud del problema. La conclusión es que la inseguridad alimentaria no es solo un problema de ingresos sino de inequidades históricas en el acceso limitado a servicios públicos, tierras productivas y políticas públicas focalizadas inadecuadamente.
Garantizar el derecho a la alimentación en las zonas rurales exige más que transferencias monetarias. Requiere fortalecer la producción agro-ecológica local, garantizar el acceso a agua potable, infraestructura básica, asistencia técnica y mercados locales.
En un contexto de desigualdad persistente, el informe del DANE evidencia una verdad urgente: el hambre en Colombia sigue teniendo rostro campesino, étnico y rural.
La medición incompleta de la inseguridad alimentaria en Colombia: lo que el DANE capta… y lo que no
Como se mencionó, el hambre y la inseguridad alimentaria son problemas complejos, pero para entenderlos y combatirlos es crucial medirlos de forma precisa.
En Colombia el DANE utiliza la Escala de Experiencia de Inseguridad Alimentaria (FIES), una herramienta que permite saber la prevalencia de hogares que presentan dificultades para acceder (producir, comprar, intercambiar) alimentos, o mejor dicho, que les es difícil poner comida en la mesa. A diferencia de otras mediciones, la FIES no se basa en estimaciones de producción o consumo de alimentos, sino que les pregunta directamente a las personas sobre sus vivencias relacionadas con la alimentación en los últimos 12 meses. Esto incluye situaciones como la preocupación por no tener suficiente comida, la incapacidad de comer alimentos saludables o variados por falta de recursos, o incluso el hecho de que algún miembro del hogar haya pasado un día entero sin comer.
Los 5 departamentos con mayor inseguridad alimentaria son principalmente rurales. Foto: archivo Unimedios.
El modelo de la FIES analiza cómo las personas experimentan y perciben la inseguridad alimentaria. Funciona como una escalera en la que cada una de las 8 preguntas representa un nivel creciente de severidad. Por ejemplo la primera pregunta es sobre la preocupación por la comida, mientras que la última indaga si algún miembro del hogar pasó un día entero sin comer. Si una persona responde “Si” a una pregunta más severa, es muy probable que también haya experimentado las situaciones menos severas. Al analizar las respuestas de miles de hogares se puede estimar la prevalencia de inseguridad alimentaria moderada o grave y comparar los resultados entre países, medición que forma parte del ODS 2: Hambre cero.
Aunque en los últimos años el DANE ha provisto datos recientes sobre inseguridad alimentaria mediante la aplicación de la FIES, esta información, aunque valiosa, resulta insuficiente. Esta medición no sustituye la riqueza de información antropométrica (peso, talla, entre otros), ingesta dietética, estado de la lactancia materna y alimentación complementaria, medición de micronutrientes e identificación de hábitos alimentarios que ofrece por ejemplo la Encuesta Nacional de Situación Nutricional (ENSIN). Más allá del acceso, como país necesitamos saber qué se come, cuánto se come y cómo se procesa biológicamente, en las distintas regiones y territorios.
Una política ausente: transición hacia el derecho a la alimentación y el fracaso del programa “Hambre cero”
Colombia enfrenta una preocupante paradoja en la formulación de sus políticas públicas: la aspiración a transformar las condiciones de vida de su población contrasta drásticamente con una década de incertidumbre y falta de información en materia nutricional. Desde la última ENSIN, en 2015, el país ha navegado sin la brújula esencial que permita comprender de manera amplia y territorializada el estado nutricional de sus ciudadanos.
La ausencia prolongada de una ENSIN actualizada es una falla ética cuya responsabilidad política recae directamente sobre el Gobierno nacional, el Ministerio de Salud, el Ministerio de la Igualdad y Equidad, y la recién creada Comisión Intersectorial por el Derecho Humano a la Alimentación (CIDHA). ¿Cómo es posible que un país que aspira a ser una “Potencia Mundial de la Vida” y a cerrar brechas de inequidad ignore el estado nutricional de su población, pilar fundamental del bienestar y el desarrollo humano? Sin datos precisos sobre la desnutrición aguda, retraso en talla, sobrepeso, obesidad, deficiencias de micronutrientes o hábitos alimentarios, las decisiones se toman sin el fundamento necesario, los recursos se asignan de forma ineficiente y las estrategias carecen de la precisión necesaria para impactar a los grupos más vulnerables.
La situación se agravó durante la pandemia de Covid-19. Un estudio multicéntrico realizado en 11 ciudades colombianas evidenció que el 71,6% de los hogares enfrentó inseguridad alimentaria en ese periodo: 31,6% leve, 26,0% moderada y 14,1% severa. Además, el 16,0% sufrió inseguridad hídrica1. De manera alarmante, el 64,3% de los hogares recurrió a estrategias de afrontamiento, siendo los más afectados los más pobres y vulnerables. Aunque se trata de datos parciales, reflejan con crudeza la profunda fragilidad nutricional del país en un momento crítico, y al mismo tiempo evidencian la ausencia de una radiografía nacional completa, debido al retraso en la ejecución de la ENSIN.
La postergación de la ENSIN (cuarta versión) compromete la soberanía estadística de Colombia. Un Estado sólido y autónomo en la formulación de políticas públicas necesita contar con datos propios, actualizados y desagregados. No hacerlo implica un rezago frente a estándares internacionales y regionales que ya han asumido la importancia de medir de forma continua el estado nutricional de sus poblaciones.
1 Celis J, Orjuela N, Lizarazo Net al. (2025). Efectos de la pandemia COVID-19 en la seguridad alimentaria del hogar: estudio multicéntrico en 11 ciudades colombianas. Revista de Salud Pública, 27(1), 1-11. https://doi.org/10.15446/rsap.v27n1.112272
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