En Colombia las balas que matan también son síntomas. El homicidio juvenil, lejos de ser solo un dato en las cifras de criminalidad, es la expresión final de una serie de fracasos sociales, familiares, escolares y comunitarios, entre otros. Es la historia de vidas que se escriben entre la exclusión y la rabia.
2 de julio de 2025
Franklin Escobar Córdoba | Psiquiatra forense y profesor titular de Psiquiatría de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL)share
En un estudio con 83 niños y adolescentes homicidas se evidenció que el 90 % de ellos vivieron violencia intrafamiliar grave. Foto: archivo Unimedios.
Hace unos años adelanté una investigación dura pero urgente: entender por qué algunos niños, niñas y adolescentes llegan al punto de matar. Allí se escucharon sus voces, se consultaron sus trayectorias y se identificaron los factores de riesgo para encontrar caminos de prevención. Aunque el resultado fue una tesis doctoral que combina métodos cuantitativos y cualitativos, el trabajo fue ante todo un grito de alerta que deberíamos escuchar como país.
En el estudio se analizaron 83 niños, niñas y adolescentes recluidos por homicidio en centros de reeducación de Bogotá, y se compararon con 83 jóvenes no homicidas de la misma edad, sexo y estrato socioeconómico, estudiantes de instituciones distritales. Se descubrió algo que debería quitarnos el sueño: los asesinos juveniles casi nunca nacen, sino que en general se hacen. Y se desarrollan en hogares disfuncionales, en entornos violentos, en centros educativos que los expulsan, en calles donde se enseña a sobrevivir con una navaja en el bolsillo, y en donde hay facilidad para el consumo de sustancias psicoactivas y disponibilidad de armas.
Aunque la mayoría de los adolescentes homicidas se forman en contextos sociales adversos, algunos presentan rasgos temperamentales severos que podrían relacionarse con factores genéticos o neurobiológicos. En estos casos, la intervención temprana es clave, aunque los tratamientos disponibles aún enfrentan grandes retos.
Las condiciones que multiplican el riesgo de convertirse en homicida juvenil incluyen: tener padres ausentes, vivir en pobreza extrema, repetir cursos escolares, pertenecer a pandillas o bandas, usar armas cortopunzantes o de fuego, consumir alcohol o sustancias, y tener trastornos de conducta no tratados, algunas de las cuales se podrían evitar si como sociedad fuéramos más protectores que punitivos.
Los datos son contundentes: en más del 90% de los casos estudiados había historia de violencia intrafamiliar grave. Muchos de estos niños, niñas y adolescentes habían sido víctimas antes de ser victimarios. Otros venían de familias en las que uno o ambos padres estaban presos o ausentes. Algunos presentaban marcas en el cuerpo: cicatrices, tatuajes, perforaciones. Marcas no solo físicas, sino psíquicas. Marcas de una vida en la que el afecto fue escaso, y el respeto por la vida aprendido tarde, o nunca.
También se encontró un elemento que muchas veces se pasa por alto: la calle. Muchos de estos jóvenes permanecían más tiempo afuera que en la casa, no porque prefirieran la esquina, sino porque la casa no les ofrecía nada mejor. En esos entornos, pertenecer a una pandilla o usar armas no solo da poder: da identidad.
Las organizaciones criminales instrumentalizan a estos jóvenes. Aprovechando que los menores de edad tienen un régimen penal especial y son considerados como inimputables hasta los 14 años, muchos grupos armados y redes delictivas los reclutan deliberadamente para ejecutar homicidios, sabiendo que recibirán sanciones más leves. Aunque la ley contempla medidas para evitar esta instrumentalización, en la práctica la impunidad estructural y la falta de seguimiento pospenitenciario facilitan la reincidencia y perpetúan el ciclo de violencia. No se trata solo de jóvenes que delinquen por cuenta propia: muchos son entrenados, adoctrinados y utilizados como herramientas desechables del crimen organizado.
Esta instrumentalización —que los convierte en víctimas y victimarios a la vez— exige un replanteamiento jurídico y ético: ¿estamos haciendo lo suficiente para protegerlos de ser usados como ejecutores impunes de violencia ajena, o seguimos permitiendo que la ley sea aprovechada por los verdaderos responsables que permanecen en las sombras?
Más prevención que represión
Quienes piensan que la cárcel es la solución deberían conocer los resultados del estudio: muchos de estos niños, niñas y adolescentes ya han pasado antes por centros de reeducación. Reinciden porque nadie ha intervenido sobre lo que realmente los empuja al crimen; porque la cárcel no repara la pobreza, el abandono ni los trastornos mentales, y además el país sigue tratando al homicidio juvenil como un tema de policía, cuando en realidad es un asunto de salud pública, de política educativa y de justicia social.
Muchos de los jóvenes infractores por homicidio pasaron previamente por centros de reeducación. Foto: archivo Unimedios.
En este estudio se utilizó la teoría general de la presión propuesta por el criminólogo estadounidense Robert Agnew, quien explica muy bien este fenómeno: cuando una persona —y más aún un joven— es sometida a presiones insoportables sin contar con recursos internos ni externos para enfrentarlas, la ira acumulada puede estallar en forma de violencia. No es una excusa, es una explicación, y estas, bien usadas, salvan vidas.
Agnew explica que las personas —especialmente los jóvenes— pueden recurrir al delito cuando enfrentan situaciones de alta presión emocional y no encuentran salidas adecuadas para manejarlas. Esa presión puede venir de tres fuentes principales: no lograr lo que desean (como estudiar o tener respeto), perder cosas importantes (como un ser querido o estabilidad familiar), y vivir experiencias negativas (como el maltrato o el rechazo). Estas tensiones generan emociones intensas como frustración, rabia o desesperanza, y si el joven no tiene apoyo, habilidades emocionales o alternativas sanas, puede recurrir a la violencia como una forma de liberar esa presión o “resolver” sus problemas.
No es que estos jóvenes sean inocentes, algunos cometieron crímenes graves, irreparables. Pero también es cierto que muchos fueron dejados solos en su camino hacia ese abismo. No hubo prevención, no hubo escucha, no hubo red de apoyo. Si seguimos mirando para otro lado, otros niños, niñas y adolescentes seguirán cayendo.
Como psiquiatra forense he escuchado muchas veces la misma historia contada con diferentes nombres. La de un joven que fue maltratado, expulsado del colegio, rechazado por su familia, expuesto al consumo de sustancias, a la violencia y a la indiferencia, hasta que un día alguien le puso un arma en la mano, y no dudó.
Lo que se debe hacer es invertir en prevención, no en represión; crear entornos protectores desde la primera infancia; reforzar la escuela como espacio de inclusión previniendo la deserción escolar y promoviendo el logro educativo; tratar con seriedad la salud mental de los niños, niñas y adolescentes; reducir el acceso a armas y sustancias psicoactivas; acompañar a las familias que están al borde del colapso fortaleciendo su estructura y funcionalidad; formar a los docentes, a los jueces, a los cuidadores en lectura de riesgos, para que los jóvenes tengan una razón para creer que su vida tiene valor; y desarrollar habilidades para la vida y estrategias no violentas de resolución de conflictos. Porque cuando un joven asesina a un ser humano, no solo pierde la víctima, perdemos todos. Se elimina la posibilidad de haber hecho algo antes, y cada vez perdemos un poco más de humanidad.
Abordar el homicidio juvenil
En Colombia la máxima condena para un adolescente es de 8 años de medidas de privación de la libertad. Foto: archivo Unimedios.
Vale mencionar que en Estados Unidos cuando un menor de edad comete un homicidio es común que se le realice una evaluación psiquiátrica forense para determinar su nivel de madurez, salud mental, capacidad para comprender la ilegalidad de sus actos y autodeterminarse según esa comprensión, y además su competencia mental para participar en un juicio. Esta evaluación es clave para que un juez decida si el joven debe ser procesado en el sistema juvenil —centrado en la rehabilitación— o transferido al sistema penal de adultos, donde enfrentaría penas más severas.
Además se analizan cuidadosamente factores como el diagnóstico de trastornos psiquiátricos, la historia de trauma o abuso, el coeficiente intelectual y la comprensión de las consecuencias de sus actos. La decisión de juzgar a un niño, niña o adolescente como adulto es controversial, ya que puede implicar cadena perpetua sin libertad condicional, algo que ha sido objeto de debate constitucional en la Corte Suprema de EE.UU.
En Colombia los niños, niñas y adolescentes que cometen homicidio —incluidos los llamados “sicarios”— son juzgados bajo un sistema penal especial para adolescentes que reconoce su condición de personas en desarrollo. Este sistema está regulado principalmente por la Ley 1098 de 2006 (Código de Infancia y Adolescencia), que establece principios como la protección integral, el interés superior del menor y el enfoque restaurativo, más que punitivo.
Para los adolescentes entre 14 y 18 años sí existe responsabilidad penal, pero las sanciones son diferentes a las de los adultos. En vez de prisión ordinaria pueden recibir medidas pedagógicas, terapéuticas o sancionatorias, como la privación de libertad en centros especializados, por un tiempo máximo de 8 años (en casos excepcionales como homicidio agravado o terrorismo). Ampliar ese periodo a 20 o 30 años requeriría una reforma constitucional que seguramente enfrentaría serios obstáculos jurídicos, ya que contravendría tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Colombia. La Corte ha reiterado que el castigo no puede sustituir el deber del Estado de educar, proteger y reintegrar al niño, niña y adolescente.
Colombia tiene la obligación ética y social de abordar con seriedad, evidencia y compromiso el fenómeno del homicidio juvenil. Cada joven salvado del crimen también es una vida salvada, una familia reparada y una sociedad que se reconstruye desde la dignidad y la esperanza.
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