Cada vez que un vehículo eléctrico arranca en las calles de Europa o Asia, en algún lugar de América del Sur una bomba comienza a extraer litio a través de la salmuera del subsuelo. Es una imagen que ilustra la paradoja de nuestros tiempos: para combatir el cambio climático estamos profundizando un modelo extractivista que afecta a los mismos territorios históricamente sacrificados.
avier Lastra Bravo | Doctor en Sociología y Antropología Cultural, miembro del Instituto de Sociología de la Leibniz Universität Hannovershare
La extracción de cada tonelada de litio requiere la evaporación de al menos 2.000 litros de agua. Foto: Rodrigo Arangua / AFP.
El litio, conocido como el “oro blanco del siglo XXI”, es un mineral clave para la fabricación de baterías, y su demanda se ha disparado: solo en 2024 creció un 30%, y todo indica que para 2030 se triplicará. Aunque se habla de energía limpia, la extracción de litio —y de otros minerales críticos como el cobalto o las tierras raras— tiene consecuencias sociales, ambientales y políticas que suelen quedar fuera del radar público.
El triángulo del litio: epicentro global, periferia social
Chile, Argentina y Bolivia concentran más del 60% de las reservas conocidas de litio del planeta. En el corazón del altiplano, los salares de Atacama, Uyuni y Hombre Muerto conforman el llamado “triángulo del litio sudamericano”. Estos ecosistemas únicos —hogar de flamencos, llamas y pueblos indígenas andinos— son hoy el escenario de una nueva fiebre extractiva que, bajo el discurso de la transición verde, reproduce viejas formas de colonialismo de recursos.
A diferencia de otros minerales, el litio de estos salares se encuentra disuelto en salmueras subterráneas. Para extraerlo, se bombean millones de litros de agua salada a la superficie y se depositan en grandes piscinas de evaporación. El proceso puede tardar entre 12 y 18 meses, y deja tras de sí un paisaje lunar, agua perdida y acuíferos degradados. Para obtener una tonelada de carbonato de litio se pueden requerir hasta 2 millones de litros de salmuera.
En este contexto, no es exagerado afirmar que la electrificación del transporte global descansa, en buena medida, sobre los cuerpos hídricos y territoriales del Cono Sur.
Chile, entre la nacionalización del litio y la autonomía indígena
Con más de 285.000 toneladas de litio producidas en 2024, hoy Chile es el segundo mayor productor mundial. El Gobierno del presidente Gabriel Boric presentó la Estrategia Nacional del Litio, que busca aumentar la participación estatal mediante alianzas público-privadas como la de Codelco con la empresa privada SQM en el Salar de Atacama.
Sin embargo, esta estrategia se ha enfrentado a un obstáculo clave: las comunidades indígenas. Las 18 comunidades del Consejo de Pueblos Atacameños exigen participación vinculante en las decisiones y garantías ambientales. Las protestas de 2023 y 2024 incluyeron bloqueos, denuncias por daños hídricos y demandas de cogobernanza sobre el territorio.
Para los pueblos lickanantay, el agua no es solo un recurso: es una entidad sagrada, fuente de vida, memoria y ritual. La expansión del litio, sin consulta previa ni respeto por esta cosmovisión, genera tensiones profundas. En Chile el debate gira en torno a la pregunta sobre si la transición energética se puede construir sin sacrificar la legitimidad social ni los derechos históricos de los pueblos originarios.
La complejidad chilena también radica en su legado institucional: durante la dictadura de Pinochet se declaró el litio como recurso estratégico, pero se otorgaron concesiones a privados como SQM y Albemarle que siguen vigentes. La actual estrategia de nacionalización no parte de cero, sino que debe navegar una maraña legal y empresarial heredada de un pasado autoritario y neoliberal.
Argentina: crecimiento acelerado, conflictos acumulados
Argentina ha optado por un camino liberal: las provincias controlan los recursos y otorgan concesiones a empresas extranjeras con escasa coordinación federal, lo que ha derivado en un auge acelerado de proyectos en Catamarca, Salta y Jujuy. Se espera que para fines de 2025 la producción se triplique, pasando de 40.000 a 120.000 toneladas.
Pero este crecimiento ha generado conflictos. En abril de 2024 un tribunal suspendió nuevos permisos en el salar del Hombre Muerto por ausencia de estudios de impacto ambiental y falta de consulta a las comunidades indígenas. En paralelo, pueblos kollas y atacamas se han movilizado contra reformas constitucionales en Jujuy que facilitan la expropiación de tierras para actividades extractivas.
El “triángulo del litio”, localizado en América Latina, concentra la mayor reserva de litio del mundo. Foto: Martin Bernetti, Martin Silva, Aizar Raldes / AFP.
El discurso dominante —que presenta al país como la “Arabia Saudí del litio”— convive con una realidad de litigios, protestas y fragmentación institucional. La falta de una política nacional del litio refuerza una competencia entre provincias que debilita la capacidad del Estado para regular impactos, redistribuir beneficios o exigir tecnologías menos contaminantes.
La situación también pone en evidencia una tensión estructural: mientras el litio podría ser la base de una nueva industrialización, su explotación actual reproduce una matriz extractivista que exporta recursos sin generar eslabonamientos locales ni empleo de calidad. El riesgo es consolidar un modelo de enclave con nuevos actores, pero las mismas lógicas.
Bolivia: soberanía declarada, dependencia persistente
Bolivia posee las mayores reservas de litio del mundo (más de 21 millones de toneladas), pero su producción aún es incipiente. El Estado controla el recurso a través de la empresa pública YLB y ha firmado acuerdos con consorcios chinos y rusos para implementar tecnologías de extracción directa (DLE), que prometen reducir el uso de agua.
Sin embargo, estos convenios han sido objeto de controversia. En noviembre de 2024 un tribunal paralizó los contratos por falta de consulta a las comunidades y por opacidad en el proceso. Los ayllus quechuas y aimaras de Potosí exigen regalías directas, mecanismos de fiscalización y fondos de remediación ambiental.
El caso boliviano pone de relieve una paradoja típica del Sur Global: a pesar del control estatal, el desarrollo de la cadena de valor depende de tecnología, financiamiento y mercados del Norte Global. La soberanía declarada no siempre se traduce en soberanía efectiva, especialmente si las comunidades locales no forman parte activa de las decisiones.
Un ecosistema compartido, un futuro en disputa
Cabe mencionar que los salares del triángulo del litio no son compartimentos estancos, sino que conforman una cuenca hídrica interconectada que trasciende fronteras nacionales. Estudios hidrológicos han detectado descensos preocupantes en pozos comunitarios —hasta 1,5m por año—, y ya se observa migración de flamencos, desaparición de vegas altoandinas y aumento del conflicto por el agua.
En este sentido, la tecnología de extracción directa (DLE), que promete menor evaporación, aún no está probada a gran escala y genera nuevas incertidumbres: requiere químicos, consume energía y puede afectar la salmuera residual. Las soluciones tecnológicas por sí solas no resuelven el problema si no van acompañadas de regulación, monitoreo independiente y control social.
Una transición justa global requiere reglas nuevas
La electrificación del transporte es una necesidad climática, pero no puede reproducir las injusticias del pasado. Para que la transición energética sea verdaderamente justa es imprescindible construir un nuevo marco de reglas y principios. Esto comienza por reconocer los derechos de las comunidades indígenas, quienes deben participar activamente en las decisiones sobre sus territorios mediante consultas vinculantes que respeten el Convenio 169 de la OIT. Sin embargo, no basta con informarles: se trata de garantizar su autonomía y capacidad de veto cuando estén en juego sus formas de vida.
China, Estados Unidos, Alemania, Canadá, Francia y Hungría lideran el mercado de las baterías de iones de litio. Foto: archivo Unimedios.
Así mismo, los beneficios económicos generados por el litio se deben distribuir de manera más equitativa. Las regalías progresivas y los fondos de remediación ambiental deben incluir mecanismos de participación directa de las comunidades, de modo que los ingresos no se queden solo en manos de empresas transnacionales o elites estatales.
Por otra parte, es clave que los países productores de litio no se limiten a exportar materia prima. La industrialización local —incluida la fabricación de baterías y componentes tecnológicos— es una condición necesaria para salir del ciclo de dependencia extractivista y construir una economía más soberana y sostenible.
También es urgente implementar mecanismos de monitoreo ambiental gestionados desde las comunidades, que integren saberes técnicos y conocimientos ancestrales. Solo así se puede asegurar una supervisión efectiva, legítima y continua de los impactos.
Por último, una transición justa no puede eludir la necesidad de reducir la demanda global de materiales. Promover el reciclaje de baterías, alargar la vida útil de los dispositivos y fortalecer el transporte colectivo son medidas esenciales para frenar el crecimiento exponencial de la extracción.
Epílogo: del desierto al volante
La escena es clara: mientras en Berlín se celebran récords de ventas de coches eléctricos, en los Andes se multiplican los conflictos por el agua. La transición energética es necesaria, pero no se puede hacer a costa de los mismos de siempre. Cambiar el motor no es suficiente: es imprescindible cambiar el modelo que lo alimenta.
Solo si la justicia ambiental y social se vuelve parte del corazón de la transición, el triángulo del litio dejará de ser una nueva zona de sacrificio y se podrá convertir en un ejemplo de futuro compartido y sostenido en la dignidad de sus pueblos y territorios.
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