La pesca artesanal, la agricultura y la recolección sostenible han garantizado el sustento vital de las comunidades del Pacífico colombiano sin afectar su entorno natural. En esta región elegir qué y cómo se come representa una expresión de autonomía territorial, identidad cultural y resistencia histórica para las familias indígenas, afrodescendientes y campesinas, pero estas formas de vida se ven hoy profundamente amenazadas por el conflicto armado y los modelos extractivos que profundizan la inseguridad alimentaria.
Sofía Ramos Díaz | Investigadora del Grupo de Investigación en Desarrollo Territorial, Paz y Posconflicto (Gidetepp) de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL)
Laura Katherinne Barrera Malambo | Investigadora del Grupo de Investigación en Desarrollo Territorial, Paz y Posconflicto (Gidetepp) de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL)
María Alejandra Alfonso Sarmiento | Investigadora del Grupo de Investigación en Desarrollo Territorial, Paz y Posconflicto (Gidetepp) de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL)share
En Chocó la inseguridad alimentaria pasó del 18,9 % en 2023 al 36,3 % en 2024, según el DANE y la FAO. Foto: archivo Unimedios.
El Pacífico colombiano es una franja que se extiende de norte a sur entre las fronteras con Panamá y Ecuador; está constituido por 42 municipios dentro de los departamentos de Antioquia, Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, con una población aproximada de 1,5 millones de habitantes, y una fuerte presencia de economías extractivas legales e ilegales como la minería, la extracción maderera, los cultivos de palma y los cultivos de coca. Por ejemplo, Chocó ha sido una región marcada por un conflicto relacionado con la actividad minera que, aunque no se originó por la explotación de oro, esta sí ha servido de soporte económico para actores armados ilegales (Cantor, 2021).
El 40% de las zonas de expansión de cultivos de coca se ubican en el Pacífico, solo Cauca y Nariño concentran más de 30.000ha sembradas con este cultivo (UNODC, 2023). Esta región ha sido una zona estratégica para los diferentes grupos armados que se han disputado el territorio con enfrentamientos y paros armados, y que, junto con la presencia de economías extractivas, transforman las dinámicas de producción, socialización y alimentación de las comunidades y fragmentan la transmisión de conocimientos esenciales para la soberanía alimentaria (Carrillo, 2014; Murcia, 2018).
Para los pueblos étnicos del Pacífico el territorio no es solo un espacio geográfico, sino un ser vivo, fuente de vida y espiritualidad, pero la expansión de la minería ilegal, los cultivos ilícitos y los monocultivos industriales han contaminado fuentes hídricas, degradado suelos fértiles y desplazado a las comunidades de sus territorios. Estas dinámicas afectan no solo la seguridad alimentaria, sino también la posibilidad misma de preservar prácticas culturales que sostienen el “buen vivir” (Osorio y Clavijo, 2022).
Con un 57,4%, el Pacífico presenta uno de los porcentajes más altos de inseguridad alimentaria en el hogar, según la Encuesta Nacional de Situación Nutricional (ENSIN) 2015. Esta es mayor en los hogares de áreas rurales, con jefatura femenina y con pertenencia étnica (indígena o afrodescendiente) (ICBF, 2015). Esto es muy importante si se tiene en cuenta que el 80% de la población del Pacífico es negra, el 12% indígena y el 8% mestiza (Comisión de la Verdad, 2022).
Agravando esta situación, el conflicto armado ha impedido el acceso y la disponibilidad plena de alimentos, lo que impacta directamente la diversificación y el fortalecimiento de cultivos, alimentos, transporte, distribución y autoconsumo. La ENSIN señala que un entorno pacífico y estable es una condición básica para la seguridad alimentaria, y que la inseguridad alimentaria aumenta las posibilidades de regresar a un conflicto armado (ICBF, 2015).
En este contexto, más que de seguridad alimentaria, es importante hablar de soberanía alimentaria, definida por la Vía Campesina en su Declaración de Nyéléni (2007) como “el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica, y su derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo”.
Esta definición trasciende la capacidad de asegurar acceso a alimentos, pues implica rediseñar, radical y democráticamente, los sistemas alimentarios; además pone de relieve el derecho a decidir qué y cómo se come, lo que remite a todo un entramado sociocultural que se teje alrededor del comer, y también el derecho a controlar las semillas, la tierra, el agua y la producción de alimentos de manera local, autónoma y culturalmente apropiada en armonía con el medioambiente (Micarelli, 2020), lo que implica crear sistemas agroecológicos con una lógica acorde con los ciclos y necesidades de las personas, los bosques, valles, ríos y mares.
Sin embargo, en regiones del Pacífico caucano, con una tasa de inseguridad alimentaria por encima del promedio nacional, muchas iniciativas agroecológicas siguen sin financiamiento ni titulación colectiva de tierras, lo cual es vital para la autonomía alimentaria (Penagos y Ramírez, 2024). Ante esto no hay una respuesta estatal efectiva, ya que en ocasiones las políticas públicas imponen lógicas ajenas a las cosmovisiones étnicas, perpetuando así formas de exclusión y despojo.
Soberanía desde la tierra y la raíz
En esa misma línea se ha observado que la inclusión transversal del enfoque de género y el capítulo étnico en el Acuerdo Final de Paz firmado con las FARC-EP en 2016 ha perdido importancia durante su implementación. La intersección entre el enfoque diferencial de género y el Capítulo Étnico, particularmente, a través de la salvaguarda de género, mujer, familia y generación es uno de los puntos más atrasados en la implementación de dicho Capítulo (Fundación Ideas para la Paz, 2023).
Con predios y huertas colectivas las mujeres del Cauca defienden la soberanía alimentaria de sus regiones. Foto: archivo Unimedios.
Sin embargo esta todavía es una labor inacabada, a pesar de que estos enfoques significaron una ventana de oportunidad para tratar temas de la agenda pendientes como la contribución y la afectación diferencial de los pueblos étnicos durante el conflicto armado y la visibilización del papel de la mujer no solo como víctima diferenciada, sino además como protagonista activa, constructora de paz y sujeta de derechos (Gómez etal., 2019).
Algunos estudios señalan que la implementación de mecanismos como los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y la Reforma Rural Integral han sido fragmentados por las dificultades en la recopilación de datos, la asignación de recursos y la superación de barreras estructurales, factores que afectan de manera desproporcionada a las mujeres rurales e indígenas barreras estructurales tales como: la inseguridad jurídica en la tenencia de la tierra y vivienda, y en el acceso a recursos productivos y servicios, que afectan de manera desproporcionada a las mujeres rurales e indígenas, pues las mujeres han tenido históricamente escaso acceso formal a la propiedad debido a enfoques familistas y patriarcales en la política rural, así como prácticas de acceso a bienes y propiedades a través de compañeros del sexo masculino (Botero y Serrano, 2021), demostrando que la estrategia para monitorear con enfoque de género no es clara, especialmente en su dimensión territorial (Secretaría Técnica del Componente Internacional de Verificación, 2022). Por ello se puede argumentar que “no hay transformación posible si no se transforma la vida de las mujeres rurales” (Botero y Serrano, 2021, p. 178).
Ante esta situación, las mujeres han tomado la iniciativa de autogestionar su propio cambio en función de sus intereses y demandas, como ha sucedido en el Cauca (Bonilla, 2024; Ruiz y Postigo 2023). La soberanía alimentaria se muestra como una alternativa política y colectiva para las mujeres de estos territorios, que busca reapropiar y resignificar el cuidado, el territorio y la alimentación, constituyendo así el derecho a producir y consumir los alimentos propios.
Un ejemplo son las prácticas de soberanía alimentaria lideradas por mujeres campesinas en Inzá (Cauca) a través del Comité de Mujeres de la Asociación Campesina de Inzá Tierradentro (ACIT), en donde se han realizado compras colectivas de predios para usos comunes (conservación, producción, formación), se fomenta el cuidado de nacimientos de agua y recursos naturales, así como la conservación y reproducción de semillas nativas y criollas (González y Pachón, 2022). Además, dentro de la ACIT se gestionan las huertas como espacios de producción para autoconsumo, que constituyen espacios de libertad y encuentro para las mujeres. Así, las parcelas familiares y colectivas se usan para la producción y comercialización local, con incidencia de las mujeres en las decisiones, de forma que el trabajo en junta refuerza el bienestar colectivo y el trabajo político.
Lo anterior se debe tratar diferencialmente, ya que para las mujeres implica una serie de decisiones cotidianas, como qué cocinar, cuándo, con qué productos y cómo obtener el dinero para la alimentación familiar (Altamirano etal., 2013). Con ello, las mujeres y sus cargas del cuidado se relacionan con la reproducción de la vida; así pues, “sin soberanía del cuerpo no hay soberanía alimentaria” (Carrión, 2013, p. 69), ya que el cuerpo es el primer territorio y trabajar por su soberanía implica que ellas puedan decidir sus proyectos de vida con libertad y autonomía. A su vez, los alimentos no aparecen de la nada, ni se hacen solos, sino que “nacen del cuerpo, de esa unidad integral de inteligencias múltiples, como dice Vandana Shiva, con capacidad de crear, transformar, nutrir, generar la riqueza concreta que es la vida” (Carrión, 2013, p. 69).
Por ende, mediante prácticas conscientes con el entorno –como la cosecha, siembra, semilla, y proveyendo alimentación a sus familias–, las mujeres rurales, indígenas y campesinas se vuelven las cuidadoras de sus territorios y entrelazan este cuidado con el de sus cuerpos (González y Pachón, 2022). Estas acciones implican ir en contra de la cultura patriarcal que subordina el cuerpo de las mujeres (Altamirano etal., 2013), y lo hacen desde sus roles de madres, cuidadoras y lideresas, priorizando sus decisiones en proyectos productivos y políticos.
El Pacífico colombiano, como una región mega-biodiversa, tanto por las comunidades que la habitan como por la diversidad ambiental y climática (Osorio y Clavijo, 2022), constituye un territorio donde la comida sabe a historia, a espiritualidad y a resistencia. Por eso la soberanía alimentaria es un eje fundamental para construir una paz estable y duradera, con justicia ambiental, equidad de género, étnica, y de respeto por los derechos colectivos, en donde el cuidado por el territorio se erige como un valor que refleja las conexiones intrínsecas de las comunidades.
En consecuencia, las políticas públicas descontextualizadas y los proyectos de economías extractivas generan conflictos socioambientales sobre el acceso y control de los recursos. Frente a estos, las comunidades campesinas y étnicas han desarrollado alternativas de uso, ocupación, producción, reproducción, defensa y cuidado de la vida, construyendo una territorialidad que emerge como una experiencia de resistencia y defensa frente a la reconfiguración neoliberal de los territorios (Díaz y Pachón, 2024). Así, para lograr una paz duradera, estable, y una verdadera soberanía alimentaria, es imperativo que las políticas reconozcan y fortalezcan las capacidades y formas de vida propias de estas comunidades, basadas en el respeto por el territorio y sus tradiciones.
periodico.unal.edu.co