Escondidas en senderos cercanos a las casas o acechando los pasos cotidianos de las comunidades afrodescendientes e indígenas, las minas antipersonales siguen siendo el pan de cada día en la perla del Pacífico. En esa frontera caliente entre Colombia y Ecuador, la paz firmada con las FARC en 2016 no logró detener la siembra silenciosa de explosivos; en cambio, nuevas estructuras armadas ocuparon el vacío y convirtieron la tierra en una trampa para niños y campesinos en lugares como Playa del Mira, el Centro Educativo del corregimiento rural Vallenato, las zonas del suroeste de la Aduana, y una frontera con Ecuador denominada como “zona de Tranquería”.
Juan Esteban Correa Rodríguez | Periodista Unimedios Bogotáshare
En Tumaco las minas antipersonales siguen siendo un riesgo para los habitantes. Foto: Raúl Arboleda / AFP.
“Desde 2005, solo el 24% de las 116 zonas de Tumaco en las que se ha reportado algún accidente por minas antipersonales ha tenido alguna acción de desminado por parte de fuerzas militares”, asegura el geógrafo Carlos Andrés Puentes Peñuela, investigador de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), quien decidió enfrentar esta realidad con una herramienta menos ruidosa que las armas, pero igual de poderosa: la Ciencia Geoespacial.
En su tesis para la Especialización en Análisis Espacial de la Facultad de Ciencias Humanas de la UNAL, dirigida por el profesor Luis Gabriel Salas, aplicó metodologías avanzadas de análisis del territorio a lo largo del tiempo para entender cuándo, dónde y por qué se siembran minas en un territorio que cuenta con más de 268.000 habitantes y que vive el terror latente de la guerra, pues entre 2005 y 2023 ha registrado más de 1.000 eventos relacionados con minas antipersonales. Como resultado se tiene una herramienta, basada en datos y mapas, que salvaría vidas si se convierte en guía para el desminado humanitario.
El estudio se centró en el Consejo Comunitario del Alto Mira y Frontera, una zona con cerca de 24.000 hectáreas ubicada entre el río Mataje –en la frontera con Ecuador– y el río Mira –en el suroeste colombiano–, que comprende 43 veredas y unas 1.700 familias. Allí la violencia ha sido especialmente cruenta y persistente: según cifras oficiales, entre 2005 y 2023 en esta zona ocurrieron 761 de los más de 1.000 eventos por minas registrados en el municipio de Tumaco.
Sin embargo estas cifras serían más elevadas, pues muchos eventos no se reportan por miedo o por la normalización de la tragedia, ya que los habitantes han aprendido a vivir con las minas como una parte más del paisaje. Pero, más allá del conteo, la investigación revela patrones ocultos en los que se evidencia que las minas no se ubican al azar, sino cerca de infraestructuras como caminos, puentes y pasos fronterizos, y en zonas de interés para grupos armados ilegales que buscan controlar el tránsito de mercancías, cultivos y personas.
Mapa elaborado en la investigación que muestra la relación entre las minas y la infraestructura vial. Foto: Carlos Andrés Puentes Peñuela, especialista en Análisis Espacial de la UNAL.
“En el estudio detectamos 8 zonas con alta concentración de minas y 5 cuadrantes de amenaza máxima, ubicados a menudo cerca de viviendas y caminos rurales frecuentados por pobladores. Identificamos especialmente una relación entre las vías de acceso al territorio y las minas”, explica el investigador Puentes.
Tumaco, uno de los territorios con mayor riqueza cultural y biodiversidad del país, es una zona muy atractiva para los grupos armados porque sirve como corredor estratégico entre Colombia y Ecuador, facilitando el tránsito de armas, drogas y personas. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en 2023 Tumaco fue el municipio con mayor extensión de cultivos de coca en todo el país, con más de 20.000 hectáreas sembradas. Además, su geografía selvática, la débil presencia estatal y su salida al mar Pacífico la convierten en un punto ideal para el tráfico transnacional. Por eso, para las estructuras ilegales controlar este territorio reviste un interés no solo económico, sino también militar y político.
Entre los principales grupos que han azotado esta zona y que serían los responsables del minado están las disidencias de las antiguas FARC-EP, como el Frente Oliver Sinisterra. Actualmente hay 2 o 3 grandes grupos, denominados como la Coordinadora Guerrillera del Pacífico y el Bloque Comando Jacobo Arenas, además de las organizaciones vinculadas a la antigua Segunda Marquetalia.
En 2021 el profesor Salas señaló en un artículo para Periódico UNAL que, tras la firma del Acuerdo de Paz en 2016, Tumaco se convirtió en epicentro de una violencia estratégica y territorial intensificada, en donde los grupos armados disidentes aprovecharon el vacío dejado por las FARC para desatar un recrudecimiento de la violencia, con el homicidio de líderes sociales, la ocupación militar de zonas cocaleras y la minería ilegal. Este fenómeno no fue casual ni aleatorio, sino que responde a una disputa consciente por el control de las rutas de coca y los recursos naturales para consolidar poder local y regional.
Minas alrededor de las principales vías de Tumaco
El experto Puentes encontró que las minas están ubicadas, en promedio, a 81,7m de las vías principales del territorio, y que desde 2005 el 50% de las explosiones han ocurrido a solo 37,7m de alguna infraestructura vial. Así mismo, entre 2017 y 2023 el 90% de los eventos registrados se localizaron a menos de 205m de una vía o sendero transitado diariamente por la población.
Las minas también están cerca a escuelas y casas. Foto: archivo Unimedios.
Los puntos con mayor riesgo para la población son: la Playa del Mira, el Centro Educativo Vallenato, las zonas al suroeste de la Aduana, y una frontera con Ecuador que se denomina la Tranquería.
Uno de los hallazgos que más llama la atención es que la presencia de minas no está asociada directamente con los cultivos de coca, como muchas veces han creído los entes gubernamentales; de hecho, hay zonas con alta densidad de cultivos y baja incidencia de minas, y viceversa.
“El factor determinante no es el cultivo de coca, sino el control territorial, pues actores armados usan las minas como instrumento de disuasión, vigilancia o bloqueo de rutas estratégicas. Están sembradas para proteger intereses ilegales, pero también para limitar el acceso del Estado y otras organizaciones, y las vías se convierten en el principal almacén de estos explosivos”, afirma el especialista Puentes.
Los cultivos de coca no son el principal motivo por el que se ponen las minas. Foto: Raúl Arboleda / AFP.
Para llegar a esas conclusiones, el investigador recopiló y cruzó distintos tipos de información sobre el territorio de Tumaco, usando datos tanto de la Dirección Descontamina Colombia (despacho de la Alta Consejería Presidencial para el Posconflicto), que registra accidentes y hallazgos de minas, como de los mapas del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), del DANE y de la plataforma OpenStreetMap, con los que identificó caminos, viviendas, veredas y zonas rurales.
Con toda esta información, dividió la zona en cuadrantes pequeños (de 6 hectáreas) para analizarla en detalle, y luego aplicó el índice de Moran Local, una herramienta estadística que permite detectar las concentraciones de minas en ciertos puntos del mapa, comparando puntos peligrosos con la ubicación de casas, vías o cultivos, para entender por qué las minas están sembradas justo allí y qué tan cerca están de la población civil.
Otro aspecto preocupante es que en varias de las zonas más peligrosas no se ha hecho ninguna intervención de desminado humanitario, es decir que hay comunidades viviendo en terrenos contaminados sin que nadie haya llegado a limpiar ni a advertir. Según el estudio, esto ocurre porque las prioridades de desminado se han definido a partir de las necesidades de las operaciones militares en la zona y no por la entrega de áreas libres de minas para la comunidad, pues hasta ahora no se existía un estudio con tanto detalle acerca de dónde se han concentrado las minas antipersonales en el país, y sus principales zonas de riesgo.
“Con este enfoque metodológico de análisis y estadística espacial podríamos priorizar cuadrantes específicos, focalizar recursos y reducir riesgos con mayor eficiencia”, indica el investigador Puentes.
Descontaminar la tierra del miedo
La investigación no solo aporta un diagnóstico, sino también una metodología replicable en otros municipios del país con problemas similares como Vista Hermosa (Meta), Tame (Arauca) y Tarazá (Antioquia), entre otros. Además propone que el desminado no se haga desde escritorios en Bogotá, sino con base en evidencias del terreno, cruzadas con herramientas geográficas y participación comunitaria. Como lo recuerda el investigador, “no se trata solo de limpiar tierras, sino de recuperar la confianza en el territorio y garantizar que quienes habitan estos suelos puedan caminar sin miedo”.
La propuesta también abre una puerta para que las comunidades participen activamente en el mapeo y la vigilancia de su propio entorno, en zonas donde el Estado rara vez hace presencia sostenida. El conocimiento local es vital para identificar zonas de riesgo, movimientos sospechosos o cambios en los patrones de uso del suelo que puedan delatar la presencia de nuevos artefactos explosivos. Quizá la combinación entre el saber local y la tecnología sea una de las vías más poderosas para avanzar hacia una verdadera paz territorial, aunque es difícil porque las personas prefieren no involucrarse para no ver comprometida su integridad y seguridad.
La investigación ayuda a generar alertas para tener soluciones en el territorio. Foto: María Fernanda Londoño, Unimedios.
El trabajo resalta la urgencia de establecer una política de desminado con enfoque diferencial, ya que en Tumaco la mayoría de las zonas afectadas están habitadas por comunidades afrodescendientes, campesinas e indígenas históricamente marginadas por el Estado.
“El desminado no puede ser solo una operación técnica, sino que también debe ser un acto de reparación, de reconocimiento de derechos y de restitución del vínculo entre la gente y su tierra”, indica el experto Puentes.
Además, la integración de estos estudios al diseño de política pública permite abrir nuevas líneas de articulación entre universidades, gobiernos locales y organismos internacionales de derechos humanos. Esta investigación va más allá de elaborar mapas: construye argumentos que desnudan las fallas de un Estado que no ha llegado a proteger a sus ciudadanos, o lo ha hecho demasiado tarde. Si esta cartografía se convierte en herramienta oficial, Tumaco estaría a la vanguardia de un modelo de seguridad basado en evidencia y justicia espacial.
Así mismo, es importante reconocer el impacto emocional que viven las comunidades. La amenaza constante de pisar una mina genera un estado de ansiedad colectiva que deteriora la salud mental y fractura los lazos sociales.
¿Cuántos recursos se invierten en comprar armamento, frente a los que se destinan a salvar vidas en territorios afectados por las minas? Este trabajo nos recuerda que la tecnología más poderosa no es la que destruye, sino la que detecta, previene y protege. Y que las cifras, bien analizadas, pueden ser más contundentes que una declaración política; en este caso, Tumaco ya habló, ahora el país tiene que escuchar.
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