Mari Navas
El Tratado de Alta Mar (BBNJ por sus siglas en inglés) afronta la cuenta atrás para su entrada en vigor después de que lo hayan ratificado los 60 países necesarios para que se convierta en ley internacional entre llamadas a los Estados a prepararse para la implementación y a conseguir «una aplicación universal».
Tras el depósito de los instrumentos de ratificación por parte de cuatro nuevos países esta semana en las Naciones Unidas (Sri Lanka, San Vicente y las Granadinas, Sierra Leona y Marruecos), el Tratado de Alta Mar ha alcanzado el hito de las 60 ratificaciones necesarias para su entrada en vigor.
Dos décadas de discusiones, cinco años de negociaciones y más de dos ejercicios de ratificaciones ha necesitado el Tratado sobre Diversidad Biológica Marina en áreas fuera de la Jurisdicción Nacional -también conocido como Tratado de Alta Mar- para estar cerca de convertirse en ley internacional.
Tan solo faltaba la adhesión de tres países más para llegar a los 60 indispensables para que comience una cuenta atrás de 120 días que terminará con la entrada en vigor del texto, después de que en el último año se haya experimentado un acelerón en la ratificación de las naciones.
Para Vera Coelho, vicepresidenta adjunta de Oceana en Europa: “Hoy celebramos la 60ª ratificación del Tratado de Alta Mar, lo que significa que este acuerdo internacional sin precedentes entrará en vigor a principios de 2026. Oceana insta a la Unión Europea, uno de los defensores del Tratado y del objetivo global de proteger el 30% de los mares para 2030, a que lidere la protección de los océanos integrando el objetivo “30×30” en la próxima Ley del Océano, y a que garantice que todas las áreas marinas protegidas estén libres de actividades destructivas, como la pesca de arrastre. Las palabras y las firmas sobre el papel no son suficientes”.
El Tratado de los Océanos regula las actividades humanas en alta mar, es decir, aquellas que están fuera de la jurisdicción de cada estado. Estas aguas internacionales comprenden dos tercios del océano (casi el 50 % de la superficie total del planeta) y son uno de los espacios más ricos en biodiversidad.
Entre otros, el texto sienta las bases para el establecimiento de zonas marinas protegidas, garantiza que se tenga en cuenta el impacto medioambiental de las actividades en aguas internacionales y facilita la cooperación entre países en tecnología marina. Todo, para conseguir que al menos el 30 % de los océanos estén protegidos para el año 2030.
Por ello, su entrada en vigor será «un hito histórico», en palabras a EFEVerde de la Coordinadora del Área de Gobernanza de SEO/BirdLife, Eva Hernández Jorge, que contribuirá a «abordar la triple crisis planetaria del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación».
Un tratado «lo más eficaz posible»
En este contexto, la directora de la organización Alianza de Alta Mar (High Seas Alliance en inglés), Rebecca Hubbard, ha destacado en declaraciones a los medios la importancia de avanzar hacia «una ratificación universal para que el tratado sea lo más eficaz posible».
«Necesitamos que los pequeños estados insulares en desarrollo, los países sin litoral, los países en desarrollo y desarrollados y las principales naciones marítimas también formen parte del tratado», ha afirmado Hubbard, quien ha insistido en la importancia de que los países se encuentren entre los 60 primeros en ratificarlo, ya que esto, en esencia, «les garantiza un puesto en la mesa de toma de decisiones».
Al mismo tiempo, Hubbard ha llamado a los Estados a comenzar a prepararse para la implementación de este trabajo, a través de la participación en el diseño y la creación de las instituciones y los procesos que, en su opinión, «serán fundamentales para el funcionamiento eficaz, eficiente y transparente del tratado».
Entre otros, el texto recoge la necesidad de establecer instituciones como la Secretaría, el Órgano Científico y Técnico, la COP o el Comité de Implementación y Cumplimiento.
Primeras áreas marinas para 2028
Junto a ella, la directora del programa internacional de océanos del Consejo para la Defensa de Recursos Naturales (NRDC, por sus siglas en inglés), Lisa Speer ha defendido la necesidad de que se den tres variables para que el tratado sea realmente efectivo: que sea ratificado universalmente, que se ponga en marcha el proceso de implementación y empezar «cuanto antes» las áreas protegidas.
«Creo que, si nos fijamos en el calendario, podríamos ver algunas de las primeras áreas protegidas adoptadas para finales de 2028 o en 2029. Y si nos preocupamos por que esto ocurra, podremos alcanzar el objetivo del 30 % para 2030. Ese es nuestro objetivo», ha señalado.
En este sentido, desde Greenpeace España, su responsable de Biodiversidad, Celia Ojeda, ha insistido a EFEVerde en la necesidad de «darse prisa» ya que, según los datos de la organización ecologista, menos del 1 % de los océanos están protegidos actualmente, por lo que para llegar al 30 %, habría que actuar sobre más de 12 millones de kilómetros cuadrados cada año.
«Es como proteger áreas más grandes que Canadá de aquí a 2030. O sea, es un reto. Y lo que nosotros desde Greenpeace defendemos es que este tratado es como una constitución de los océanos, defendiendo el derecho del océano a ser protegido», ha asegurado.
De Palaos a Sri Lanka, un goteo de ratificaciones
La República de Palaos fue la primera en ratificar el tratado el 22 de enero de 2024, un año en el que solo 15 países se sumaron al mismo. En 2025, en cambio, se han sumado 42 naciones más hasta llegar a Sri Lanka, que por el momento ha sido el último en adherirse, el pasado 16 de septiembre.
En el caso de España, se convirtió en el primer país de Europa en ratificarlo, el pasado 4 febrero. Después le han seguido otros como Francia, Chipre, Finlandia o la propia Unión Europea (UE), aunque la firma de Bruselas no computa en el recuento oficial para convertir al tratado en derecho internacional vinculante.
efeverde.com