El Chocó es una de las principales regiones de extracción de platino en América Latina y un actor clave en la producción aurífera de Colombia, pero la riqueza de sus recursos metálicos alimenta un ciclo de miseria e informalidad extrema. El control de esta economía recae cada vez más en redes de ilegalidad que sustituyen al Estado, profundizan la contaminación por mercurio –el 61,74 % de los mineros superan los límites tóxicos– y perpetúan una crisis social que la actual propuesta de Ley Minera está lejos de resolver.
Juan Sebastián Lara Rodríguez | Ph. D. en Estudios del Desarrollo, profesor adjunto de la Excelia Business School (Francia) e investigador del grupo de investigación en Gestión y Organizaciones (Griego), de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL)share
En Chocó los depósitos de oro y platino se ubican en ríos como San Juan, Atrato y Condoto, en donde casi toda la extracción se realiza manualmente. Foto: archivo Unimedios.
En 2024 se extrajeron formalmente (o declarando regalías) en el Chocó 8.322kg de oro (14,67% del total nacional), con una caída del 66% con respecto a 2012; y 745kg de platino (el 85,5% del país) (UPME, 2025). En precios de mercado internacional de metales preciosos, estas cantidades se acercaron a los 577 millones de dólares (World Gold Council, 2024; London Platinum and Palladium Market, 2024), o aproximadamente a 2,4 billones de pesos colombianos.
La economía chocoana depende marcadamente del sector público (32,8%), la agricultura (24%) y la minería (17,1%), actividades que representan el 73,9% del PIB, mientras que las profesionales (0,1%), la industria manufacturera (0,6%) y el sector de la información y las comunicaciones (0,7%) evidencian mínimo desarrollo productivo y tecnológico (DANE, 2025a). Como resultado, el 96,4% de la población rural del Chocó depende del trabajo informal.
En cuanto a los datos de la minería hay poca certeza, ya que desde 2011 no se realiza un censo; en ese entonces el Chocó reportaba 5.699 mineros en 527 minas (Ministerio de Minas y Energía, 2012). En 2024 la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó (Codechocó) formalizó 140 unidades con licencias ambientales temporales (Codechocó , 2025).
Así mismo, las ganancias de la extracción de metales preciosos no se reflejan en la calidad de vida de sus habitantes o en el desarrollo del territorio. Según el DANE, en 2024 el 64,4% de los hogares no contaban con una adecuada eliminación de excretas, el 71,1% no tenían acceso a agua mejorada, y el 68,6% registraba bajo logro educativo (DANE, 2025b). Así, con el 61,8%, el departamento registra la mayor incidencia de pobreza monetaria del país, duplicando el promedio nacional que es del 31%, mientras las zonas rurales del departamento alcanzan un desolador 67,4% de miseria (DANE, 2025c), evidenciando empeoramiento.
Tradición, informalidad e ilegalidad
La minería chocoana se realiza en medio de comunidades étnicas territorialmente arraigadas. Esta composición refleja la demografía departamental, en donde el 82,1% de la población es afrodescendiente y el 12,7% indígena, organizados territorialmente en 119 resguardos indígenas y 57 títulos colectivos de comunidades afrocolombianas (Lara et al., 2020). Los municipios con mayor actividad extractiva son Istmina, Condoto, Nóvita y Sipí, que históricamente han concentrado la producción aurífera y platinífera del departamento.
El platino se usa como metal precioso en joyas, componentes electrónicos y médicos, así como catalizador de emisiones tóxicas de diésel en vehículos. Foto: Alexander Manzyuk / Anadolu / Anadolu vía AFP.
Aquí la minería funciona mediante sistemas extractivos generalmente informales que se entrecruzan con la ilegalidad. Tanto las reglas formales como las leyes, los contratos o las políticas públicas definidas y reforzadas por el Estado para gobernar el sector pierden el pulso frente a las normas informales que se abrigan con las diversas tradiciones étnicas, reforzadas por pares u otros actores involucrados en la extracción que tienen poder en el territorio al concentrar información en redes de negocios, hábitos o costumbres.
En la minería del Chocó se usan tres sistemas extractivos: (i) de subsistencia: extracción con herramientas manuales para obtener y clasificar los metales principalmente en los ríos, (ii) semimecanizada: uso de maquinaria de baja potencia o artefactos artesanales, y (iii) mecanizada: empleo de maquinaria pesada y dragas. Por ser predominantemente informal, en general no se utilizan estudios de prospección geológica o ambiental; el origen de las minas es una intuición que se transmite en forma de rumor.
Independientemente de su escala, los sistemas de recuperación del oro y el platino usan despiadadamente el mercurio —metal pesado tóxico— como reactivo. La alta informalidad y la baja profesionalización impiden la adopción de métodos científicos y técnicos que eliminen el uso del mercurio. Esto ha generado que el 61,74% de los mineros chocoanos expuestos ambientalmente al mercurio superen los límites permisibles en sangre, mientras que en Quibdó el promedio de mercurio en cabello humano alcanzó 6,72ppm, evidenciando grave contaminación por amalgamación artesanal, según la Procuraduría General de la Nación (2024).
Entre el poder y la norma
Esta informalidad opera mediante redes de negocios que sustituyen las instituciones estatales: intermediarios y casas comercializadoras compran mineral sin documentación, otorgan préstamos usurarios, fijan precios arbitrariamente y evaden regalías. Así, emergen hábitos y costumbres que funcionan como reglas territoriales: el “derecho de tumbe” (prioridad del descubridor), los arrendamientos verbales de tierras colectivas y la resolución de conflictos en asambleas comunitarias. Estos actores concentran poder mediante monopolios de información sobre precios internacionales, rutas de comercialización y acceso a insumos como el mercurio.
En poblaciones chocoanas la contaminación por mercurio supera los límites permisibles. Foto: archivo Unimedios.
Las comunidades experimentan varias incertidumbres simultáneamente: jurídica (¿es legal mi actividad ancestral?), económica (precios fluctuantes e información asimétrica), ambiental (contaminación por mercurio sin fiscalización), territorial (títulos colectivos versus concesiones mineras otorgadas sin consulta previa) y de seguridad (presencia de actores armados ilegales). El Estado carece de capacidad de reforzamiento de hacer cumplir sus propias leyes, ya que no cumple con las condiciones para realizar intervenciones sociales, económicas e institucionales coordinadas, fortaleciendo el control ecológico, reduciendo pobreza y violencia, mejorando infraestructura y promoviendo gobernanza transparente y gestión del conflicto (Lara y Fritz, 2025).
En medio de la incerteza multidimensional en que se desarrolla la minería emergen actores ilegales para gobernarla. Y por causa de la ausencia de un reconocimiento de las autoridades estatales para ejercer el monopolio legítimo de la fuerza, la justicia y la tributación, dos tipos de entidades armadas ilegales sustituyen al Estado disputándose las riquezas territoriales: grupos criminales que persiguen el lucro mediante intimidación de habitantes, y grupos insurgentes que argumentan financiar su lucha política mediante la extracción.
El Ejército de Liberación Nacional (ELN) además de la ascendente presencia de grupos disidentes del acuerdo de paz de 2016 cobran “vacunas” de la producción para su financiación junto a otras acciones delictivas. Simultáneamente, estructuras como el Clan del Golfo y Águilas Negras controlan territorios con fines exclusivamente lucrativos, vinculando minería y narcotráfico en un circuito criminal integrado. El impacto humanitario es devastador: el Chocó registra tasas de homicidio persistentemente superiores al promedio nacional, mientras que los desplazamientos forzados y “paros armados” restringen la libertad mediante coacción permanente.
Estos grupos sustituyen funciones estatales esenciales: regulan quién extrae y dónde, administran justicia mediante tribunales informales, proveen seguridad mediante extorsión, coordinan logística de transporte y comercialización, y cobran impuestos de facto sobre la producción. Además, infiltran y ganan influencia en organismos comunitarios, incentivando el rechazo a cualquier intento de gobernanza estatal, perpetuando así la incerteza que caracteriza la minería chocoana.
La nueva ley minera
En la actualidad, el proyecto de “Ley minera para la transición energética justa, la reindustrialización nacional y la minería para la vida”, determina áreas territoriales para realizar minería, define minerales estratégicos, áreas de formalización, desarrollo minero y zonas mineras de comunidades étnicas. Aunque leyes anteriores ya contemplaban estas disposiciones, fracasaron en lograr que las comunidades las autorreforzaran y las hicieran cumplir. Además, gran parte de los municipios con manifestaciones de depósitos de platino presentan superposición con la zona de reserva forestal.
El proyecto no determina las instituciones de ciencia y tecnología capaces de dirigir la prospección geológica, regeneración ambiental, o la capacidad de gestión sostenible de recursos que puedan multiplicarse intergeneracionalmente. El texto tampoco define organismos para la formación de competencias técnicas en las llamadas áreas de formalización o comunidades étnicas.
Este proyecto no se coordina con políticas de industrialización o Conpes respecto a si los volúmenes extraídos se deben procesar mediante algún sector industrial o tecnológico planificado por el Estado (por ejemplo automotriz, férreo, aeroespacial, electrónica, TIC), lo cual hace que el uso del término “reindustrialización” en la ley resulte cuestionable e inconsistente.
Además, promueve la extracción artesanal, no la generación de modelos de negocios comunitarios que impulsen empresas y empleos formales basados principalmente en la cooperación de resguardos o grupos raizales (junto a otros actores), tendientes al desarrollo de tecnologías, procesos apropiados y endógenos diversificados producto del esfuerzo intelectual y práctico de sus integrantes (Fritz y Lara, 2022). Por último, no propone reestructuración de organizaciones centralizadas y descentralizadas dispuestas para el reforzamiento normativo.En síntesis, el proyecto no plantea un cambio estructural hacia una convergencia productiva, sino formalizar al hacer todo lo actualmente informal legal, perpetuando así la incerteza que caracteriza la extracción en el Chocó.
Referencias
Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó (Codechocó). (2025). Codechocó le apuesta a la formalización minera en el Chocó. Recuperado de https://codechoco.gov.co/publicaciones/3754/codechoco-le-apuesta-a-la-formalizacion-minera-en-el-choco/ (accessed 15 October 2025).
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