El pasado anuncio del secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, de una ofensiva militar contra el “narcoterrorismo” en América Latina —contextualizado en la política doméstica estadounidense por la confirmación de los vínculos personales de Donald Trump con el delincuente sexual Jeffrey Epstein—, como acción de política exterior está insertado en la larga duración de la vocación imperial de Estados Unidos, hoy expuesta al desnudo aunque condicionada por nuevos factores internos y externos.
24 de noviembre de 2025
Giovanni Molano Cruz | Profesor del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (Iepri) de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL)share
El Comando Sur de los Estados Unidos ha realizado más de 20 bombardeos en el mar Caribe y el océano Pacífico. Foto: Navy Petty Officer 3rd Class Tajh Payne.
Resulta insólito, cuando menos, que en Colombia el actual intervencionismo de Estados Unidos en el Caribe —con al menos 80 muertos y amparado en la narrativa de la guerra antidrogas— no sea considerado en sus formas y contenidos imperiales, sino que, más bien, la tendencia sea entenderlo como reflejo de la personalidad del actual ocupante de la Casa Blanca o como un retorno a pasadas relaciones interamericanas.
Ciertamente, la agresividad de la política latinoamericana del gobierno de Donald Trump tiene mucho de su comportamiento transgresor y pendenciero, y remite a la Doctrina Monroe y a las injerencias del siglo XX. Pero, visto desde los fundamentos y la trayectoria de la acción externa estadounidense, el intervencionismo de Trump en América Latina y el Caribe es la actualización sin ambages de la vocación imperial de Estados Unidos.
Los principios de los Padres Fundadores
En el siglo XVIII, la proyección externa de Estados Unidos se definió según la incorporación de territorios, el dominio de rutas marítimas comerciales y la construcción de un orden mundial y regional favorables a sus intereses. George Washington, Thomas Jefferson, Alexander Hamilton y John Jay usaron la palabra “imperio” con distintos matices, pero juntos delinearon la matriz fundacional de un poder continental con intenciones hegemónicas.
John Trumbull (1818), La Declaración de Independencia, 4 de julio de 1776. Óleo sobre lienzo, 30,48cm x 45,72cm (Rotonda, Capitolio de los Estados Unidos).
La fórmula “imperio de la libertad”, empleada por Thomas Jefferson durante los años 1780, justificó extender la libertad mediante la expansión territorial. No se trataba del colonialismo europeo, sino de algo nuevo: la expansión “incorporativa” hacia el oeste, forjando un Estado continental. Cuando en 1787 John Jay afirmó que “la Providencia había entregado un país unido a un pueblo unido” ancló el ordenamiento del entorno propio y ajeno a una misión divina.
Un año después, Alexander Hamilton concibió un imperio económico y naval sostenido por instituciones federales republicanas y una base manufacturera “para conectar el Viejo y el Nuevo Mundo”. Fue el cimiento de una política hacia el Atlántico para establecer condiciones de comercio y seguridad. En 1793, la Proclamación de Neutralidad de George Washington evitó a la joven república implicarse en guerras europeas, pero sobre todo consagró una autonomía estratégica para decidir unilateralmente el cómo y el cuándo de la acción externa, eje de cualquier política imperial.
La práctica de la expansión
Hacia finales del siglo XVIII el Caribe fue escenario de la primigenia proyección de control marítino para defender rutas que sostenían la balanza comercial estadounidense. Ante la Revolución haitiana (1791–1804), con Washington, Jefferson y John Adams, Estados Unidos aprendió a combinar sanciones, acuerdos y embargos.
En 1823, el discurso del presidente James Monroe —“América para los americanos”—, apuntando a contener cualquier intervención europea, creó para Estados Unidos un principio de supremacía sobre el “hemisferio occidental”. En 1845, el ejecutivo y el legislativo promovieron la anexión de Texas y la guerra les permitió apropiarse de California, Arizona, Nevada, Utah, Nuevo México y Colorado, y en 1898 de Puerto Rico. Cuba quedó regulada por la Enmienda Platt de 1901, que autorizaba futuras intervenciones y legalizó el “arriendo” de Guantánamo para una base naval. La incorporación de Hawái y Guam fundó la estrategia comercial y militar en el Pacífico, donde 8 años antes se había iniciado la política de “puertas abiertas” para comerciar con China.
Asegurado el Canal, vinieron ocupaciones militares en Cuba (1906-1909 y 1917-1922), República Dominicana (1916-1924) y Haití (1915-1934) con el propósito explícito de defender intereses políticos y financieros y controlar rutas, puertos y aduanas. En la década de 1930, el otro Roosevelt desplegó una política latinoamericana de “buena vecindad”, pero el Canal no pasó a manos panameñas y Puerto Rico continuó anexado. El fin de la Segunda Guerra Mundial y el uso de la bomba atómica catapultaron la presencia de Estados Unidos en Asia y su trascendencia mundial como líder de naciones democráticas ante los desafíos globales de la Unión Soviética.
Del anticomunismo a la guerra contra las drogas
Durante el mundo bipolar del enfrentamiento Este-Oeste (1945-1991), el objetivo estadounidense fue bloquear la influencia soviética en África, Asia y América Latina y el Caribe, en donde la consigna consistió en respaldar “la guerra contra el enemigo interno” ya fuera con golpes de Estado, el apoyo a cruentas dictaduras o feroces campañas anticomunistas.
Desde Guatemala (1954), pasando por Brasil (1964), República Dominicana (1965) y Chile (1973), hasta Granada (1983) y las guerras centroamericanas de la década de 1980, la injerencia de Estados Unidos buscó anticipar —o impedir— la elección o consolidación de gobiernos percibidos como contrarios a sus intereses geopolíticos y económicos. Fue la época de la “Guerra Fría”, según la denominación y el significado de la lectura de Estados Unidos para ese periodo. Para América Latina y el Caribe, sin embargo, fueron décadas de guerra caliente, con decenas de miles de muertos y desaparecidos y múltiples obstáculos a la consolidación de sociedades democráticas.
También durante ese lapso se configuró un orden regional de regímenes imperiales: regímenes comerciales preferenciales, regímenes de sanciones, regímenes jurídicos, regímenes financieros de asistencia condicionada, regímenes de seguridad; todos con acuerdo y apoyo de Estados latinoamericanos soberanos, todos con los estadounidenses guardando las llaves de cambios, reformas, recursos y formas de negociación.
En 1989, la invasión de Panamá ordenada por George H. W. Bush confirmó la voluntad del ejercicio de poder e incluyó en las motivaciones el binomio defensa de la democracia y guerra contra las drogas. Años antes, el gobierno de Ronald Reagan ya había financiado, con la venta ilegal de armas a Irán, una guerrilla de derecha en Nicaragua vinculada con tráfico ilícito de cocaína, e inaugurado unilateralmente la “certificación” de otros países según el desempeño antidrogas.
En 1995 Bill Clinton institucionalizó una “lista” para sancionar y bloquear económicamente a personas y entidades asociadas, según Estados Unidos, con el narcotráfico. En 1996, la Ley Helms-Burton extendió la jurisdicción estadounidense allende sus fronteras para sancionar empresas extranjeras que comercien con Cuba, violando así la soberanía de otras naciones y el derecho internacional.
Infraestructura militar de Estados Unidos en el Caribe. Fuente: Álvaro Merino (2025). Recuperado de: https://elordenmundial.com/mapas-y-graficos/escala-militar-caribe-guerra-drogas/
El imperio llevado al paroxismo
A la vuelta del siglo XXI, los ataques terroristas de 2001 contra el Pentágono y el World Trade Center favorecieron que el poder imperial estadounidense se desbocara. En pocos meses, su “guerra contra el terror” se convirtió en una cruzada planetaria que transgredió fronteras, normas y el respeto de derechos humanos. La presunta “expansión global del terrorismo” fue invocada para desplegar tropas en Afganistán, Filipinas, Georgia y Yemen, para invadir Irak y para incrementar de manera sustancial y extraordinaria el apoyo económico y militar para operaciones contrainsurgentes en Colombia.
El gobierno de Barack Obama (2009-2017) fue visto como “una luz en la oscuridad del imperialismo”, pero él también fue calificado como “el deportador en jefe” por la expulsión de millones de inmigrantes. Las recientes declaraciones del jefe del Pentágono, Pete Hegseth, de una ofensiva militar en América Latina contra “narco-lanchas” y “narco-terroristas” no es más que la continuidad de las acciones extra-judiciales, la intervención en asunto internos de otros países, la vulneración del derecho internacional, las guerras sin fronteras, el uso de normas nacionales para retaliaciones políticas extraterritoriales, la coacción económica para fines políticos, la violación de la soberanía de otras naciones, y el uso de tropas para intimidar o invadir. Ahora se trata de extender “la democracia y la libertad” luchando contra “la droga y el terrorismo”.
El gobierno Trump no inventó el lenguaje ni los instrumentos del imperio, simplemente los desnuda y los lleva al paroxismo. Pero bajo dos condicionamientos relevantes para la actual, y futura, política exterior de Estados Unidos: por un lado, una poderosa movilización política y social doméstica de prácticas y discursos identitarios nacionalistas, xenofobos, antifeministas, homófobos, militaristas, autoritarios y negacionistas del calentamiento global que exitosamente están minando su orden democrático e institucional; y por otro lado, una interdependencia económica con China.
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