Descargas de agua contaminada provenientes de casas e industrias de Funza y Mosquera (Cundinamarca), que van a parar a la cuenca del río Bogotá, han aumentado la presencia de bacterias asociadas con materia fecal y coliformes, y de metales pesados como cadmio y manganeso, lo que representa un riesgo para la salud pública de la región.
5 de enero de 2026
Yorley Ruiz Manco | editora Periódico UNALshare
Humedal Gualí (canal A) asfixiado por buchón de agua (Eichhornia crassipes), especie que aparece por la contaminación. FOTO: Angie Rojas.
Descargas de agua contaminada provenientes de casas e industrias de Funza y Mosquera (Cundinamarca), que van a parar a la cuenca del río Bogotá, han aumentado la presencia de bacterias asociadas con materia fecal y coliformes, y de metales pesados como cadmio y manganeso, lo que representa un riesgo para la salud pública de la región.
Funza y Mosquera, junto con Bojacá, Cota, Madrid y Tenjo, conforman la principal fuente de abastecimiento de hortalizas de Bogotá. Funza se destaca por el cultivo de lechuga, maíz, papa, remolacha y romero, entre otros, mientras que Mosquera concentra su producción en alimentos como apio, brócoli, cebolla y zanahoria. Históricamente estos municipios de la Sabana occidental de Cundinamarca han sido reconocidos por su vocación agropecuaria, cuya producción se distribuye a través de las centrales mayoristas, gracias a su estratégica conexión regional con la capital colombiana a través de la calle 13 (av. Centenario).
Sin embargo, en los últimos años el crecimiento urbano e industrial ha generado presión sobre el uso del recurso hídrico, y la desactualización de los planes de ordenamiento territorial ha permitido que vertimientos sin tratamiento lleguen a los afluentes del río Bogotá, como la laguna La Herrera, y al distrito de riego La Ramada (compuesto por canales y estaciones de bombeo en las ciénagas Tres Esquinas, Gualí, Cacique, Galicia, Isla y La Florida, y en las lagunas de Funzhé) contaminando estas aguas usadas para el riego de cultivos, para el ganado y para uso de los habitantes rurales sin acceso al acueducto.
“La mayor parte de la población consume agua subterránea potabilizada, pero las zonas rurales, por su extensión, quedan fuera de ese sistema, lo que representa un riesgo de salud pública”, explica Angie Vanessa Rojas Parra, magíster en Ingeniería Ambiental de la UNAL Sede Bogotá, quien estudió cómo los cambios en el uso del suelo han afectado la calidad del agua en estos municipios asociados con la cuenca del río Bogotá, impactando así los procesos agropecuarios.
Un río sin oxígeno está muerto
Desde hace unos 20 años la UNAL Sede Bogotá ha venido haciendo un seguimiento sobre la calidad del agua de estos dos municipios, por eso, de las 1.105 muestras utilizadas por la magíster Rojas para su investigación, 219 eran propias del Laboratorio de Ingeniería Ambiental de la UNAL, y las 886 restantes de entidades como la CAR, y recolectadas en otros estudios adelantados entre 2007 y 2022.
A estas muestras se les hizo un análisis de 130 parámetros —entre fisicoquímicos, microbiológicos, de plaguicidas y antibióticos— para conocer si cumplían con los límites normativos exigidos por la ley, tanto para el uso agropecuario como en su calidad ambiental. Luego la investigadora procesó los datos recopilados de diferentes bases de datos, en herramientas como Infostat, Excel y Python.
Los resultados revelaron que varios parámetros no cumplen la normativa, especialmente el de oxígeno disuelto (OD), ya que en el 88% de los puntos analizados tenían menos de 4mg/l, lo cual implica ausencia de oxígeno para la vida acuática y la muerte de especies.
“Un bajo nivel de oxígeno disuelto refleja la incapacidad del río para sostener vida animal, como peces y otros invertebrados, debido a la alta carga de contaminantes que impide su autodepuración. El oxígeno disuelto es un indicador importante porque refleja la salud de los ecosistemas acuáticos y el estado de la calidad del agua”, explica la investigadora Rojas.
En zonas industriales, debido a las descargas residuales y a sus actividades productivas, la calidad del agua se ve comprometida por contaminantes químicos como hierro, manganeso y molibdeno, además de bacterias E. coli y coliformes. Los valores máximos permitidos por la normatividad para cada uno de ellos son: 5 mg/L para hierro, 0,2 mg/L para manganeso, 0,01 mg/L para molibdeno, 1.000 número más probable (NMP) para E. coli, y 5.000 NMP para coliformes totales; sin embargo, el análisis de las muestras evidenció casos en los que sus concentraciones permitidas se superaron hasta 1.000 veces, como en las de los coliformes totales y E. coli, valores que en época de lluvia pueden aumentar en un 25 %, debido a la materia orgánica que arrastra.
Impacto silencioso en la salud pública
Los alimentos producidos en esta zona se distribuyen por todo el territorio, lo que dificulta rastrear su efecto en poblaciones específicas. Además, algunos habitantes que tienen contacto directo y constante con estas fuentes de agua pueden desarrollar una aparente adaptación a los contaminantes, complicando aún más la evaluación.
“Esto obedece a que existe una ventaja adaptativa, que aunque les permite tolerar las bacterias también les impide absorber los nutrientes de la comida, mientras que quienes tienen contacto con este tipo de contaminantes biológicos por primera vez pueden sufrir afecciones como diarrea y gastroenteritis. En cuanto a los contaminantes químicos, los efectos son crónicos y se pueden manifestar años después con el desarrollo de cáncer, cirrosis o afecciones neurológicas, debido a la acumulación de sustancias tóxicas en órganos blancos como huesos y riñones”, explica el profesor Juan Carlos García Ubaque, del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAL.
Para cortar de raíz este riesgo de salud pública, cuyos efectos solo se harán más evidentes con el paso de los años, el profesor García destaca que “la mejor decisión sería separar las aguas lluvias de las aguas residuales, para luego tratarlas y verterlas al río en mejores condiciones. Además, para mitigar los impactos en la salud es necesario un adecuado lavado de las verduras sumergiéndolas en agua con una pequeña cantidad de cloro, y posteriormente lavarlas con abundante agua”.
Una planeación territorial estancada
Los resultados de la investigación de la ingeniera Rojas revelan que el acelerado crecimiento urbano en la región Madrid-Funza-Mosquera alcanzó un 67,61% en apenas 18 años: en Funza el crecimiento urbano fue de un 25% entre 2002 y 2020, mientras Mosquera creció un 91% en esos mismos años, transformando áreas rurales de pastos y cultivos en perímetros urbanos consolidados, lo que genera presión sobre el uso del recurso hídrico.
Sin embargo, los instrumentos de planificación —el Plan de Ordenamiento Territorial (PBOT) de Funza, vigente desde el 2000, y el de Mosquera revisado en 2013— no han acompañado con la misma velocidad esta dinámica de expansión.
“Si el PBOT no se actualiza nadie lo sanciona, y tampoco es algo que se deba hacer cada 4 años, sino cada vez que se necesite, y en el caso de estos municipios es urgente hacerlo. La cantidad de agua disponible sigue siendo más o menos la misma, por eso hay que optimizarla poniendo límites desde la planeación, tanto para la urbanización como para la agricultura. En estos contextos se debe resolver sobre la marcha”, señala el profesor Juan Luis Rodríguez, de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo de la UNAL.
Advierte además que para lograr una actualización técnicamente viable es necesario un esfuerzo regional económico y técnico que permita una planeación integral, como ocurrió en Nueva York, cuyo plan demoró 6 años y demandó la participación de 200 profesionales, por eso su actualización se hace cada 20 años; algo similar se debería hacer en Funza y Mosquera.
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