Con colegios, centros de salud, carreteras y bonos funerarios, entre otras dádivas, una multinacional canadiense busca el respaldo de más de 13 comunidades indígenas, campesinas y afrocolombianas que habitan la cuenca de este río, ubicado en el bajo Atrato chocoano, para iniciar una exploración de cobre. El abandono del Estado le abre la puerta a un sinnúmero de discursos que están dividiendo a las comunidades.
7 de enero de 2026
Juan Felipe Sacristán | periodista Unimediosshare
Según estudios, en el río Jiguamiandó hay concentraciones de 2 % de cobre, un 1,7 % más que en la mayoría de las minas del mundo. Foto: Nelson Almeida / AFP.
Con colegios, centros de salud, carreteras y bonos funerarios, entre otras dádivas, una multinacional canadiense busca el respaldo de más de 13 comunidades indígenas, campesinas y afrocolombianas que habitan la cuenca de este río, ubicado en el bajo Atrato chocoano, para iniciar una exploración de cobre. El abandono del Estado le abre la puerta a un sinnúmero de discursos que están dividiendo a las comunidades.
Jiguamiandó traduce “río de fiebre”; así lo bautizaron los primeros habitantes emberá eyabida cuando llegaron a la cuenca y cayeron enfermos de paludismo. De estos ancestros, el Resguardo Indígena Urada-Jiguamiandó, conformado por 9 etnias, comparte la cuenca y el territorio con 12 comunidades afrocolombianas y 9 campesinas —varias de ellas desplazadas por la violencia en Córdoba— que conforman el Consejo Comunitario Mayor. Ambas autoridades recibieron títulos de propiedad en 2003, los cuales les dan autoridad sobre una superficie de 19.744 hectáreas para el primero y más 54.000 para el segundo, pero no sobre el subsuelo, que es potestad del Estado.
La cabecera del río Jiguamiandó forma parte de una zona montañosa de la cordillera de los Andes llamada Batolito de Mandé, con 200km que se extienden por Chocó y Antioquia. Allí afloran rocas con cobre, empujadas hacia la superficie por el movimiento de placas tectónicas, el mismo fenómeno que dio origen a los mayores yacimientos de cobre en Chile, Perú y Panamá. Estudios de Ingeominas de 1983 indican que esta zona puede tener más cobre que las principales minas del mundo.
¿Dueños del mismo terreno?
Las comunidades saben que bajo sus pies hay un tesoro: una tierra altamente fértil y con fuentes de agua que ha servido para cultivar plátano, arroz, cacao, yuca, maíz y una gran variedad de árboles frutales para comer y vender. Es precisamente esta riqueza la que diferentes grupos armados, aliados con empresas nacionales —según la Sentencia AP799-2018 de la Corte Suprema de Justicia y otras resoluciones—, quieren arrebatarles a sus habitantes, como ocurrió desde 1997 con la Operación Génesis, que desplazó al 75% de la población, y tras la cual se extendieron los cultivos de palma y la ganadería en la región, así como las actividades madereras.
El oro se encuentra fácilmente en los sedimentos de los ríos, los mismos que Ingeominas estudió en 1970 y en los que encontró evidencias de la presencia de cobre. Fue por eso que en 2004 concedieron 9 títulos mineros a una empresa transnacional panameña para explotar cobre, oro y molibdeno sobre un área de 16.000 hectáreas, las cuales se superponen a los territorios de las comunidades que tradicionalmente han habitado la zona, y cuya propiedad se ha reconocido en múltiples sentencias.
Es así como las comunidades se debaten entre las empresas mineras y el Estado por los usos de la tierra: por un lado, el sustento económico basado en la economía agrícola, ya que siembran y cosechan en el terreno conservándolo para sus descendientes, y por el otro, permitir la explotación de los recursos del subsuelo.
“En 2004, cuando se hizo la concesión de los títulos mineros, la gente estaba huyendo tratando de salvar su vida, atacados por paramilitares, militares y la guerrilla, una violencia que ese año produjo 14 desplazamientos internos”, señala la investigadora Verónica Moreno, magíster en Estudios Culturales de la UNAL, quien reconstruyó las memorias del extractivismo en la región.
En 2009 la empresa panameña intentó iniciar la exploración imponiendo un helipuerto junto con el Ejército en el cerro Jai Katumá, bajo una consulta falsa que la Corte Constitucional tumbó en la Sentencia T-769, tras una protesta de más de 800 personas.
Más adelante la multinacional canadiense compró los títulos mineros y hoy es la dueña; así, desde 2020 hasta marzo de 2024, ha buscado acercarse a la comunidad con ofertas de beneficios económicos, antes de la etapa formal de consulta previa en curso, en la que se deberán acordar las compensaciones a las comunidades por los daños causados por la exploración del proyecto minero.
Una consulta sobre el futuro
La zona en donde se cree que estaría el mayor yacimiento de cobre es el cerro Jai Katumá (cerro Careperro); allí nacen afluentes como el río Jiguamiandó y la laguna La Rica, fuentes vitales para las comunidades. Por ejemplo, para los emberá esa montaña no solo es fuente de agua, sino parte fundamental de su cultura, pues consideran que allí se resguardan los espíritus expulsados por los jaibaná (médicos ancestrales), y que “abrir sus entrañas” podría liberar males para la población.
“El río es todo para ellos: donde se transporta la gente, donde cultivan, donde lavan, donde pescan. Por ejemplo, las mujeres se levantan a las 4 de la mañana y a las orillas del río empiezan sus quehaceres: lavan la loza y la ropa, bañan a los niños, y allí también se dan los primeros intercambios económicos del día. En los puertos se recibe la madera y se venden las cosechas”, señala la magíster Moreno.
Sin embargo, la propuesta de la empresa canadiense no se centra en el cerro, en donde se construirán plataformas de exploración de hasta 50m, sino que ha identificado las principales necesidades de la comunidad —como educación, salud y vías— y por eso les promete que la exploración y la explotación será su solución: ha ofrecido crear colegios que vayan más allá del décimo grado, lo mismo que centros de salud porque allí no hay, y ha señalado que traerá carreteras para reemplazar las trochas que se vuelven imposibles de cruzar cuando llueve.
También ha entregado bonos funerarios que ayudan a las familias a trasladar los cuerpos de sus difuntos desde las ciudades al camposanto propio, y que pueden llegar a costar hasta 1 millón de pesos. Además, entre sus discursos en el marco del proceso de Consulta Previa ha informado que la ejecución del proyecto “no tendrá ningún impacto ambiental”.
“En un proceso de consulta la empresa no puede garantizar el colegio, la universidad ni la escuela; en cambio, sí debe responder por los daños derivados de la exploración y la explotación minera que haga en el territorio”, explica la magíster Moreno.
No hay minería sin impacto
El geólogo Thomas Cramer, profesor de la UNAL, advierte que “no hay minería sin impacto, por eso es necesario adelantar estudios detallados sobre el terreno para prever los daños ambientales y sociales. Donde hay cobre hidrotermal (reservas formadas por fluidos calientes de minerales como sales, azufre y carbono al interior de la Tierra) también es posible la formación de ácido sulfúrico, que puede disolver otros elementos tóxicos como arsénico o cadmio, los cuales, aunque están quietos en las piedras, se pueden mover con la presencia de agua y oxígeno, es decir cuando se abra el suelo. Sin embargo, la única manera de saber a ciencia cierta cuáles serán los impactos ambientales de la extracción minera en esta zona es explorando”.
La presencia de la empresa y la oferta de beneficios ha dividido a las comunidades: mientras algunos creen que aceptar los viáticos para asistir a las reuniones es vender el cerro Careperro, otros recuerdan los episodios de 2008 y 2009, cuando el Ejército destruyó viviendas e ingresó al cerro para permitir la exploración. En las reuniones también hay fracturas entre comunidades, divididas étnicamente; por ejemplo, en acercamientos con los Consejos Comunitarios, la empresa canadiense habría anunciado falsamente avances con los Resguardos Indígenas en el marco de la consulta previa, según el análisis de la investigadora Moreno, aludiendo a la entrega de este tipo de ayudas que se dieron fuera de todo proceso consultivo, lo que altera la convivencia colectiva histórica del territorio.
Es así como el renovado interés minero en el cobre, que se presenta como reemplazo del petróleo y el carbón, ha enfrentado a las comunidades para decidir cómo alcanzar el desarrollo —entendido como colegios con bachillerato, formación técnica, atención en salud, vías pavimentadas—, ya sea por medio de la compensación de los impactos que la minería causará progresivamente, o del desarrollo de su propia economía agrícola, opción que requeriría de una inversión estatal consciente, que finalmente garantice esos derechos básicos tan vulnerados; solo así la decisión de esta comunidad sería libre e informada.
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