En la cuenca del río Sinú más de 60.000 hectáreas permanecen bajo el agua y cerca de 50.000 familias han resultado afectadas. Las lluvias han sido intensas pero no inesperadas, pues las crecientes forman parte de la dinámica histórica de esta región. Lo verdaderamente alarmante es que, décadas después de inundaciones similares, el territorio se siga ocupando y planificando dándole la espalda al agua.
23 de febrero de 2026
Erasmo Rodríguez Sandoval | Profesor del Departamento de Ingeniería Civil y Agrícola de la UNAL Sede Bogotáshare
Las inundaciones en Córdoba no son solo efecto de las lluvias, sino el resultado de décadas de ocupación desordenada y decisiones que han ignorado el comportamiento natural del río. Foto: STRINGER / AFP.
En las últimas semanas el departamento de Córdoba ha enfrentado uno de los episodios de inundación más severos de los últimos años. El 14 de febrero se estimaba que el área anegada en la cuenca del río Sinú era de unas 60.000 hectáreas, casi 6 veces la extensión del área urbana de Montería, la capital. La emergencia ha afectado directamente a alrededor de 50.000 familias, con pérdidas en viviendas, cultivos, infraestructura vial y medios de subsistencia.
Este evento no se puede entender como un hecho aislado, ya que la historia reciente del norte del país está marcada por inundaciones de gran magnitud. Entre 2010 y 2012, en la llamada “ola invernal” —asociada con la fase fría (La Niña) del fenómeno ENSO (El Niño–Oscilación del Sur)—, tanto el departamento del Atlántico como la cuenca del río Sinú experimentaron crecientes extraordinarias. Incluso antes, en agosto de 1988, el desbordamiento de dicha corriente —de cerca de 415km de longitud que atraviesa buena parte del departamento antes de desembocar en el Caribe— afectó gravemente varias poblaciones, incluida Montería. Aquel episodio fue uno de los argumentos que impulsó la construcción del embalse Urrá I, concebido tanto para la generación hidroeléctrica como para la regulación de crecientes.
Por su configuración geográfica y climática, Colombia es un país de extremos hidroclimáticos. Su régimen oscila entre periodos de lluvias intensas e inundaciones y fases de sequía prolongada, fuertemente influenciado por el fenómeno ENSO. La Niña tiende a intensificar las lluvias en el Caribe y la región Andina, y en su fase cálida, El Niño reduce las precipitaciones y favorece sequías severas, una vaivén que no es una anomalía reciente sino una característica estructural del clima tropical.
No obstante, el ENSO no actúa solo; otros sistemas atmosféricos se pueden superponer y amplificar sus efectos, entre ellos los frentes fríos del invierno del hemisferio norte, que entre diciembre y febrero pueden avanzar hacia el sur e interactuar con las aguas cálidas del Caribe colombiano. Aunque la mayoría pierde intensidad en el golfo de México, algunos logran intensificarse al llegar a la región, y eso fue lo que ocurrió con los tres eventos registrados durante la dos primeras semanas de febrero.
Es urgente fortalecer la formación de hidrometeorólogos y especialistas en modelación hidrometeorológica, encargados de simular escenarios de lluvia, escorrentía y comportamiento de cuencas para anticipar impacto en el país, además de incrementar los recursos para las entidades responsables del monitoreo y pronóstico en distintas escalas espaciales y temporales.
En uno de los meses usualmente secos, en un día llovió el equivalente a la lluvia promedio de todo febrero. Los suelos, ya saturados por precipitaciones previas, no pudieron absorber más agua. El resultado fue una respuesta hidrológica extraordinaria en la cuenca del Sinú: los caudales que ingresaron al embalse de Urrá I alcanzaron valores hasta 18 veces superiores al promedio histórico para esta época del año.
Dicho embalse, en operación desde 2000, tiene un volumen útil aproximado de 1.740 millones de metros cúbicos, un espejo de agua cercano a 74km², un rebosadero con capacidad de evacuación de 10.000 m³/s y una capacidad instalada de 340MW, equivalente a cerca del 3% del total nacional.
Según XMSAESP, entre el 1 y el 15 de febrero se evacuaron cerca de 1.290 millones de metros cúbicos, es decir aproximadamente el 75% de su capacidad útil. En términos prácticos, para haber almacenado completamente esta creciente, el embalse habría necesitado estar alrededor del 25% de su volumen antes del evento, un escenario operacionalmente inviable dadas sus funciones de generación, la dinámica del mercado eléctrico y las condiciones previas de almacenamiento. Esto confirma el carácter extraordinario del fenómeno y sugiere que el margen de maniobra de la central fue limitado.
Sin embargo, reconocer la magnitud del evento no significa renunciar al análisis crítico. Una operación más anticipada —con desembalses graduales previos basados en pronósticos hidrometeorológicos robustos— podría haber reducido parcialmente los picos de caudales, aunque difícilmente habría evitado la inundación dada la magnitud del aporte. Este punto no es menor: pone sobre la mesa la necesidad de fortalecer la capacidad nacional de pronóstico hidrológico y de integrar la información climática en la toma de decisiones operativas.
Hasta aquí el análisis físico del fenómeno, pero la magnitud de la tragedia no se puede explicar solo por la lluvia. La mayoría de las ciudades y poblaciones de Córdoba se localizan a orillas del río Sinú. Los datos más recientes de Necesidades Básicas Insatisfechas del DANE muestran que Córdoba ocupa el séptimo lugar entre los departamentos con mayores niveles de vulnerabilidad en el país. Una proporción significativa de su población vive en condiciones precarias, y en muchos casos en zonas de inundación y rondas hídricas. En esta emergencia el río Sinú simplemente reclamó los espacios que históricamente le pertenecen.
Gestión fragmentada y reactiva
La expansión urbana sobre estas planicies, la ocupación informal del territorio, la presión por suelo barato y la débil articulación entre instrumentos de planeación —Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCA)— han incrementado la exposición al riesgo. En Colombia la gestión territorial sigue siendo fragmentada, reactiva y muchas veces desconectada de la realidad hidrológica, y por lo tanto se requiere un ordenamiento territorial alrededor del agua, en el que la unidad básica de planificación sea la cuenca hidrográfica.
En Córdoba, donde más de 200 comunidades dependen del arroz en 450.000 hectáreas, la variabilidad climática ya afecta la productividad. Foto: EITAN ABRAMOVICH / AFP.
En estos episodios se movilizan ayudas humanitarias, se habilitan albergues temporales y se cuantifican daños, pero rara vez se transforman las causas estructurales. El uso limitado de herramientas técnicas que permiten anticipar lluvias extremas y crecientes mediante modelos climáticos y de caudales (pronósticos hidrometeorológicos), la debilidad de los Sistemas de Alerta Temprana, la insuficiencia de planes de contingencia y la precariedad de la infraestructura de evacuación y albergue revelan brechas profundas en la gestión del riesgo.
Además, los diseños ingenieriles siguen sin reconocer explícitamente la no estacionaridad climática; durante décadas se asumió que el comportamiento futuro del clima sería estadísticamente similar al pasado, una premisa que ya no es válida, pues el cambio climático está alterando la intensidad y frecuencia de los eventos extremos, y los parámetros históricos ya no garantizan seguridad futura.
La educación ambiental y el empoderamiento comunitario adquieren un papel estratégico. Ninguna infraestructura, por robusta que sea, puede sustituir la capacidad de una comunidad informada para reconocer las dinámicas del territorio y actuar preventivamente.
De otra parte, la infraestructura gris —canalizaciones, drenajes, jarillones, incluso diques fusibles— se debería complementar con infraestructura verde y soluciones basadas en la naturaleza. Soluciones como los Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS), la restauración de humedales, la reconexión de planicies de inundación y la recuperación de corredores fluviales pueden reducir la energía de las crecientes y disminuir la vulnerabilidad estructural; y aunque estas no sustituyen la ingeniería tradicional, sí la hacen más resiliente.
Paralelamente, es urgente fortalecer la formación de hidrometeorólogos y especialistas en modelación hidrometeorológica, encargados de simular escenarios de lluvia, escorrentía y comportamiento de cuencas para anticipar impacto en el país, además de incrementar los recursos para las entidades responsables del monitoreo y pronóstico en distintas escalas espaciales y temporales. La información científica no puede seguir siendo un insumo marginal en la toma de decisiones públicas, y en este sentido en este momento sería deseable que la academia y las sociedades profesionales estuvieran apoyando en el territorio la toma de decisiones de entidades como la Corporación Autónoma Regional del Valle del Sinú (CVS).
Gobernanza del agua, otro componente central
Las decisiones sobre el territorio no pueden seguir reproduciendo asimetrías entre actores fuertes y comunidades vulnerables sin voz. La transparencia, el acceso público a la información y la participación efectiva se deben convertir en pilares de una gestión democrática del agua. Sin gobernanza no hay adaptación sostenible.
En este contexto, la educación ambiental y el empoderamiento comunitario adquieren un papel estratégico. Ninguna infraestructura, por robusta que sea, puede sustituir la capacidad de una comunidad informada para reconocer las dinámicas del territorio y actuar preventivamente.
Una operación más anticipada —con desembalses graduales previos basados en pronósticos hidrometeorológicos robustos— podría haber reducido parcialmente los picos de caudales, aunque difícilmente habría evitado la inundación dada la magnitud del aporte.
En regiones como Córdoba, en donde las inundaciones forman parte de la memoria colectiva, fortalecer ese conocimiento local y convertirlo en herramienta de acción es tan importante como construir obras hidráulicas. La educación ambiental se debe incorporar permanentemente en organizaciones sociales y procesos de planeación, promoviendo así la comprensión del ciclo del agua y la función ecológica de las planicies de inundación.
Lo ocurrido en Córdoba no es solo el resultado de lluvias extraordinarias o de sedimentación en los cauces: es la manifestación acumulada de decisiones territoriales que durante décadas han ignorado la lógica natural del agua. La variabilidad climática y el cambio climático intensifican los eventos extremos, pero son nuestras decisiones —cómo construimos, dónde construimos, cómo planificamos, qué priorizamos— las que convierten un fenómeno natural en una catástrofe social.
Si Colombia sigue respondiendo con reconstrucciones en los mismos lugares y bajo los mismos esquemas, la historia se repetirá. Cada evento extremo será más costoso y más doloroso que el anterior. Córdoba necesita no solo ayudas humanitarias: necesita una transformación profunda en su ordenamiento territorial, en su gestión del riesgo y en su gobernanza del agua.
La verdadera pregunta no es cuándo volverá a inundarse el Sinú —o cualquier otra cuenca del país—, la pregunta es si, cuando eso ocurra seguiremos reaccionando como si fuera una sorpresa o si finalmente habremos entendido que convivir con el agua es más inteligente que intentar dominarla.
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