La expansión agrícola, el turismo sin control y la falta de coordinación entre autoridades ambientales y municipios están agravando el deterioro del páramo de Sumapaz, estratégico para el abastecimiento de agua de Bogotá y otras regiones del país.
Diana Manrique Horta | Periodista Unimedios- Sede Bogotáshare
El páramo de Sumapaz cubre más de 300.000 hectáreas y es esencial para la regulación hídrica de Bogotá y otras regiones del país. Foto: Luis Acosta / AFP.
“El páramo representa la vida de todos”, le dijo un habitante de la vereda Santa Bárbara –quien ha dedicado su vida a la agricultura– a la abogada María Fernanda Pirabán Cañón, magíster en Gobierno Urbano del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL).
Históricamente el territorio ha estado ligado a movimientos de colonización campesina y luchas agrarias por el acceso a la tierra. Sin embargo, la expansión de la frontera agrícola ha afectado gravemente la conservación del páramo, debido especialmente a actividades agropecuarias y asentamientos rurales. La Ley 1930 de 2018 prohíbe la agricultura y la minería en los páramos, pero la regulación ha sido insuficiente en municipios como Pasca, Arbeláez y Cabrera.
“Nosotros reforestamos y protegemos el recurso hídrico solos, sin ayuda de las instituciones porque no ayudan en nada ni se aparecen por aquí”, le manifestó también a la magíster Pirabán, la presidenta de la Junta de Acción Comunal de la Vereda El Salitre.
El turismo sin regulación ha sumado otro problema: en lugares como las lagunas de Colorados, Larga y Negra, el aumento de visitantes ha generado contaminación y daño en la biodiversidad.
Su testimonio refleja la frustración de las comunidades campesinas, que sienten el abandono institucional frente a los retos ambientales que afrontan. Aunque la PAP-Sumapaz se creó en 2023 para coordinar la gestión ambiental en la región y debía ofrecer soluciones, la falta de articulación entre entidades ha limitado su impacto.
Descoordinación y conflictos por el uso del suelo
Para su investigación, la abogada analizó las dinámicas del territorio más allá de los datos estadísticos, priorizando la percepción de los actores involucrados. A través de entrevistas a habitantes del páramo, líderes comunales y funcionarios públicos, documentó cómo la falta de diálogo y coordinación entre entidades ha debilitado la gestión del ecosistema.
También revisó documentos oficiales como los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) de los municipios afectados, el Plan de Manejo Ambiental del Parque Nacional Natural Sumapaz y registros cartográficos sobre los cambios en el uso del suelo.
El estudio encontró que la falta de coordinación entre entidades ambientales y municipales es uno de los mayores obstáculos para conservar el páramo. Existen superposiciones de competencias entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Minambiente), las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) y las Alcaldías, lo que ha impedido la implementación de planes de protección como el Plan de Manejo y Conservación de la Cuenca del Río Sumapaz (Pomca).
La expansión agrícola, especialmente el cultivo de papa, ha erosionado el suelo y alterado los nacimientos de agua. Foto: archivo Unimedios.
El Pomca Sumapaz es un instrumento de planificación que busca regular el uso del suelo, proteger las fuentes hídricas y mitigar el impacto de actividades como la agricultura y el turismo en la región; para su implementación incluye medidas para la zonificación del territorio, restricciones a la expansión agrícola en áreas frágiles y estrategias de concertación con las comunidades locales.
No obstante, se espera que su implementación amplíe la protección del páramo, ya que contempla el proyecto “Concertación e implementación participativa del Plan de Manejo Ambiental del Complejo de Páramos Cruz Verde – Sumapaz”.
“Las decisiones tomadas en los diferentes niveles de administración tienen un papel trascendental en la ordenación y planificación territorial. Si hay decisiones contradictorias se vulneran los derechos de los habitantes del páramo”, explica la experta en Derecho Administrativo.
Además, la delimitación del páramo ha sido un proceso problemático. La Resolución 1437 de 2017 de Minambiente estableció límites sin la participación de las comunidades. Frente a esto, la Coordinadora Campesina de Sumapaz-Cruz Verde presentó una acción de tutela exigiendo la protección de sus derechos al mínimo vital, igualdad y participación ambiental.
“Las decisiones tomadas en los diferentes niveles de administración tienen un papel trascendental en la ordenación y planificación territorial. Si hay decisiones contradictorias se vulneran los derechos de los habitantes del páramo”, explica la experta en Derecho Administrativo.
En 2019, un juzgado dejó sin efectos la delimitación y ordenó un nuevo proceso participativo que incluya a las comunidades de los municipios con cobertura de páramo.
“No existe una definición común y precisa de la extensión del páramo; en algunos casos su ubicación se asocia con la altitud, pero no hay una única referencia de altura, y en otros casos se define con base en veredas específicas, lo que genera confusión en la aplicación de las normativas y en la protección efectiva del ecosistema”, detalla.
Además, el turismo sin regulación ha sumado otro problema: en lugares como las lagunas de Colorados, Larga y Negra, el aumento de visitantes ha generado contaminación y daño en la biodiversidad. “Aquí vienen turistas, pero no hay control. No hay quién cuide el páramo y cada vez hay más gente entrando”, advirtió un campesino entrevistado en la vereda Santa Bárbara.
Urge una estrategia integral
La abogada enfatiza en que la Ley de Páramos es un gran avance, ya que establece una perspectiva integral para la gestión del ecosistema. Aún así, destaca la importancia de fortalecer los escenarios de participación y concertación con las comunidades, dado su arraigo histórico y social en la región.
El PAP-Sumapaz, que debía ser un modelo de planificación territorial, aún no ha logrado frenar el deterioro del páramo. Foto: Luis Acosta / AFP.
“Las comunidades han experimentado conflictos por el acceso a la tierra y tienen una percepción negativa de las entidades públicas, en especial de las autoridades ambientales, que imponen restricciones, pero no ofrecen alternativas viables”, sostiene.
En ese sentido, recomienda que la gestión del páramo no se limite a la delimitación del territorio y la formulación del Plan de Manejo Ambiental, sino que las comunidades se incluyan como aliadas en el control y monitoreo permanentes. “Ellos son habitantes perennes de la zona, lo que los convierte en actores estratégicos para la protección del ecosistema”, agrega.
Otra importante medida es fortalecer los pagos por servicios ambientales, un incentivo económico para fomentar prácticas de restauración y conservación. Asimismo, se requiere realizar el censo de habitantes del páramo, una obligación del DANE según la Ley de Páramos. “Este censo es crucial para diseñar estrategias de reconversión productiva y garantizarles alternativas de sustento a las familias que dependen del páramo”, puntualiza.
Por último, la investigadora Pirabán sugiere que en la revisión de los POT de los municipios con área de páramo se regulen los usos del suelo en las zonas colindantes. “Esto permitiría establecer una zona de amortiguación para prevenir la expansión de actividades que amenacen la conservación del ecosistema”, concluye.
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