Logros como el inicio de la implementación del Acuerdo de Escazú, instrumento de derechos humanos que convoca a transformar la relación entre el Estado, la ciudadanía y la naturaleza, serán un desafío para la política ambiental del nuevo gobierno.
María del Rosario Rojas-Robles | Directora del Instituto de Estudios Ambientales (IDEA) y coordinadora del Observatorio de Conflictos Ambientales (OCA) de la UNALshare
El Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 originó cambios en el ordenamiento territorial alrededor del agua, entendiendo este recurso como un ciclo hidrológico y social. Foto: archivo Unimedios.
La gestión del gobierno del presidente Gustavo Petro representó un avance significativo en el discurso y las acciones ambientales dentro del proyecto político colombiano. Sus logros en biodiversidad, disminución de la deforestación, justicia ambiental, restauración ecológica y transición energética marcaron un punto de partida importante para un modelo de desarrollo más sustentable, el cual no debería dar marcha atrás o perderse en el nuevo gobierno, pues eso significaría un gran retroceso para el país.
Uno de los grandes aciertos del gobierno que termina fue entender lo complejo y multidimensional de lo ambiental, así como su estrecha articulación con el modelo económico extractivo y de acumulación de la renta, las riquezas y la tierra, factores que históricamente han generado fuertes afectaciones a los ecosistemas, el agua y las personas.
Las formas en las que el capitalismo como modo de producción y reproducción de la vida contemporánea se ha desenvuelto en Colombia han acarreado profundas problemáticas como la deforestación; la minería ilegal; la sobreexplotación del agua y la biodiversidad; y la desigualdad territorial, entre otras.
En respuesta a este crítico panorama, la política ambiental del gobierno que finaliza se tornó en un eje estratégico del debate nacional, al abordar la necesidad de instaurar las bases para lograr una transición integral del modelo de país.
Desde sus inicios, el gobierno saliente propuso un giro frente al modelo extractivista tradicional, priorizando la protección de la biodiversidad y de la vida en general, así como la transición energética y la lucha contra el cambio climático.
Este enfoque reconoce la relación entre degradación ambiental, conflicto armado, desigualdad social y modo de producción económico. De ahí que la política ambiental fue concebida no solo como una estrategia de conservación, sino también como un pilar del desarrollo nacional, integrando dimensiones sociales, económicas y territoriales. En este sentido, el ambiente dejó de ser un tema sectorial para convertirse en un eje transversal de la acción estatal.
La agenda ambiental del nuevo gobierno
Lo que se conoce del tema ambiental del nuevo gobierno es aún muy limitado y se encuentra tanto en la Agenda ABC (Agua-Biodiversidad-Comunidades) como en las declaraciones de Fabio Arjona Hincapié, ministro de Ambiente entrante, quien plantea que los problemas ambientales se deben a la pobreza, la ignorancia y la histeria ambiental.
Este planteamiento demuestra una gran pobreza y un retroceso en el análisis; para nada es ingenuo, y pretende instalar una narrativa que culpa a los pobres y desconoce los conocimientos acumulados en las instituciones y en las comunidades y organizaciones sociales que llevan décadas en la construcción y defensa del territorio.
La política ambiental del gobierno que finaliza se concibió como un pilar del desarrollo del país. Integra dimensiones sociales, económicas y territoriales. Foto: Grupo de Estudios en Geología Económica y Mineralogía Aplicada (Gegema) de la UNAL.
En la Agenda ABC aparecen varios conceptos, ideas y categorías que se presentan de forma general, vaga y desconectada, con un importante énfasis en el control territorial y la presencia del Estado.
La lucha contra la deforestación, la minería ilegal y los cultivos ilícitos se tratará como un asunto de seguridad nacional. Aquí se pierde la gestión democrática y participativa de los problemas y conflictos ambientales del gobierno saliente, hacia una lógica de guerra para enfrentarlos.
La causa principal que explica la degradación de los ecosistemas se le atribuye a las economías ilegales (minería, tráfico de flora y fauna, hurto de hidrocarburos), que en efecto tienen una parte importante de la responsabilidad. También se culpa a los pobres. Sin embargo, no se considera el profundo deterioro ambiental generado por las economías legales (aunque en muchos casos ilegítimas), basadas en el extractivismo (carbón, petróleo, oro, minería de todo tipo, agroindustria, etc.), que durante décadas han transformado negativamente ecosistemas y territorios en nombre del progreso, con pocos beneficios para las poblaciones y los municipios y con una gran concentración de rentas para los actores privados.
Aunque se plantea un “desarrollo con responsabilidad y rigor técnico”, el mejor rigor técnico no logrará convertir una actividad extractiva —que genera daños irreparables a perpetuidad— en sustentable.
Sobre este tema existe bastante evidencia en Colombia y América Latina. Independientemente del discurso y de las palabras, a lo que probablemente asistiremos con este gobierno es a una profundización aún mayor del modelo extractivo a favor de las empresas privadas, nacionales o multinacionales con todas las consecuencias sobre el agua, el suelo, el subsuelo, las selvas, las personas y la vida.
Una condición necesaria para ello será flexibilizar la normatividad ambiental. Se puede retroceder y perder el importante trabajo realizado para construir institucionalidad y normatividad en el sector ambiental, que ha sido el resultado de importantes luchas de la sociedad y un tema sobre el que se avanzó en la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, “Colombia, potencia mundial de la vida”, con la expedición de más de 15 normas ambientales en este periodo.
Con este contexto, al nuevo gobierno le corresponde hacer un análisis profundo y juicioso para tener una comprensión mayor sobre la complejidad ambiental del país, y al tiempo reconocer los importantes avances en la normatividad del sector, que han sido posibles gracias al fortalecimiento institucional desarrollado desde la creación de Ministerio de Ambiente y del Sistema Nacional Ambiental.
La participación social ha sido un eje clave en la política ambiental de Colombia. Foto: archivo Unimedios.
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