Madrid.- Los terremotos de Venezuela y Colombia, las riadas en Chile o los deslizamientos de tierra en Perú son algunos ejemplos recientes de los desastres naturales en América Latina y el Caribe. Una región en la que, en los últimos 50 años, cuatro de cada diez personas se han visto impactadas por estos episodios, que en algunas regiones, deja un promedio de un evento catastrófico por semana. Y con ello, víctimas mortales y una factura económica.
Los desastres naturales han causado cerca de 100.000 víctimas mortales en América Latina y el Caribe en los últimos cincuenta años y pérdidas económicas que superan los 360.000 millones de dólares (unos 320.0000 millones de euros al cambio actual, comparable al producto interior bruto de Chile o Colombia.
Tormentas, inundaciones, sequías, olas de calor y otros fenómenos extremos que destruyen viviendas, interrumpes cadenas logísticas, reducen ingresos, obligan a desviar recursos públicos hacia la atención de emergencias y la reconstrucción y, en muchos casos, generan secuelas prolongadas sobre el crecimiento, la pobreza, la cohesión social y la estabilidad fiscal.
Estas son las principales conclusiones de un informe que la Fundación Iberoamericana Empresarial, Mapfre y CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe han presentado este lunes de cara a la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que se celebrará en Madrid los próximos 4 y 5 de noviembre de 2026.
Según el estudio, reforzar la capacidad de respuesta de América Latina y el Caribe ante los desastres de origen natural es una urgencia social y económica, en un momento en el que el cambio climático está aumentando su frecuencia e intensidad, lo que agrava los riesgos y eleva su impacto sobre las personas y la economía.
En este sentido, el informe señala que, aunque la región ha avanzado de forma significativa en materia de protección civil, como son sistemas de prevención, alerta temprana y evacuación ante una emergencia, los países necesitan mejorar la resiliencia y acelerar la reconstrucción.
Resiliencia financiera
En este contexto, el documento propone avanzar en una estrategia que refuerce la protección civil como una segunda línea de defensa basada en la resiliencia financiera a través de los seguros, la financiación preventiva, la innovación tecnológica y la colaboración entre el sector público y el privado.
Los expertos proponen contar con instrumentos financieros predefinidos, como seguros, esquemas público-privados y otras herramientas de liquidez y transferencia de riesgo, que se adecuen a los distintos momentos y permitan disponer de fondos y reglas de actuación ya definidas, evitando la improvisación.
Para los incidentes más habituales y de menor impacto pueden utilizarse reservas presupuestarias y fondos de contingencia, mientras que para eventos menos frecuentes y de mayor severidad son necesarios instrumentos de transferencia, como seguros o bonos catastróficos.
En esta línea, el informe plantea implementar diez medidas de respuesta ante los desastres, como integrar la resiliencia financiera como prioridad de Estado, reducir la brecha de protección, priorizar las actividades de mayor impacto económico y social o impulsar alianzas entre el sector público y privado con reglas claras.
Además, piden preservar la sostenibilidad de las coberturas, garantizar pagos rápidos, utilizar la innovación para ampliar la cobertura, vincular el aseguramiento con la prevención y la reducción de riesgo, construir estándares y capacidades compartidos y avanzar en un multilateralismo «flexible y orientado a resultados». EFE Verde
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