En el Día Internacional de Acción por los Ríos y contra las grandes presas, Ecologistas en Acción exige la paralización y reversión de los embalses que están produciendo la inundación de valles con gran valor ecológico, el desplazamiento de la población, la pérdida de un elevado patrimonio natural y cultural, así como la represión, criminalización e, incluso, la muerte de quienes se oponen a estos proyectos
La exigencia no puede limitarse únicamente a los embalses contemplados en el Estado español sino que necesariamente debe tener un carácter internacional, pues la construcción de estas obras obedece a una lógica global: el crecimiento económico basado en la construcción de grandes infraestructuras que benefician, principalmente, a intereses empresariales. Ya sean del sector hidroeléctrico, de la construcción, minero, agrícola o financiero. En el pasado siglo se construyeron 50.000 embalses en todo el mundo y actualmente otros miles amenazan a ecosistemas y comunidades.
En el plano internacional, las organizaciones ambientales, campesinas y de pueblos indígenas han venido denunciando los impactos de la presa Belo Monte –donde participa la compañía Iberdrola, a través de Neoenergía, y también la empresa brasileña Vale, financiada por el BBVA– que inundará 1.500 km2 de la Amazonía brasileña y puede generar el desplazamiento de miles de personas, fundamentalmente pertenecientes a pueblos indígenas. Un día como hoy recordamos a Nilce Souza Magalhães “Nicinha”, activista del Movimiento de Afectados por Represas (MAB), que se oponía a la represa de Jirau en el Río Madeira (Brasil) y que fue “desaparecida” el pasado 7 de enero.
Hay también decenas de proyectos hidroeléctricos que se están desarrollando en Centroamérica. Algunos de ellos están generando fuertes impactos ambientales y sociales, muy especialmente en los pueblos indígenas que viven en las zonas afectadas. Ejemplos como Barro Blanco en Panamá, Hidro Santa Cruz en Guatemala y Agua Zarca en Honduras. Esta última está tristemente de actualidad, pues el pasado 3 de marzo asesinaron a la persona que lideraba la oposición al proyecto, Berta Cáceres. Además hirieron al activista Gustavo Castro, todavía retenido en Honduras con el riesgo que supone para su vida.
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