Un nuevo proyecto financiado por la FAO y la Unión Europea impulsa la tenencia responsable para evitar conflictos
27 de mayo de 2016, Bogotá (Colombia) – La FAO y la Unión Europea apoyarán a Colombia en la introducción de buenas prácticas de tenencia de la tierra en comunidades indígenas que viven en zonas naturales protegidas para contribuir a conservar su patrimonio biológico y cultural y promover la paz en el período del postconflicto.
Coincidiendo con la visita al país de la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, el Representante de la FAO en Colombia, Rafael Zavala, y la Embajadora de la Unión Europea en el país, Ana Paula Zacarías, firmaron hoy un acuerdo de colaboración de tres años de duración por valor de 4 millones de euros con el objetivo de ayudar a frenar tendencias como la deforestación o los cambios en los usos del suelo y resolver los conflictos por el uso de la tierra y los recursos naturales.
Ambas instituciones apoyarán al país en el diseño de estrategias que promuevan la implementación de las “Directrices Voluntarias sobre Gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional”, un conjunto de pautas destinadas a ayudar a los gobiernos a salvaguardar los derechos de las personas a la propiedad o acceso a la tierra, los bosques y la pesca.
El proyecto se enmarca en una estrategia más amplia de la FAO y la UE de acompañamiento al gobierno colombiano en la construcción de una paz duradera y el fortalecimiento del desarrollo rural en el escenario postconflicto. Liderado por la FAO, se lleva a cabo en coordinación con socios nacionales clave como el Sistema de Parques Nacionales Naturales, las unidades de Restitución de Tierras (URT) y de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) y WWF Colombia.
“Estamos ante una oportunidad única de revertir décadas de declive en la economía rural, contribuir al progreso económico y social de las zonas rurales y resarcir a las familias afectadas por la violencia. Una mejor gobernanza en áreas protegidas está directamente vinculada a la reducción de los conflictos, al bienestar y a la reconciliación”, afirmó el Director General de la Organización, José Graziano da Silva.
En concreto, el proyecto establecerá mecanismos para fortalecer el diálogo social a nivel local y nacional, se diseñarán estrategias para la gestión de conflictos de gobernanza de la tierra en cinco áreas críticas de los parques nacionales que beneficiarán a familias vulnerables, y se llevarán a cabo al menos tres procesos de restitución de tierras en territorios de comunidades indígenas garantizando sus derechos.
La actuación está en línea con el Plan Nacional de Desarrollo que establece como prioridad del programa “Colombia en Paz”, que pretende integrar el territorio y sus comunidades para contribuir al cierre de brechas sociales y potenciar la inclusión y el acceso a los bienes públicos, servicios sociales e información. La FAO espera que el proyecto contribuya a generar espacios para la paz y la reconciliación de las familias participantes.
Las regiones a las que se otorgará prioridad coinciden con las áreas protegidas por los parques nacionales, con especial atención a las que acogen a comunidades campesinas. Entre otras, los parques nacionales Sierra Nevada de Santa Marta, Catatumbo Barí, Cocuy, La Paya, Nevado del Huila, el Santuario de Fauna Acandí, Playón y Playona.
Trabajo conjunto FAO-Colombia para la promoción de la paz, la seguridad alimentaria y el desarrollo rural
El proyecto firmado hoy es una de las primeras iniciativas del plan de trabajo conjunto que la FAO y el Ministerio de Postconflicto de Colombia firmaron en enero, que establece un mecanismo de cooperación mutua para mejorar la competencia técnica en temas de desarrollo rural, tenencia de la tierra, seguridad alimentaria, y acceso a mercados e infraestructura económica y social.
En particular, la FAO ha puesto a disposición del gobierno de Colombia su liderazgo técnico en materia de políticas de seguridad alimentaria y agraria, con especial énfasis en tres pilares: promoción de una mayor estabilidad en el sistema de tierras, apoyo a la producción agropecuaria en las áreas rurales que determine el gobierno en su política de desarrollo rural y de restitución de tierras, y el apoyo a la erradicación del hambre, la seguridad alimentaria y la lucha contra la desnutrición crónica infantil.
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