Hay una correlación entre las prolongadas sequías y la inseguridad alimentaria en El Salvador, Guatemala y Honduras y el aumento de la migración irregular de ciudadanos de estos países hacia Estados Unidos, reveló un nuevo estudio realizado por el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y otros organismos multilaterales.
Los jóvenes y aquellos que viven en una situación particularmente vulnerable son quienes más tienden a migrar, especialmente aquellos que habitan en el llamado “Corredor Seco”, la zona que atraviesa los tres países centroamericanos más propensa a las sequías.
El informe “Seguridad alimentaria y migración”, demuestra la necesidad de invertir en programas alimentarios a largo plazo para alentar a las personas a quedarse en sus comunidades y así reducir el impacto en sus familias, que se quedan atrás, y, además, evitar los riesgos que sufren los migrantes al emprender viajes peligrosos.
“Los programas de seguridad alimentaria a largo plazo en zonas tan vulnerables como el Corredor Seco centroamericano donde más de 2 millones de personas han estado en situación de inseguridad alimentaria en los últimos 4 años debido a una sequía consecutiva, tienen que implementarse rápidamente para evitar no solamente más vulnerabilidad y más cuestiones humanitarias sino menos migración”, dijo el director regional del PMA para América Latina y el Caribe, Miguel Barreto.
Los familiares de quienes migran se enfrentan a la carga de pagar sus deudas y, si la migración no tiene éxito, estas deudas se agrandan y la inseguridad alimentaria aumenta. Muchos centroamericanos tienen que vender sus tierras, animales y pertenencias para poder comer.
Por otro lado, el 78% de las familias entrevistadas en el estudio aseguraron que reciben remesas y para el 42% son la única fuente de ingresos.
“Las remesas que vienen del exterior después que las personas migran no solucionan el problema”, agregó Barreto.
Más de la mitad del dinero recibido de los emigrantes es utilizado por los miembros de la familia para comprar alimentos, seguido por las inversiones agrícolas -como comprar tierras y animales- e invertir en pequeñas empresas.
El estudio fue financiado y producido conjuntamente por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA), con la colaboración de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Organización de los Estados Americanos (OEA).