La seguridad hídrica de México es uno de los temas más importantes en la agenda pública. La desigualdad de ingreso en México se traduce en desigualdad de acceso a un suministro constante y de buena calidad al agua.
Actualmente, la zona centro–norte del país concentra 27% de la población, genera el 79% del producto interno bruto (PIB) y solo tiene 32% de agua renovable.
Según el Consejo Consultivo del Agua, en la zona sur, donde está el 68% del agua del país, se encuentra únicamente el 23% de la población y se genera el 21% del PIB.
También, un estudio publicado por el Banco Mundial en 2013, asegura que el 8.4% de la población del Valle de México no tiene acceso al servicio de agua.
Esta población es la más carente de recursos y paga por agua un valor promedio de 20 pesos por un tambo de 200 litros, lo cual corresponde a 14 veces lo que pagan por metro cúbico los usuarios conectados al servicio.
Sobre la supuesta privatización del agua en México
El tema de la privatización del agua regresó a la discusión pública porque el presidente Enrique Peña Nieto firmó 10 decretos para la Reserva de Agua.
En estos decretos publicados por el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio, se elimina la veda que existía en el área del Grijalva-Usumacinta, Papaloapan, la Costa de Jalisco, Ameca, el Pánuco, la Costa Grande de Guerrero, San Fernando y Soto la Marina, y Lerma-Santiago.
Lo anterior implica que 300 cuencas hidrológicas (de las 756 que existen) ya no tengan el estatus de veda y que se conviertan en zonas de reserva.
Según el gobierno, “las vedas son aquellas áreas específicas de las regiones hidrológicas, cuencas hidrológicas o acuíferos, en las cuales no se autorizan aprovechamientos de agua adicionales a los establecidos legalmente y éstos se controlan mediante reglamentos específicos, en virtud del deterioro del agua en cantidad o calidad.”