Jofre Carnicer, investigador de la UB en el CREAF junto con Maria Vives y Laura Blanquer, investigadoras predoctorales del CREAF respondían hace unas semanas a esta pregunta que hacía un lector de La Vanguardia. Ellos recomiendan informarse activamente, cambiar progresivamente nuestros comportamientos y poner en práctica un consumo consciente.
Del 2 al 14 de Diciembre se celebró en Katowice (Polonia) la Conferencia de las Partes de la Convención del Cambio Climático.
Se discutió en esta convención mundial como poner en práctica el Acuerdo de Paris de 2015 para limitar el cambio climático a 1.5 º C. El último Informe del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC) ha resaltado la necesidad de una acción coordinada urgente por parte de gobiernos y la ciudadanía, que será de carácter global y sin precedentes en términos de las grandes inversiones económicas implicadas (unos 2.5 trillones anuales de euros sobre un PIB global de 84 trillones, alrededor de un 3% del PIB global).
Para afrontar el reto del cambio global son necesarios grandes cambios estructurales sin precedentes en nuestras sociedades.
¿Dónde estamos en la respuesta global al cambio climático?
A pesar de que en el Acuerdo de Paris de 2015 los países se comprometieron a reducir cuanto antes las emisiones globales hacia una estabilización y un decrecimiento rápido posterior, los datos de 2018 nos indican todavía un aumento global del 2% en las emisiones. Europa es la única región mundial que en 2018 ha conseguido reducir levemente sus emisiones (- 0,7%). España, sin embargo, no sigue la tendencia europea y presenta un incremento del 17% de sus emisiones desde 1990, con aumentos interanuales recientes en el rango del 4% (2016-2017).
En primer lugar, asumen el reto de un cambio de escenario en las emisiones, proponiendo una reducción de cerca del 37% en el periodo 2018-2030, pasando de 330 a 230 millones de toneladas de CO2.
No todo son malas noticias y vemos también cambios positivos en nuestro territorio. El nuevo Ministerio para la Transición Ecológica ha demostrado un cierto liderazgo, con la promoción del Plan Integrado de la Economía y el Clima (presentado a la Comisión Europea en 2018), la Ley de Cambio Climático y Transición Energética (2018-2019), y la propuesta de derogación del impuesto al sol mediante decreto ley también en 2018. Estos avances legislativos eran muy necesarios y suponen compromisos considerables.
En primer lugar, asumen el reto de un cambio de escenario en las emisiones, proponiendo una reducción de cerca del 37% en el periodo 2018-2030, pasando de 330 a 230 millones de toneladas de CO2. En segundo lugar, la implementación efectiva de esta legislación implicaría un aumento de las renovables en el sistema eléctrico de un orden de magnitud, pasando de los 175 megavatios de potencia fotovoltaica instalados en 2017 a cantidades de unos 5000 megavatios de desarrollo anual en energías renovables hasta 2030 (un incremento en un factor de 28 veces).
¿Qué puede hacer la ciudadanía para reducir su huella de carbono?
Sugerimos aquí algunas ideas posibles.
En primer lugar, subir el nivel personal de consciencia y de información ante este problema. Informarse activamente y muy detalladamente del cambio climático, sus impactos previstos en las próximas décadas y las políticas clave necesarias para afrontar este reto global. Identificar y dar soporte las medidas clave existentes ante este reto, como las tasas al carbono, la promoción de la eficiencia energética y las energías renovables, la reducción del consumo. Exigir a los representantes políticos la consecución efectiva y urgente de consensos amplios en un ámbito que será clave y estratégico, que afecta la seguridad, y que requiere de una acción inmediata. Difundir información de calidad en nuestro entorno sobre este problema global, que es altamente complejo y multifacético.
En segundo lugar, cambiar progresivamente nuestros comportamientos y acciones que contribuyen al problema. Podemos por ejemplo muy fácilmente participar en cooperativas de consumo de energía renovable. Estas empresas están ya bien establecidas en el territorio, cuentan en algunos casos con más de 50.000 afiliados que han dado este paso, (como la pionera SomEnergía), disponen de trámites de acceso online muy simples y totalmente seguros, y no suponen sin ningún coste adicional en el consumo eléctrico respecto a otras formas de consumo más conocidas y extendidas. Estas coopertivas permiten además invertir muy fácilmente en proyectos locales de instalación renovables.
Otros pequeños pasos, bien conocidos, que pueden suponer un granito de arena en la buena dirección. Consumir mucho más conscientemente (reducir, reutilizar, reparar, reciclar, priorizar productos locales asociados a prácticas respetuosas con el medio). Optar, en medida de lo posible, por andar o usar la bicicleta, el transporte electrificado de pequeño formato, transporte público o vehículo compartido/comunitario, antes que el vehículo privado de combustión. Reducir el consumo de productos de origen animal y evitar los productos que han recorrido muchos km. Minimizar el derroche alimentario. Replantearse nuestro modelo personal de ocio y el turismo. Hay también miles de lugares, personas e historias por descubrir cerca de nuestras casas.
Se trata, en definitiva, de un gran reto global, sin duda muy difícil pero lleno también de oportunidades, que requerirá un trabajo constante de fomento de la cohesión social, la implementación de políticas valientes de fiscalidad del carbono, y políticas asociadas de redistribución y de soporte social, así como de procesos masivos de información y educación ciudadana.
A escala global y regional, el volumen de recursos económicos que implica la mitigación del cambio climático (2-3 trillones anuales de inversión, una cantidad equivalente a tres veces la economía española) sugiere fuertemente que el proceso requerirá nuevos esquemas fiscales. En este sentido la Escuela de Economía de Paris ha propuesto recientemente cuatro grandes impuestos europeos en un marco integrado (www.tdem.eu), que se aplicarían a las emisiones de carbono (con un precio mínimo de 30 euros por tonelada, sujeto a incrementos anuales), pero también a los beneficios de las grandes empresas, las rentas altas (por encima de los 200.000 euros anuales) y los grandes patrimonios (más de un millón de euros).
Son múltiples y muy elevados los costes de mitigación, adaptación, incluyendo la financiación de la transición energética o la posible emergencia de migraciones humanas asociadas a una creciente escasez de recursos. El tiempo para la acción es ahora.
Por: ECOticias.com / Red / Agencias