La ong española Alianza por la Solidaridad lanza la campaña ‘DesTieRRRadas’ con el objetivo de visibilizar la violencia de género y la desprotección del sistema judicial que sufren algunas defensoras ambientales y para lograr su protección.
Así lo han explicado esta mañana en Madrid la coordinadora de la campaña de la ong española, Almudena Moreno, y Rosa M. Tristán, miembro de la organización, junto a las activistas Ana Rutilia (Guatemala) y Sonia Sánchez (El Salvador).
Campaña DestieRRRadas
Almudena Moreno, Sonia Sánchez, Rosa M. Tristán y Ana Rutilia. EFE/Lourdes Uquillas
La campaña Destierradaspretende lograr, de aquí a tres años, cambios en la legislación y las políticas a nivel nacional e internacional, sobre todo en lo referente a la protección de las mujeres defensoras, la misma que debe tener en cuenta la violencia específica contra las mujeres.
Asimismo, la revisión de las normas/mecanismos ya existentes, que no se cumplen por parte de las empresas: directrices de la OCDE, principios del Global Compact.
La campaña se fundamenta en un informe realizado en Centroamérica, específicamente en El Salvador y Guatemala, que revela que el 54 por ciento de las activistas son agredidas por dirigentes políticos, policías, militares, jueces y fiscales.
Un 13 % son atacadas en sus entornos privados (en su comunidad y organizaciones e incluso en el familiar) acusándolas de abandonar las “labores de su género”.DesTieRRRadas quiere “visibilizar el trabajo de mujeres como Rutilia y Sánchez en la defensa de su tierra y sus bienes naturales”, ha señalado Tristán, porque ésta campaña “forma parte de otra más general iniciada con anterioridad denominada TieRRRA, que aboga por inversiones responsables por parte de las transnacionales cuando trabajan en territorios con poblaciones que puedan ver afectados sus derechos”.
Por ello, Alianza por la Solidaridad demanda al Gobierno español priorice la defensa de las activistas, se contemple en la ley de asilo y se agilicen los mecanismo de protección cuando son amenazadas.
Criminalización de las activistas
Así mismo, Moreno ha hecho un llamamiento para “la movilización social de apoyo de las agrupaciones medioambientalistas y feministas en España y Europa, sobre todo de las más jóvenes para revertir es situación”.
Ana Rutilia, catedrática y candidata a diputada en Guatemala, ha vuelto a denunciar las obras de la hidroeléctrica Renace sobre el río Cahabón, en el departamento Verapaz (norte), construida en parte por la empresa española Cobra del Grupo ACS, del empresario español
Florentino Pérez, presidente del Real Madrid.
Esta hidroeléctrica afecta a más de 29.000 indígenas privándoles del agua del río, frente a lo que Rutilia interpuso un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia de Guatemala.
Rutilia ha denunciado la situación de inseguridad en la que desarrollan su actividad las activistas, y ha lamentado el asesinato en las últimas horas de dos abogados del departamento de Verapaz que se presentaban a las elecciones.
Sonia Sánchez lidera en El Salvador el Movimiento de mujeres de Santo Tomás y lucha desde hace años contra la desaparición de un bosque de más de 30.000 árboles centenarios por el boom del sector inmobiliario.
Presión social
“Ganamos las demandas por la presión social de varios grupos feministas y ambientalistas, no porque la justicia haga lo correcto”, ha aseverado la activista salvadoreña.
Las activistas han coincidido en denunciar su criminalización y la violencia sexual y social que sufren, en muchas ocasiones de sus propios correligionarios.
Para lograr mayor difusión la campaña ha sido también presentada en Bruselas, en el marco de los Días Europeos de Desarrollo de la Comisión Europea, y en los próximos días se presentará en Valencia. EFEverde