GINEBRA, 25 de agosto de 2019 – A medida que las amenazas a las personas y comunidades que defienden sus derechos ambientales y de la tierra se intensifican en muchas partes del mundo, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos han priorizado los esfuerzos para promover y proteger los derechos ambientales y humanos con la firma hoy de un nuevo acuerdo de cooperación.
Las titulares de los dos organismos de la ONU coincidieron en que, aunque más de 150 países han reconocido el derecho humano a un medio ambiente sano en sus constituciones, leyes nacionales y jurisprudencia, o mediante acuerdos regionales, se necesita mucho más trabajo para informar a los responsables políticos, a las instituciones de justicia y al público sobre las diversas medidas que pueden tomar para defender este derecho.
La cooperación reforzada entre ambos organismos tendrá como objetivo impulsar una mejor protección de los defensores de los derechos humanos del medio ambiente y sus familias, que con frecuencia enfrentan violencia, incluidos asesinatos y violencia sexual, campañas de difamación y otras formas de intimidación.
La alianza también alentará una mayor aceptación por parte de los líderes y los gobiernos del derecho humano a un medio ambiente saludable, promoviendo esfuerzos para su reconocimiento global. Buscará aumentar el apoyo a los gobiernos nacionales para promover políticas basadas en los derechos humanos, particularmente en términos de gestión sostenible de los recursos naturales, planificación del desarrollo y acciones para combatir el cambio climático.
Los dos organismos a trabajarán más de cerca para monitorear las amenazas contra los defensores ambientales, abogar por una mejor protección, instar a una rendición de cuentas más efectiva para los perpetradores de violencia e intimidación, desarrollar redes de defensores ambientales de los derechos humanos y promover la participación significativa e informada de los defensores de los derechos y la sociedad civil en la toma de decisiones ambientales.
“Un medio ambiente saludable es vital para cumplir nuestra aspiración de asegurar que las personas en todas partes vivan una vida digna. Debemos frenar la tendencia emergente de intimidación y criminalización de los defensores de la tierra y el medio ambiente, y el uso de leyes contra las protestas y el terrorismo para criminalizar el ejercicio de los derechos que deberían ser protegidos constitucionalmente”, dijo la Directora Ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Inger Andersen, durante la firma del acuerdo en Ginebra.
“Estamos comprometidos a acercar el tema de la protección ambiental a las personas, al ayudar a los actores estatales y no estatales a promover, proteger y respetar los derechos humanos y ambientales. Al hacerlo, avanzaremos hacia un planeta más sostenible y justo”, agregó.
Nuestro planeta está siendo destruido de forma imprudente, y necesitamos urgentemente alianzas mundiales más fuertes para tomar acción para salvarlo, dijo la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Hacemos un llamado a los líderes y gobiernos para que reconozcan que el cambio climático y la degradación ambiental socavan severamente los derechos humanos de sus pueblos, particularmente aquellos en situaciones vulnerables, incluidas las futuras generaciones, señaló.
“Alentamos a cada Estado a desarrollar y aplicar marcos legales nacionales que mantengan los vínculos claros entre un medio ambiente saludable y la capacidad de disfrutar de todos los demás derechos humanos, incluidos los derechos a la salud, el agua, la alimentación e incluso el derecho a la vida”, puntualizó.
“También alentamos firmemente un mayor reconocimiento de que las acciones y el trabajo de los defensores de los derechos humanos ambientales son profundamente beneficiosas para todas las sociedades. Deben estar mejor protegidos contra la amenaza de violencia e intimidación”, finalizó.
Más de tres defensores fueron asesinados en todo el mundo cada semana en 2018, según el último informe de Global Witness. El reporte destaca los peligros continuos que enfrentan aquellos que defienden sus derechos humanos y ambientales en los sectores de la minería, la tala y la agricultura, así como en otras industrias extractivas.
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