El mismísimo Global Risks Report 2020 que acaba de publicar esta institución incluye el cambio climático y la degradación ambiental entre los cinco mayores riesgos actuales para la economía.
Pero esta canción ya la hemos oído. El sistema capitalista es experto en integrar el lenguaje de la calle en su narrativa. Por eso los poderosos de Davos nos hablan estos días de sus esfuerzos para abordar el problema de la “emergencia climática”, de la misma forma que antes asimilaron los conceptos de desarrollo sostenible, economía circular o los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.
Además, este año se está cuestionando el capitalismo “tal como lo conocemos”. La reunión anual de Davos de 2020 nos está dejando titulares como: “Davos se somete a examen el futuro del capitalismo”, “el capitalismo debe reformarse para sobrevivir” o “Davos despide un capitalismo centrado solo en el dividendo”.
Como si de un gran confesionario se tratara, los poderosos del planeta van a Davos a reconocer sus pecados (capitalistas) y asumir la realidad de los profundos desajustes que provoca el actual sistema económico y la globalización.
Pero el propósito de enmienda no incluye acabar con la evasión fiscal, los paraísos fiscales, el fraude, la financiación de los combustibles fósiles, respetar los derechos humanos o ajustar el crecimiento económico a los límites planetarios.
Los y las CEO de algunas grandes empresas españolas también han acudido a Davos a confesar sus pecados, al mismo tiempo que hacen propósito de enmienda y prometen la emisión de bonos verdes, mayor inversión en energías renovables, reciclar mejor, compensar sus emisiones, etc.
En este contexto de irresponsabilidad empresarial, en Greenpeace hemos publicado un nuevo informe titulado La Marca España ante el reto de la Emergencia Ambiental, que resume parte de los resultados de la investigación llevada a cabo durante 2019 sobre el grado de cumplimiento de la Ley 11/2018 en materia de Información No Financiera y Diversidad.
Esta legislación obliga a las grandes empresas a informar sobre aspectos no financieros pero relevantes a la hora de determinar el impacto de la empresa en temas como igualdad, inclusión, sostenibilidad, lucha contra la corrupción y el soborno o fiscalidad.
Esta auditoría utiliza una muestra de 23 grandes empresas españolas líderes en sus respectivos sectores (energético, eléctrico, financiero, construcción, aviación, textil, gran distribución y cárnico) para evaluar, a la luz de esta nueva legislación, cómo reportaron en 2018 las grandes empresas españolas en relación al impacto de sus actividades sobre el medio ambiente y, en concreto, sobre su sistema de gestión ambiental, prevención de la contaminación, economía circular, prevención y gestión de residuos, uso sostenible de los recursos, reducción de emisiones y lucha contra el cambio climático o la protección de la biodiversidad.
La principal conclusión de este informe es que las grandes empresas españolas suspenden en materia de información sobre medio ambiente: la media del grupo de 23 empresas seleccionadas no supera los 35 puntos sobre 100. Muy frecuentemente las empresas utilizan un enfoque publicitario en vez de asumir una obligación real de rendición de cuentas bajo los principios de rigor y transparencia.
Se confunde o se omite la obligación de evaluar el impacto de la actividad empresarial sobre el medioambiente, desglosando la información por países y/o instalaciones, o teniendo en cuenta la compleja cadena de valor de los productos y servicios.
También se confunde el concepto de economía circular con el reciclaje, o se pretende hacer valer la medición del impacto sobre la biodiversidad con las acciones de patrocinio, voluntario ambiental o financiación de proyectos de conservación.
Y hemos constatado que las grandes empresas ocultan sus errores, infracciones, multas y escándalos, o infravaloran los impactos negativos.
En definitiva, y más allá de sus políticas de RSC, sus adhesiones a acuerdos internacionales y sus promesas, las grandes empresas españolas adolecen de un compromiso serio de lucha contra la emergencia ambiental. Aunque varían por empresas y sectores, todas ellas tienen sus particulares “pecados capitalistas”.
Sin abordar el problema del crecimiento económico, desde la óptica de los límites planetarios (ya superados), incluido el carácter finito de los recursos naturales, da igual que el capitalismo se disfrace.
Y mientras este debate se prolonga por foros y tertulias, nuestro sector empresarial español, altamente internacionalizado y con complejas de cadenas de valor a lo largo del planeta y sus habitantes, vive cómodo bajo el nuevo paradigma de un capitalismo tóxico eternamente cuestionado. Exprimimos el planeta pero cuestionamos el capitalismo “tal como lo conocemos”.
Necesitamos pasar de la voluntariedad a la regulación.
Todos los sectores económicos, desde el financiero hasta el textil, pasando por el sector aéreo o la gran distribución, deben estar obligados a rendir cuentas y explicar a la sociedad cuál es el impacto real de su actividad y de sus productos y servicios, qué están haciendo para reducirlo y, llegado el caso, como están reparando el daño causado. Y, si no lo hacen correctamente, deben ser sancionadas.
Esto no resuelve de un plumazo la situación de emergencia ambiental. Pero es obvio que necesitamos más políticas y regulaciones en lugar de acuerdos voluntarios, adhesiones y promesas. Un pequeño paso adelante.
- Autor: Nanqui Soto
- Fuente: Greenpeace
- Imagen de portada: Acción contra la financiación del cambio climático en Davos.
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