Aidesep, la mayor confederación de organizaciones indígenas de la Amazonía peruana, denunció este jueves al Estado peruano ante las Naciones Unidas por el «peligro de etnocidio» al que están expuestos los pueblos nativos de la mayor selva tropical del mundo por la pandemia del COVID-19.
En una carta cursada a los relatores de derechos humanos y de derechos de los pueblos indígenas del sistema de la ONU, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) responsabilizó a las autoridades peruanas de las consecuencias que el coronavirus pueda traer a los nativos amazónicos.
Aidesep, que agrupa a unas 1.800 comunidades nativas, acusó al Gobierno nacional y a los Gobiernos regionales de los 11 departamentos ubicados en la Amazonía peruana de “desatención evidente y reiterada discriminación” en los planes y estrategias para enfrentar el coronavirus.
Para los nativos, la propagación de la pandemia en el territorio peruano puede conllevar un genocidio de sus pueblos “generado por la inacción y discriminación del Estado peruano”.
La Aidesep consideró que el Ejecutivo peruano aún no tiene un plan de atención de poblaciones indígenas para el coronavirus que incluya “una acción sistemática e intercultural”, y lamentó que la prioridad haya sido las ciudades y las empresas.
Contagio en indígenas
La federación indígena recordó que alrededor del 10 % de los más de 20.000 casos de COVID-19registrados hasta ahora en Perú están en el territorio amazónico, que ocupa el 62 % de la superficie del país, con Loreto, la región más grande, como la tercera en número de contagios a nivel nacional.
Para los nativos, la propagación de la pandemia en el territorio peruano puede conllevar un genocidio de sus pueblos “generado por la inacción y discriminación del Estado peruano”. EFE/AIDESEP
En ese sentido advirtieron sobre los primeros casos de contagios comunitarios en población indígena registrados en Perú, una pareja del pueblo shipibo-konibo, en la comunidad nativa de Puerto Bethel, ubicada en la selvática región de Ucayali, que limita con Brasil.
Para las autoridades indígenas, la reacción de las autoridades ha sido “lenta y sin orientación”, pues tres días después de que saltara la alarma llegó una comisión con solo tres pruebas rápidas para una comunidad de 300 habitantes.
El miércoles, la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO) de Perú, adscrita a la Aidesep, advirtió del peligro al que están expuestos los indígenas de la etnia ticuna después de que se hayan registrado los primeros casos de COVID-19 en la triple frontera de Brasil, Colombia y Perú sin que haya control del tránsito de embarcaciones por el río Amazonas.
Por ello la denuncia ante la ONU también aseguró que las fuerzas del orden han sido hasta ahora “incapaces de hacer respetar la norma de cuarentena en diversos puntos de los ríos y carreteras amazónicas”.
Reclaman apoyo internacional
Así, los indígenas amazónicos de Perú solicitaron a la relatora especial de Pueblos Indígenas de la ONU y a la relatora sobre Derechos Indígenas de la Organización de Estados Americanos (OEA) que intervengan ante el Gobierno para que demuestre con qué políticas y acciones ha previsto garantizar la supervivencia de los pueblos indígenas.
También instó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a iniciar una investigación y otorgar una medida cautelar inmediata para que el Gobierno implemente acciones urgentes de emergencia sanitaria y desarrolle medidas de corte social para frenar el avance de la COVID-19 en los territorios indígenas.
Asimismo, reclamaron al Comité Especial de Erradicación de la Discriminación Racial (CERD) de la ONU y a la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEARC) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que se pronuncien y condenen la situación descrita.
Esta denuncia de la Aidesep se enmarca dentro del comunicado conjunto que hicieron las principales confederaciones indígenas de la cuenca amazónica para reclamar a los gobiernos nacionales y a los organismos internacionales protección con un acceso a servicios sanitarios de calidad y con un enfoque intercultural. EFEverde