Por Michelle Carrere / Mongabay Latam en @efeverde.- El Salar de Atacama, ubicado en el desierto que lleva el mismo nombre, al norte de Chile, se ha vuelto foco de atención luego de que las comunidades indígenas del lugar lograran que la justicia les diera la razón en una controvertida disputa contra Sociedad Química y Minera de Chile (SQM), la empresa que explota, desde 1993, la reservas de litio del salar.
En 2016, la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), el organismo del Estado encargado de fiscalizar los permisos ambientales, abrió un proceso sancionatorio contra la empresa luego de comprobar que esta había extraído más salmuera de la permitida, lo cual provocó daños en el ecosistema. La empresa arriesgaba la revocación de su permiso ambiental a menos que presentara un Plan de Cumplimiento mediante el cual pudiera reivindicar cada una de las infracciones cometidas y así lo hizo. La SMA aprobó el plan propuesto por la empresa y el proceso sancionatorio se detuvo.
Las comunidades fueron entonces hasta la justicia exigiendo que se anulara la resolución que aprobaba el Plan de Cumplimiento ya que, según argumentaban, el plan no reparaba el daño hecho. En diciembre de 2019, el Primer Tribunal Ambiental les dio la razón aunque no fue hasta finales de julio pasado que la SMA reactivó el proceso sancionatorio en contra de la empresa.
Mientras tanto, la tensión aumenta en uno de los ecosistemas más frágiles del planeta. Algunas comunidades han firmado acuerdos conciliatorios con la empresa y, por otro lado, la SMA ha encontrado más infracciones ambientales, esta vez de Minera Escondida, que también obtiene agua del salar para su extracción de cobre.
Infracciones
En noviembre del 2016, la Superintendencia de Medio Ambiente —organismo del Estado encargado de fiscalizar los permisos ambientales— inició un proceso sancionatorio en contra de SQM. La empresa había modificado unilateralmente los niveles de activación del Plan de Contingencia, el que debe activarse cuando el nivel de las lagunas alcanzan un cierto umbral para evitar cualquier impacto ambiental. Además, la empresa retiró dos pozos de monitoreo desactivando así los indicadores de alerta.
La Superintendencia de Medio Ambiente formuló cargos en contra SQM siendo lo anterior considerado como “gravísimo”.
Otras cinco infracciones ambientales fueron cometidas por la empresa. Entre ellas, se cuenta la extracción de salmuera por sobre lo autorizado y la afectación progresiva del estado de vitalidad de los algarrobos —uno de los pocos árboles que sobreviven a las extremas condiciones del desierto— sin suspender la operación del proyecto, ni alertar a las autoridades.
También se constató la afectación significativa de las variables de pH y salinidad del suelo, y que la empresa entregó a la autoridad fiscalizadora información incompleta respecto de la extracción de agua dulce, niveles de los pozos y el estado de conservación de las formaciones vegetales.
En respuesta al proceso sancionatorio iniciado por la SMA, la empresa presentó un Programa de Cumplimiento para identificar, reducir o eliminar los efectos adversos provocados por cada una de las infracciones. Además se comprometió a cumplir con lo que estaba estipulado en su permiso ambiental. Dicho programa fue aprobado por la SMA en enero 2019 y, por ende, el proceso sancionatorio se detuvo.
A finales de ese mismo mes, las comunidades indígenas del Salar de Atacama se opusieron a esa decisión e interpusieron una reclamación ante el Primer Tribunal Ambiental para que este dejara sin efecto la resolución de la SMA en la que aprobaba el Plan de Cumplimiento de la empresa.
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