![\"Est\u00e1](\"https:\/\/i0.wp.com\/periodico.unal.edu.co\/uploads\/2023\/septiembre\/PeriodicoUNAL-021023-01am.jpg?w=640&ssl=1\")
Est\u00e1 la necesidad de establecer un enfoque integral y equitativo para abordar la expansi\u00f3n de la agricultura empresarial en la frontera agraria de Colombia. Foto: Archivo Unimedios<\/p>\n\n\n\nEl conflicto principal gira en torno a la expansi\u00f3n de la frontera agraria hacia \u00e1reas protegidas, en donde actividades econ\u00f3micas como la miner\u00eda y la agricultura chocan con los objetivos de conservaci\u00f3n ambiental y con la garant\u00eda del acceso a la tierra y el territorio de comunidades campesinas y \u00e9tnicas. Sin embargo, estas disputas no se limitan a la confrontaci\u00f3n entre la frontera agraria y las \u00e1reas protegidas, sino que se entrelazan con conflictos socioambientales que involucran a las comunidades, empresarios y el propio Estado.<\/p>\n\n\n\n
C\u00e9sar Augusto Giraldo Giraldo |<\/p>\n\n\n\n
Juan Pablo Sandoval Casta\u00f1o | Mag\u00edster en Econom\u00eda, Universidad De Picardie Jules Verne. Profesor e investigador del GSEID de la UNAL<\/p>\n\n\n\n
Vivian Andrea Cantor \u00c1vila | Universidad Nacional de Colombia (UNAL)<\/p>\n\n\n\n
Carlos Alberto Suesc\u00fan Bar\u00f3n | Pontificia Universidad Javeriana*share<\/p>\n\n\n\n
Est\u00e1 la necesidad de establecer un enfoque integral y equitativo para abordar la expansi\u00f3n de la agricultura empresarial en la frontera agraria de Colombia. Foto: Archivo Unimedios<\/p>\n\n\n\n
Colombia es un pa\u00eds pluri\u00e9tnico y multicultural, lo que se refleja en la diversidad de cosmovisiones, pr\u00e1cticas y tradiciones que tienen un impacto directo en la apropiaci\u00f3n territorial. En el pa\u00eds se reconocen cuatro grandes categor\u00edas \u00e9tnicas: los pueblos ind\u00edgenas, las comunidades negras o afrocolombianas, los raizales y palenqueros, y los pueblos rom (gitanos). A pesar de disfrutar de una protecci\u00f3n legal especial, a menudo estas comunidades enfrentan una alta vulneraci\u00f3n de sus derechos, especialmente a nivel social y territorial.<\/p>\n\n\n\n
Adem\u00e1s de las comunidades \u00e9tnicas, los campesinos tambi\u00e9n son un grupo hist\u00f3rico importante en las zonas rurales que este a\u00f1o fueron reconocidos como \u201csujeto de especial protecci\u00f3n constitucional\u201d mediante el Acto Legislativo 01. A pesar de que no todos los habitantes rurales son campesinos, este grupo se distingue de otros actores rurales. Las comunidades campesinas se organizan de diversas formas, y en algunos casos han establecido Zonas de Reserva Campesina (ZRC) para proteger sus derechos territoriales.<\/p>\n\n\n\n
En Colombia la interacci\u00f3n entre la miner\u00eda y los territorios colectivos de comunidades tanto \u00e9tnicas como campesinas ha sido conflictiva. En el pa\u00eds la actividad minera se considera como una figura de macroordenamiento territorial, caracterizada por intereses poderosos y una concentraci\u00f3n significativa de poder pol\u00edtico y econ\u00f3mico. El Estado colombiano ha respondido a las demandas de empresarios nacionales y extranjeros para facilitar la obtenci\u00f3n de t\u00edtulos de explotaci\u00f3n minera, declar\u00e1ndola de inter\u00e9s p\u00fablico y estrat\u00e9gico. Esto ha generado inquietudes, especialmente sobre la consulta previa con las comunidades \u00e9tnicas.<\/p>\n\n\n\n
Uno de los aspectos m\u00e1s preocupantes es la superposici\u00f3n de la titulaci\u00f3n minera con los territorios ind\u00edgenas. Hasta 2018 se hab\u00edan identificado 431 t\u00edtulos mineros que afectaban \u00e1reas de resguardos ind\u00edgenas, involucrando al menos a 34 pueblos ind\u00edgenas y 289.205 hect\u00e1reas. La multinacional AngloGold Ashanti Colombia destac\u00f3 como uno de los principales titulares de estos t\u00edtulos.<\/p>\n\n\n\n
Las comunidades afrocolombianas tambi\u00e9n se han visto afectadas con los 339 t\u00edtulos mineros superpuestos en \u00e1reas de sus territorios \u2013los cuales representan 413.125 hect\u00e1reas\u2013, relacionados especialmente con la extracci\u00f3n de oro. Nuevamente, la empresa AngloGold tuvo una presencia significativa en estos traslapes.<\/p>\n\n\n\n
Las ZRC tampoco han escapado de esta problem\u00e1tica: se identificaron 24 t\u00edtulos mineros en estas \u00e1reas, mayoritariamente relacionados con la extracci\u00f3n de materiales de construcci\u00f3n y carb\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Adem\u00e1s, en territorios \u00e9tnicos y ZRC se observa un creciente n\u00famero de solicitudes de titulaci\u00f3n minera, que a 2018 sumaron 1.587 superpuestas en territorios ind\u00edgenas, 1.114 en territorios afrocolombianos y 96 en ZRC. De igual manera, la extracci\u00f3n de oro sigue siendo el metal de inter\u00e9s principal.<\/p>\n\n\n\n
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Actividades econ\u00f3micas como la miner\u00eda chocan con los objetivos de conservaci\u00f3n ambiental. Foto: Daniel Munoz \/ AFP<\/p>\n\n\n\n
En la historia de Colombia un tema central ha sido la relaci\u00f3n entre la agricultura y la expansi\u00f3n de la frontera agraria. Sin embargo, en los \u00faltimos a\u00f1os esta relaci\u00f3n ha tomado un giro que est\u00e1 generando preocupaci\u00f3n en diferentes sectores, puesto que la agricultura empresarial se est\u00e1 redinamizando en los procesos tradicionales de colonizaci\u00f3n y ocupaci\u00f3n de tierras.<\/p>\n\n\n\n
Uno de los aspectos m\u00e1s destacados de este cambio es la creciente demanda de grandes empresarios por la titulaci\u00f3n o concesi\u00f3n de vastas extensiones de tierras bald\u00edas, especialmente en los l\u00edmites de la frontera agraria. Esto implica una modificaci\u00f3n de las normas que antes priorizaban la titulaci\u00f3n de estas \u00e1reas para campesinos sin tierra o con tierra insuficiente, bas\u00e1ndose en el principio de la funci\u00f3n social y ecol\u00f3gica de la propiedad.<\/p>\n\n\n\n
A partir del an\u00e1lisis cartogr\u00e1fico que cruza las \u00e1reas delimitadas como Zonas de Inter\u00e9s de Desarrollo Rural, Econ\u00f3mico y Social (ZIDRES) con las \u00e1reas de frontera agraria, que seg\u00fan la Unidad de Planificaci\u00f3n Rural y Agropecuaria (UPRA) en 2018 representaba alrededor del 35% del \u00e1rea continental de Colombia, es decir 40 millones de hect\u00e1reas.<\/p>\n\n\n\n
El an\u00e1lisis de las capas de la frontera agr\u00edcola y las \u00e1reas potenciales de las ZIDRES muestra que casi el 19% de las tierras destinadas a actividades agr\u00edcolas, forestales y pecuarias corresponde a ZIDRES, con una gran proporci\u00f3n ubicada en el margen de la frontera agraria.<\/p>\n\n\n\n
Esto plantea desaf\u00edos significativos, ya que la expansi\u00f3n de la agricultura empresarial en estas \u00e1reas tendr\u00eda un impacto ambiental y social importante, similar a lo que ha ocurrido en Brasil, en donde el agronegocio ha contribuido a la p\u00e9rdida de bosques y selvas tropicales. El enfoque de los \u00faltimos gobiernos en el crecimiento del sector agropecuario a trav\u00e9s de proyectos agroindustriales ha transformado a peque\u00f1os y medianos productores en asociados de grandes plantaciones mediante alianzas o agricultura por contrato. Esto se refleja en la Ley 1776 de 2016, que favorece la transferencia de tecnolog\u00eda y la inversi\u00f3n empresarial en \u00e1reas de reciente ocupaci\u00f3n, limitando la expansi\u00f3n de territorios colectivos de comunidades \u00e9tnicas, afrocolombianas y campesinas.<\/p>\n\n\n\n
En este escenario se plantea la posibilidad de que en el futuro se presenten conflictos territoriales, especialmente en \u00e1reas cercanas a territorios colectivos y campesinos. Por ejemplo, se ha identificado un traslape potencial de 101.270 hect\u00e1reas entre \u00e1reas potenciales de ZIDRES y zonas de reserva campesina en proceso de constituci\u00f3n. Para las comunidades negras, este conflicto potencial abarcar\u00eda 11 territorios colectivos en diferentes regiones de Colombia. En el caso de las comunidades ind\u00edgenas, el traslape afectar\u00eda 316 resguardos constituidos y abarcar\u00eda un \u00e1rea de 1.610.588 hect\u00e1reas.<\/p>\n\n\n\n
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En el caso de las comunidades ind\u00edgenas, el traslape afectar\u00eda 316 resguardos constituidos y abarcar\u00eda un \u00e1rea de 1.610.588 hect\u00e1reas. Foto: Jeimi Villamizar – Unimedios<\/p>\n\n\n\n
Estos hallazgos destacan la necesidad de establecer un enfoque integral y equitativo para abordar la expansi\u00f3n de la agricultura empresarial en la frontera agraria de Colombia, considerando tanto las implicaciones ambientales como cuestiones de justicia social y garant\u00eda de derechos territoriales. El desaf\u00edo es encontrar un equilibrio que permita el desarrollo econ\u00f3mico sostenible sin socavar los derechos de las comunidades locales y la protecci\u00f3n del medioambiente.<\/p>\n\n\n\n
En la compleja intersecci\u00f3n entre la frontera agraria y las \u00e1reas protegidas de Colombia se despliega una trama de conflictos ambientales, \u00e9tnicos y territoriales que involucran a diversos actores. Este escenario, caracterizado por tensiones sobre el uso de la tierra, pone de manifiesto la necesidad de establecer un enfoque integral para gestionar estos espacios y las mismas figuras de ordenamiento social y territorial existentes.<\/p>\n\n\n\n
El conflicto principal gira en torno a la expansi\u00f3n de la frontera agraria hacia \u00e1reas protegidas, en donde actividades econ\u00f3micas como la miner\u00eda y la agricultura chocan con los objetivos de conservaci\u00f3n ambiental. Sin embargo, estas disputas no se limitan a la confrontaci\u00f3n entre la frontera agraria y las \u00e1reas protegidas, sino que se entrelazan con conflictos socioambientales que involucran a comunidades ind\u00edgenas, afrocolombianas y campesinas.<\/p>\n\n\n\n
Cada una tiene sus propias caracter\u00edsticas y normativas. Las \u00e1reas protegidas p\u00fablicas incluyen el Sistema de Parques Nacionales Naturales (PNN), las reservas forestales protectoras, los parques naturales regionales, los distritos tanto de manejo integrado como de conservaci\u00f3n de suelos, y las \u00e1reas de recreaci\u00f3n. Por otro lado, las \u00e1reas protegidas privadas se conocen como reservas naturales de la sociedad civil. Todas estas \u00e1reas integran el Sistema Nacional de \u00c1reas Protegidas (SINAP).<\/p>\n\n\n\n
En el caso de las comunidades ind\u00edgenas existe una superposici\u00f3n significativa de resguardos ind\u00edgenas con \u00e1reas de PNN. Estos resguardos no solo representan territorios ancestrales para los pueblos ind\u00edgenas, sino que tambi\u00e9n son vitales para preservar la biodiversidad y los ecosistemas, lo que plantea un desaf\u00edo para conciliar la conservaci\u00f3n ambiental con los derechos de las comunidades ind\u00edgenas.<\/p>\n\n\n\n
Las comunidades afrocolombianas tambi\u00e9n tienen superposici\u00f3n con \u00e1reas del SINAP; considerando que muchas de ellas a\u00fan no tienen titulaci\u00f3n colectiva, la conservaci\u00f3n ambiental restringir\u00eda las actividades econ\u00f3micas que beneficiar\u00e1n a estas comunidades ante una eventual titulaci\u00f3n, creando tensiones adicionales.<\/p>\n\n\n\n
Los campesinos, por su parte, luchan por el reconocimiento de sus derechos en \u00e1reas protegidas. Estos pobladores rurales alegan que necesitan desarrollar sus proyectos de vida en estas tierras, en las que han establecido sus hogares a menudo por la falta de acceso a la propiedad de la tierra en un pa\u00eds con marcadas desigualdades en la tenencia y la formalidad de derechos de propiedad. Sin embargo, las normativas ambientales limitan sus actividades y representa un gran desaf\u00edo para garantizar derechos a las comunidades campesinas al tiempo que se protegen ecosistemas vitales.<\/p>\n\n\n\n
El conflicto en las \u00e1reas protegidas revela la necesidad de abordar equitativamente tanto la conservaci\u00f3n ambiental como los derechos territoriales y las formas de vida de las comunidades \u00e9tnicas y campesinas. La soluci\u00f3n a estos conflictos requiere un enfoque integral que promueva la coexistencia armoniosa entre la conservaci\u00f3n y el desarrollo sostenible, teniendo en cuenta las particularidades de cada grupo involucrado.<\/p>\n\n\n\n
En conclusi\u00f3n, el an\u00e1lisis de los conflictos territoriales en Colombia, especialmente en las zonas de frontera agraria, revela una compleja interacci\u00f3n entre comunidades \u00e9tnicas, campesinas y actividades econ\u00f3micas como la miner\u00eda y la agricultura empresarial.<\/p>\n\n\n\n
Las comunidades \u00e9tnicas y los campesinos, a pesar de contar con protecci\u00f3n legal especial, enfrentan continuamente la amenaza de la superposici\u00f3n de diversas actividades en sus territorios, lo cual plantea desaf\u00edos significativos en t\u00e9rminos de consulta previa y conservaci\u00f3n ambiental.<\/p>\n\n\n\n
La din\u00e1mica de los precios de los commodities, los procesos de ocupaci\u00f3n guiados por el lucro en los m\u00e1rgenes de la frontera tanto por ganancias especulativas como en la producci\u00f3n, as\u00ed como la continuidad en las presiones por el acceso a la propiedad de la tierra y el territorio, seguir\u00e1 moldando los conflictos, los cuales se espera que sean resueltos por v\u00edas pac\u00edficas, raz\u00f3n por la cual la coordinaci\u00f3n y fortalecimiento institucional en todos los niveles y para todos los actores resulta fundamental.<\/p>\n\n\n\n