Las comunidades y pueblos originarios de Guatemala son los que cuidan y conservan la naturaleza, sin embargo sufren “el expolio de sus bienes y recursos”, denuncia el abogado guatemalteco, Juan Carlos Peláez Villalobos, quien ha participado en un encuentro en España.
Peláez Villalobos, es abogado defensor de los derechos indígenas en Guatemala, y ha participado en el foro virtual ‘Expolio y derecho al refugio’, organizado por la Red Acampa de Galicia y en el que han participado también el doctor en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales Pablo José Martínez Osés, profesor asociado en la Universidad Autónoma y en la Universidad Carlos III de Madrid y miembro del colectivo “La Mundial”.
Expolio y devastación por los huracanes
Una joven descansa en el municipio de Santa Ana, Petén. EFE/Esteban Biba/ARCHIVO
El foro se enmarca en el IV Encuentro Internacional Acampa por la paz y Derecho al refugio, que documenta la esquilmación de los recursos en distintos puntos del mundo de la mano del trabajo de fotoperiodistas en la exposición urbana ‘Expolio’, abierta en los jardines de Méndez Núñez de A Coruña hasta el 14 de diciembre y que puede visitarse en la web de la red acampa, www.coruna.redeacampa.org
A la situación de expolio se suma la devastación dejada por los huracanes Eta e Iota a su paso por el Caribe y Centroamérica, que han dejado casi dos centenares de muertos, desaparecidos, millones de damnificados y millonarias pérdidas en infraestructuras que han afectado a territorios de comunidades indígenas quienes llevan años denunciando los perjuicios de la construcción de hidroelécticas y que han coadyuvado a la destrucción dejada por los fenómenos meteorológicos.
Pregunta (P): Los indígenas de los pueblos Mayas-Qéqchi’ llevan denunciando desde hace mucho tiempo cómo el expolio de sus territorios para la construcción de hidroeléctricas destruye su entorno y la biodiversidad de la que ellos son guardianes y les priva de un recurso elemental como el agua. Eso ha quedado patente tras el paso de los últimos huracanes. ¿Es una situación por la que se puede denunciar a las empresas constructoras de esas
macroobras?
Respuesta (R): La responsabilidad de los daños causados por las concesiones de las grandes obras hidroeléctricas en Guatemala debería poder demandarse; sin embargo la cooptación de instituciones públicas y privadas de parte del gran capital haría inviable dicha acción y arreciaría la criminalización de los líderes. En Guatemala no se podría judicializar un caso de dicha naturaleza. Por eso es por lo que los casos que han tenido éxito han sido los planteados en las Cortes de los países de origen de dichas empresas que directa o indirectamente participan en el expolio o despojo.
Consulta previa
P.- Los pueblos indígenas han denunciado que no fueron consultados de forma previa a la realización de esas hidroeléctricas. ¿La legislación de Guatemala contempla alguna sanción para las empresas que incumplen esos mandatos recogidos en las normativas de la OIT y de los derechos de los pueblos indígenas?
R: No, en Guatemala no existe una ley específica de los Pueblos Indígenas, aunque la Constitución promulgada en 1985, en el artículo 70, menciona que habrá una ley específica de Pueblos Indígenas. Pero previo a la ratificación y vigencia del Convenio 169 de la OIT no existe ley que proteja los desmanes del Estado de Guatemala que en connivencia con los empresarios violentan e irrespetan los derechos colectivos de los Pueblos Indígenas.
P: ¿Cuál es la situación de los pueblos indígenas en Guatemala ante esta situación de indefensión respecto a las grandes empresas y multinacionales que llegan a desarrollar actividades empresariales en el país?
Pobreza, desnutrición, desarraigo, criminalización de liderazgos comunitarios, explotación, asesinatos, un medio ambiente devastado. Pero la culpa la tiene el poder político cooptado por el crimen organizado y una sección de empresarios guatemaltecos que ven grandes posibilidades de crecimiento económico a costa de la violación sistemática de los Derechos Colectivos de los Pueblos Indígenas.
Agroindustria y explotación de recursos naturales
Sequía San Andrés, estado Solola (Guatemala). EFE/Juan Manuel Barrero Bueno/ARCHIVO
P: No obstante, existen también otras actividades agroindustriales o las exploraciones de petróleo que perjudican a los pueblos indígenas. ¿Cuál es la situación actual en Guatemala al respecto?
En Guatemala se ha dividido el énfasis del expolio territorialmente: algunos sectores apuestan por el recurso hídrico en tierra alta (que es de mayor presencia indígena) allí apuestan a las hidroeléctricas; en la tierra baja se encuentran las actividades agroindustriales (azúcar, banano, palma aceitera, ganado); en el territorio que oscila del altiplano a la costa tenemos todavía el cultivo del café y cardamomo.
En cuanto al petróleo, el área afectada es en el norte del país, sobre todo en el territorio de El Petén, donde supuestamente están declaradas Áreas Protegidas. Tenemos en sí que contar a las Áreas Protegidas las cuales al ser declaradas legalmente no consideraron la existencia de los Pueblos y Comunidades Indígenas, esto significó que bajo el pretexto de la existencia de un área protegida los Pueblos Indígenas han sufrido expolio de sus territorios y recursos en favor de las entidades públicas o privadas que administran y regentan dichos parques.
Una actividad que actualmente está afectando gravemente los intereses de los Pueblos Indígenas y Pobres en general es el establecimiento territorial de grandes grupos de crimen organizado relacionados con el narcotráfico quienes se asientan y realizan sus actividades de la mano con el Gobierno.
Revisión de los tratados comerciales
P: Francia y algunos países europeos ha pedido no firmar el tratado económico con el Mercosur por las consecuencias ambientales y para la sostenibilidad que suponen los agrocultivos que se desarrollan en países de esa zona del sur de Latinoamérica. ¿Cree que se debe revisar los tratados
comerciales con países donde se producen esas desigualdades y perjuicios para los pueblos nativos?
R: Si, así debería hacerse. Sobre todo en Guatemala donde un 70 % de la población es indígena y son los menos beneficiados de estos tratados.
P: El Acuerdo de París recoge la financiación climática para ayudar a los países menos desarrollados a luchar contra los efectos del cambio climático. ¿Guatemala ha recibido algún tipo de ayuda en ese sentido?
R: Guatemala hasta la fecha no recibe ningún beneficio de REDD MAS Y PLUS de la ONU y del Banco Mundial (BM) y los bonos verdes. No se recibe nada al respecto, salvo aportes pequeños de donantes. Sin embargo, esto vendrá a significar un aporte que recibirá el Estado o sus Entidades afines de índole pública o privada y no redundará ni será recibida por las Comunidades o Pueblos quienes son los que verdaderamente prestan el servicio de conservación y los que sufren el expolio de sus bienes y recursos.
La red Acampa por la Paz y el Derecho a Refugio nació en A Coruña en 2016, con ramificaciones en Madrid, Brasil y Portugal, y es un movimiento sin fines de lucro cuyo objetivo es defender los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho a Refugio. Es una red transversal de la que forman parte sesenta y seis colectivos sociales, culturales, educativos, vecinales, oenegés y organizaciones de defensa de los Derechos Humanos, partidos políticos y agrupaciones sindicales, además de instituciones y empresas con responsabilidad social de la ciudad y del resto del país. EFEverde