Juanita Villaveces NiñoProfesora asociada de la Facultad de Ciencias Económicas (FCE) e investigadora del Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID) de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) Yesenia Parrado RodríguezProfesora ocasional de la FCE
La frase “el tal paro nacional agrario no existe” –dicha por el expresidente Juan Manuel Santos en 2013– dejó marcado el paro, los bloqueos y las manifestaciones de cerca de 200.000 campesinos. Sin embargo, ese año el paro sí existió y logró bloquear las vías del país durante siete días y dejar en claro las demandas de los campesinos.
Así lo analizó el investigador Edwin Cruz en el artículo “La rebelión de las ruanas: el paro nacional agrario en Colombia”1. En ese entonces eran muchos campos, diversos actores y grupos en movimiento. Como resultado del paro, el campesinado se organizó en lo que llamaron dignidades (cafetera, papera, entre otras), y reivindicaron una política agraria para resolver los problemas estructurales del sector, uno de los más golpeados de las muchas violencias de las décadas anteriores.
Ese año también es visto como un punto de inflexión en la protesta social al mostrar la capacidad de organización y acción de un sector que parecía desarticulado, como cuenta el profesor Medófilo Medina en un artículo relacionado con este tema. Así, el paro agrario que sí existió, dejó al descubierto dos temas fundamentales: la capacidad de la protesta social para propiciar cambios –o al menos para dejar de ignorar voces– y las reivindicaciones puntuales para el campesinado, distintas a otras demandas y otros colectivos.
Han pasado ocho años y uno de los resultados tangibles fue el punto 1 del Acuerdo Final de Paz firmado en 2016, concerniente a la Reforma Rural Integral (RRI), que incluye la reivindicación por un cambio estructural para resolver problemas históricos del sector, demanda hecha por el campesinado en 2013. No obstante, la implementación de este punto ha encontrado una serie de obstáculos por el nulo compromiso político del Gobierno del presidente de la República Iván Duque, quien ha limitado la implementación de la RRI a los indicadores mas no al cambio estructural2.
En ese tiempo también se resaltan las afectaciones asociadas con los tratados de libre comercio respecto a la pérdida en los términos de intercambio que favorecen las importaciones de alimentos en detrimento de los productores nacionales. A esto se suma el ciclo recesivo asociado con el COVID-19: en medio de la declarada emergencia sanitaria el Gobierno, en vez de decretar políticas en favor de la producción nacional, amplió mediante Decreto 523 de 2020 la importación de alimentos como la soya, el sorgo y el maíz, lo cual afecta la actividad del campesinado. En resumen, han sido ocho años con logros acordados, pero no implementados, ocho años que acumulan reclamaciones económicas e históricas de los distintos pueblos, poblaciones, comunidades y ciudadanos que coinciden en el mundo rural como territorio, como actividad económica y proyecto de vida.
Como lo analiza el profesor Carlos Duarte, doctor en Sociología del Instituto de Altos Estudios sobre América Latina (IHEAL-París III), dos hechos históricos caracterizan las movilizaciones campesinas3: 1) que en los últimos 20 años los actores de la ruralidad, indígenas, campesinos y negros han sido quienes se han tomado las calles mediante acciones colectivas (sin contar las movilizaciones estudiantiles de 2012 y 2018); 2) que en el campo y su población convergen las condiciones socioeconómicas de vulnerabilidad (con pobreza multidimensional por encima del 42 % en 2020), además de la violencia experimentada históricamente. Así, su participación en el paro actual no es una circunstancia fortuita sino un hilo tejido desde 2013 en el marco de una organización con mayor identidad y reconocimiento y desde hace al menos 20 años, con las reclamaciones dispersas de sus actores.
¿Qué más convoca al campesinado en 2021?
Aunque no se puede hablar de un campo homogéneo, sí se distingue un lenguaje común que los vincula alrededor de los derechos del campesinado, el vínculo con la tierra y la no violencia además del rechazo a las aspersiones aéreas con glifosato en los cultivos de coca, el asesinato a líderes sociales y la precaria implementación del Acuerdo de Paz. También se identifica lo diferenciador, según la comunidad, la agremiación o la ubicación de su gente.
Dentro de lo común sigue estando –y como históricamente– el respeto a los derechos humanos, las garantías para los liderazgos sociales, comunitarios y ambientales, y el cese a la violencia y al conflicto armado.
Dentro de los puntos diferenciadores están los pliegos de exigencias presentadas por diferentes organizaciones campesinas del Cauca en la Mesa de Interlocución y Acuerdos (MIA) departamental; del Caquetá y sur del Meta en la Mesa de Diálogo Campesina de Caquetá y Sur del Meta, y en la Mesa Campesina Agropecuaria y Minera por la Paz, junto con las organizaciones que confluyen en el Catatumbo.
Allí se observa una mirada transversal: la implementación del Acuerdo de Paz respecto al punto 1 (RRI) y al punto 4, solución al Problema de las Drogas Ilícitas, en especial lo relacionado con el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS). Del primer aspecto se retoma la demanda de 2013 sobre soluciones estructurales al problema rural en Colombia, la cual pide que se implemente lo logrado en este punto respecto al acceso a la tierra con garantías, la implementación real de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, dar viabilidad a resoluciones adjudicatarias para los procesos de consolidación de las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) y la coexistencia de modelos productivos como oportunidades para las comunidades y los territorios.
Respecto al PNIS, converge la demanda de que se cumpla la erradicación manual –concertada con la comunidad y con transición productiva– y el rechazo a las fumigaciones con glifosato que se retomaron según Decreto 380 del 2021. Así mismo, exigen la ratificación y el reconocimiento de la declaración de los derechos del campesinado –aprobado por las Naciones Unidas en 2018–, plantean un cese de las políticas lesivas del presidente Duque frente a las reformas que adelanta en materia económica y social y hacen un llamado para el reconocimiento y cumplimiento a acuerdos incumplidos históricamente al campesinado.
Entre los puntos diferenciales resalta que en el Cauca se plantea la implementación integral –bajo una metodología participativa y decisoria del campesinado– del artículo 253 del Plan Nacional de Desarrollo (PND) sobre la Política Pública del Campesinado, el cumplimiento a la Sentencia 2028 de 2018 de la Corte Suprema de Justicia, sobre la inclusión del campesinado en las estadísticas nacionales, la creación de la Dirección de Asuntos Campesinos en el Ministerio del Interior, la ratificación del Acuerdo Regional a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe conocido como Acuerdo de Escazú y la creación de Mesas de Interlocución y Acuerdo (MIA) a nivel municipal.
Entre las prioridades en Caquetá y sur del Meta se encuentra la suspensión del Plan Artemisa (estrategia militar implementada por el presidente Duque desde 2019 para frenar la deforestación), que interviene en conflictos socioambientales y socioterritoriales militarizando los territorios y focalizando también a los habitantes como objetivo militar entrando al territorio con una doctrina de guerra y no de concertación. Así mismo, se plantea el reconocimiento de la Agenda Ambiental Campesina, Étnica y Popular concertada en 2020, como el espacio de mediación, diálogo y tratamiento de estos conflictos. En el caso del Catatumbo y Norte de Santander hay acciones concretas en rechazo de la explotación de producción minera a cielo abierto en la región, de la presencia de militares extranjeros, del asesinato de líderes sociales y desapariciones forzadas presentadas en la frontera colombo-venezolana, y se solicitan acciones concretas para Cúcuta por la pobreza y vulnerabilidad que azota al municipio.
Para las comunidades indígenas en conjunto, el paro nacional de 2021 ha permitido visibilizar la denuncia histórica que desde hace más de 60 años han señalado, y es que sobre las comunidades indígenas no solo recae la violencia del Estado, la violencia paramilitar y judicial, sino también la estigmatización de los medios de comunicación y del Gobierno, promoviendo una cultura racista, clasista, que en vez de evitarla favorece el señalamiento, la exclusión y represión hacia estas.
El 2021 recuerda la enseñanza que ya en el 2013 el campesinado había dado: su existencia, su organización y sus demandas sí existen, el problema ha sido la invisibilización y la espalda que desde el Estado se le ha dado.
La construcción de las demandas es histórica y coyuntural, recogen el descuido en la implementación del Acuerdo de Paz, pero también focalizan sobre la política reciente en sus territorios que desfavorece el entorno por la militarización y erradicación química. Además, se une el clamor por un cambio social y cultural que elimine la discriminación y el desconocimiento por la trayectoria histórica de los pueblos y comunidades del campo colombiano. El campo en movimiento se fortalece con estos paros, su voz muestra que en la agenda será cada vez más complejo ignorar sus demandas.
La historia lo dice y el pueblo lo afirma: para sembrar la paz hay que cumplir con los compromisos acordados. Es hora de aflojar la tierra, la voluntad y respetar los derechos humanos. Es hora de cumplir con un Estado Social de Derecho. Es hora de cumplirle al campo colombiano.
unperiodico.unal.edu.co