Un tercio de los países del mundo carece de estándares de calidad del aire exterior exigidos por ley. Donde existen tales leyes, los estándares varían ampliamente y a menudo no se ajustan a las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Además, al menos 31% de los países que tienen el poder para aplicar tales estándares aún no los han adoptado.
Estos son algunos de los hallazgos clave de la primera evaluación de las leyes y regulaciones sobre calidad del aire en el mundo, realizada por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).
“Regulando la calidad del aire: la primera evaluación global de las legislaciones sobre contaminación del aire”, lanzada antes del Día Internacional del Aire Limpio por un cielo azul, examina la legislación nacional sobre calidad del aire en 194 Estados y la Unión Europea. El informe explora varias dimensiones de los marcos legales e institucionales y evalúa su efectividad para garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad del aire.
El reporte incluye elementos clave para que las legislaciones nacionales consideren un modelo sólido de gobernanza de la calidad del aire y argumenta en favor de un tratado global sobre estándares de calidad del aire ambiental.
La OMS ha identificado la contaminación del aire como el mayor riesgo ambiental para la salud, ya que el 92% de la población mundial vive en lugares donde los niveles de contaminación del aire exceden los límites seguros, lo que afecta de manera desproporcionada a mujeres, niños y ancianos en países de bajos ingresos. Estudios recientes sugieren posibles correlaciones entre el desarrollo de la COVID-19 y la contaminación del aire.
La OMS ha presentado directrices de referencia para la calidad del aire ambiental, pero, como muestra el informe, no existe una alineación global ni un marco legal común para aplicarlos. En al menos 34% de los países, la calidad del aire en exteriores aún no está protegida legalmente. Incluso cuando los estándares se adoptan legalmente, son difíciles de comparar: 49% de los países definen la contaminación del aire exclusivamente como una amenaza al aire libre, la cobertura geográfica de los estándares varía y más de la mitad de los países permiten desviaciones de estos estándares.
Además, la responsabilidad institucional para alcanzar los estándares es débil a nivel mundial: solo 33% de los países imponen obligaciones para cumplir con los estándares exigidos por ley. El monitoreo es fundamental para saber si se están cumpliendo los estándares, pero no es un requisito legal en al menos 37% de los países. Y aunque la contaminación del aire no conoce fronteras, solo 31% de los países tienen mecanismos legales para abordar la contaminación del aire transfronteriza.
“No habrá vacuna para prevenir las siete millones de muertes prematuras causadas por la contaminación del aire cada año, un número que se espera aumente en más de 50% para 2050”, dijo Inger Andersen, directora ejecutiva del PNUMA.
«El aire que respiramos es un bien público fundamental, y los gobiernos deben hacer más para garantizar que sea limpio y seguro», añadió Andersen.
El derecho a un medio ambiente saludable, incluido el aire limpio, es clave para lograr la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible sobre salud, energía limpia y asequible, ciudades sostenibles, producción responsable y vida en ecosistemas terrestres (ODS 3, 7, 11, 12). y 15). En su primera sesión, la Quinta Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEA-5) pidió a los Estados Miembros que actúen en todos los sectores para reducir todas las formas de contaminación del aire.
El estudio demuestra que “incluso los objetivos nacionales de calidad del aire más admirables deben estar respaldados por marcos institucionales sólidos, capacidad de implementación y leyes bien coordinadas, para que sean efectivos”, dice la profesora Eloise Scotford, coautora del informe.
El estudio pide a más países que adopten leyes sólidas sobre la calidad del aire, lo que incluye el establecimiento legal de estándares ambiciosos sobre contaminación del aire interior y ambiental, la mejora de los mecanismos legales para monitorear la calidad del aire, el aumento de la transparencia, la mejora significativa de los sistemas de ejecución y la mejora de la coordinación normativa y de políticas tanto para la contaminación atmosférica nacional como para la transfronteriza.
Tras esta evaluación, el PNUMA ya está trabajando en orientaciones prácticas en el marco del Programa de Montevideo de derecho ambiental para ampliar su asistencia a los países y abordar la crisis de la contaminación del aire. También se está planificando el apoyo técnico directo a los países, lo cual incluye el desarrollo y la implementación de marcos legales para la contaminación del aire, y la creación de capacidades para partes interesadas, incluidos jueces, fiscales y otros funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
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