La creación este mes de una nueva reserva marina en Ecuador asegurará un corredor biológico para especies en peligro de extinción, incluyendo tortugas marinas, mantarrayas, ballenas y tiburones.
La reserva de 60.000 kilómetros cuadrados forma parte del Corredor Marino del Pacífico Este Tropical, que se extiende desde Ecuador hasta Costa Rica, y protegerá la vida marina de las amenazas de la pesca industrial y el cambio climático. La reserva marina Hermandad es de vital importancia ya que forma parte de la ruta transitoria de cría de especies marinas en peligro de extinción.
Conectar mejor las áreas protegidas es uno de los cinco desafíos para mejorar la calidad de la conservación en esta región, que es la más protegida del mundo, con más de 10 millones de km2 en áreas de conservación terrestres y marinas. 24,6% de su superficie terrestre y 23,2% de sus espacios marinos ya están bajo alguna figura de conservación.
“Ahora que el mundo se embarca en la visión de proteger eficazmente 30% de las áreas terrestres y marinas planeta en esta década, América Latina y el Caribe tiene la oportunidad de conservar más y mejor su capital natural, e impulsar de forma conjunta la lucha contra la triple crisis del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación”, dijo Jacqueline Álvarez, directora regional del PNUMA. .
Esta semana, cuando el Foro de Ministras y Ministros de Medio Ambiente de la región se reúne para acelerar la acción hacia el futuro y conmemorar 40 años de cooperación conjunta, revisamos estos desafío.
Mayor representatividad de ecosistemas
A pesar del gran esfuerzo por cumplir las metas internacionales de cobertura de áreas protegidas, esta protección aún no es representativa.
En América Latina y el Caribe se encuentra 24% de las ecorregiones terrestres y 19% de las ecorregiones marinas del mundo, pero sólo la mitad de los biomas presentes en la región alcanzan o superan el 17% de protección.
Algunos ecosistemas, tales como el bosque y el matorral mediterráneo o las praderas y sabanas templadas, están particularmente subrepresentados, según el Informe Planeta Protegido 2020: Latinoamérica y el Caribe, producido por la RedParques, el Centro de Seguimiento de la Conservación Mundial del PNUMA (PNUMA-WCMC), la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y WWF.
Ahora que los países del mundo trabajarán para cumplir las metas del marco mundial de la diversidad biológica post-2020 —lo cual implica ampliar aún más sus áreas protegidas con miras a cubrir el 30% de las superficies marítimas y terrestres—, será crucial priorizar a las especies y ecosistemas en riesgo en una diversidad de paisajes y ecosistemas.
Garantizar la conectividad ecológica
Hay registros que corroboran que, tras pasar dos años con su madre, un joven jaguar puede hacer un viaje de hasta 70 kilómetros para encontrar su propio territorio, conseguir presas y reproducirse. Los investigadores han detectado hasta 26 áreas transfronterizas en donde estos recorridos pueden ocurrir.
Que los ecosistemas se mantengan conectados y protegidos resulta esencial para que los jaguares y otras especies que ofrecen servicios cruciales sigan reproduciéndose.
Pero aproximadamente el 33% de la superficie protegida no goza de una buena conectividad, según el Informe Planeta Protegido 2020 sobre la región, una situación que impide los flujos ecológicos y los intercambios que garantizan la salud de las especies. Su persistencia podría traer como resultado la pérdida de poblaciones locales de especies, un mayor impacto del cambio climático y el posible colapso ecosistémico, advierten los autores.
Para abordar este desafío en el Caribe insular, la Oficina Regional del PNUMA en América Latina y el Caribe alberga la secretaría del Corredor Biológico en el Caribe (CBC), una iniciativa de Cuba, Haití, República Dominicana y, más recientemente, Puerto Rico. Bajo este esfuerzo, que inició en 2007, los países miembros protegen más de 200.000 km2 de ecosistemas marinos y costeros, de los cuales 91% son de importancia para la conectividad.
“Los ecosistemas marinos y costeros del CBC son clave para las rutas migratorias y la reproducción de especies marinas amenazadas como tortugas marinas, tiburones ballena, cachalotes y tiburones oceánicos”, dice José Gerhartz, especialista técnico de la Secretaría del CBC. https://www.youtube.com/embed/SakcqqUgUuo
Medir la efectividad del manejo
El Informe Planeta Protegido 2020: Latinoamérica y el Caribe muestra que menos de la mitad de los más de 50 países y territorios evaluados miden y documentan sistemáticamente la efectividad de sus áreas protegidas.
Mejorar la transparencia y la rendición de cuentas sigue siendo uno de los mayores desafíos para la región. El informe también concluye que el análisis debe realizarse de manera sistemática y periódica y que se debe involucrar a otros actores no gubernamentales, como la academia, para revestir esta labor de transparencia.
Un ejemplo de progreso es la iniciativa transnacional Visión Amazónica, que inició en 2015 para fortalecer e integrar los sistemas de áreas protegidas en los nueve países y territorios de la Amazonía, con el fin de garantizar una mejor conservación del bosque tropical más grande del mundo.
El proyecto desarrolló un protocolo y una guía metodológica para el análisis de la efectividad del manejo de las áreas protegidas, una herramienta que guía a las autoridades a producir datos estandarizados hacia la toma de decisiones basada en la ciencia.
Gobernanza y equidad en la gestión
Compartir el poder sobre las áreas protegidas nos hace “más efectivos, eficientes y justos”, según el informe regional Planeta Protegido 2020.
Según la base de datos Planeta Protegido del PNUMA-WCMC, 60% de las áreas protegidas de la región están bajo la gestión de los gobiernos y los modelos de gobernanza no gubernamentales se encuentran subrepresentados. 14,4% son propiedad privada, 7% son gestionadas por indígenas y una menor cantidad (1%) se gestiona de forma compartida.
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«A medida que enfrentamos la urgencia de combatir la crisis de extinción global, la crisis climática y la desintegración de las comunidades humanas, tenemos que reconocer que, si queremos tener éxito, el liderazgo estatal soberano es insuficiente tanto financiera como estratégicamente. El papel de la filantropía privada e institucional es esencial», dice Kristine Tompkins, presidenta de Tompkins Conservation y embajadora de Áreas Protegidas del PNUMA.
Tompkins Conservation ha sido fundamental en la creación de 13 parques nacionales en Chile y Argentina, conservando 14,8 millones de hectáreas. La organización ve la creación de parques como un punto de partida y trabaja para la restauración de sus ecosistemas. Esto incluye traer de vuelta especies desaparecidas como los jaguares, en los humedales del Iberá de Argentina y el huemul, en peligro de extinción en Chile. Esta reinserción de especies está ayudando a las comunidades locales a prosperar a través de economías basadas en la naturaleza.
La identificación y el reconocimiento de otras medidas de conservación
Alrededor del 35% de los bosques de América Latina se encuentra en zonas ocupadas por pueblos indígenas. Y los territorios indígenas y tribales tienen un promedio de deforestación menor que el resto de los bosques en prácticamente todos los países de América Latina, según la FAO.
Reconocer de forma oficial las medidas de conservación distintas a las estatales, incluyendo la protección de los pueblos indígenas, las comunidades y gobiernos locales, es crucial para aumentar el alcance de la protección de la naturaleza.
Un ejemplo exitoso es el caso Quilombo Kalunga, cuyo territorio se encuentra en parte dentro del Área de Protección Ambiental de Pouso Alto y estaba amenazado por la deforestación ilegal. La comunidad Kalunga junto a organizaciones internacionales georeferenciaron el territorio e identificaron viviendas, cultivos, manantiales y recursos naturales vitales.
En febrero de 2020, el PNUMA-WCMC reconoció el Sitio de Patrimonio Histórico y Cultural de Kalunga como el primer Territorio Indígena de conservación y Área Conservada por Comunidades Locales (TICCA) de Brasil, una categoría que se otorga cuando la comunidad es la principal tomadora de decisiones en su territorio.
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