Estudios de impacto ambiental mal diseñados, o déficit de participación de las comunidades en las consultas previas, evidencian que la aprobación de licencias ambientales en Colombia responde a una marcada agenda extractivista impuesta desde el Estado y sus instituciones.
Desde su creación en 2011, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) ha sido epicentro de controversias. Aunque con su conformación se buscaba alejar el licenciamiento ambiental de los intereses privados –tanto nacionales como extranjeros–, lo cierto es que se ha convertido en uno de los puntos críticos de la política minero-energética del país.
Según los expertos invitados a Análisis UNAL, programa de Radio UNAL (98.5 FM), la Contraloría y las Altas Cortes, como la Constitucional, han evidenciado que este instrumento ha resultado débil para prevenir, mitigar, corregir, compensar y sancionar los daños ambientales.
El profesor Julio Fierro, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), se refirió a cuatro aspectos relacionados con las licencias ambientales.
Según el docente, “la humanidad se encuentra frente al dilema entre el desarrollo y el consumismo a ultranza, que está haciendo pensar que el avance del país es inviable sin la minería, pero sin considerar a las comunidades que son las que reciben los impactos ambientales”.
Con respecto a las comunidades, el abogado Rodrigo Negrete, profesor de la Universidad Externado de Colombia, manifestó que “en Colombia la licencia ambiental es la autorización que permite ejecutar un proyecto o actividad que puede producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al ambiente”.
“Como mecanismo suena muy bien, pues el espíritu de la licencia ambiental busca hacer compatible el crecimiento económico y la conservación ambiental, pero el problema surge en su aplicación”.
Para el académico, además de la falta de integración del sistema, otro aspecto esencial es el déficit de participación ciudadana, que muestra que las audiencias públicas se convirtieron en un mecanismo informativo, y tanto las autoridades locales como las comunidades son convidados de piedra.
Los expertos anotaron que ante el abrumador incremento de solicitudes y explotaciones minero-energéticas, las comunidades y entes territoriales se han valido de los mecanismos de participación contemplados en la Constitución Política de Colombia para ponerle freno a la voracidad con la que llegan los megaproyectos.
La profesora Elizabeth Carvajal Flórez, del Departamento de Geociencias y Medio Ambiente de la Facultad de Minas de la UNAL Sede Medellín, afirmó que “la aplicación de las licencias ambientales tiene un tinte político muy grande, permeado por grupos de poder internacionales, nacionales, regionales y locales, lo que ha dificultado la aplicación real del manejo ambiental, aunque existen otros factores que también influyen.
Según el tablero de participación ciudadana de la ANLA, el 30 % de las reuniones de consulta previa realizadas entre 2011 y 2022 corresponden al sector de hidrocarburos, el 13 % a minería y el 35 % a energía, con mayor concentración en La Guajira y la etapa de identificación de impactos ambientales.
unperiodico.unal.edu.co