El tribunal está profundamente preocupado por el uso de la fuerza por parte de Rusia en Ucrania, que plantea cuestiones muy graves de derecho internacional, y señala que “no está en posesión de pruebas que justifiquen la alegación de la Federación de Rusia de que se ha cometido un genocidio en territorio ucraniano”.
Rusia debe suspender inmediatamente las operaciones militares iniciadas el 24 de febrero pasado en territorio ucraniano, ordenó este miércoles la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el principal órgano judicial de las Naciones Unidas.
Esta es una de las principales conclusiones preliminares de la Corte sobre la solicitud urgente de medidas provisionales presentada el 26 de febrero por Ucrania luego de la incursión militar rusa en su territorio dos días atrás.
Rusia sustentó la invasión en afirmaciones de que el gobierno ucraniano estaba cometiendo un genocidio en Donetsk y Luhansk en virtud de la Convención sobre la prevención y sanción de ese crimen.
Además de la suspensión de las acciones militares, decisión tomada por 13 votos a favor y dos en contra, en la lectura del dictamen, la presidenta de la Corte, la jueza Joan Donoghue, de Estados Unidos, anunció que Rusia debe garantizar, además, que ninguna de sus unidades armadas militares o grupo irregular, organización o individuo que pudiera estar apoyando promueva acciones militares relacionadas con la incursión rusa en cuestión.
En este punto mencionó las declaraciones del embajador ruso ante la ONU en el sentido de que las Repúblicas de Donetsk y de Luhansk le habían pedido apoyo militar a su país.
La tercera medida provisional, respaldada unánimemente por los quince jueces integrantes del jurado, se refiere a que ambas partes deben abstenerse de cualquier acción que pueda agravar o extender o dificultar la disputa.
Al inicio de la sesión, la magistrada presidente indicó que la Corte “está consciente de la magnitud de la tragedia humana que tiene lugar en Ucrania”.
“El tribunal está profundamente preocupado por el uso de la fuerza por parte de la Federación de Rusia en Ucrania, que plantea cuestiones muy graves de derecho internacional”, dijo Donoghue.
UN Photo/ICJ-CIJ/Frank van BeekJueza Joan E. Donoghue, de Estados Unidos, presidenta de la CIJ, en una imagen de marzo de 2021
El tribunal no pide informes a Rusia
Con respecto a la petición ucraniana de dictaminar una medida provisional ordenando a Rusia presentar a la CIJ informes semanales sobre las provisiones tomadas para cumplir con el fallo de hoy, “la Corte se abstiene”, dijo la magistrada.
La jueza recordó que el dictamen preliminar es vinculante y que “de ninguna manera prejuzga la cuestión de la competencia de la Corte para conocer el fondo del caso o de cualquier cuestión relativa a la admisibilidad de la demanda”. Asimismo, apuntó que tanto Ucrania como Rusia tienen derecho a presentar argumentos sobre el tema.
La Corte reportó que Rusia no asistió a la audiencia inicial del caso, celebrada el 4 de marzo, y notó que sus representantes tampoco estaban presentes en la sesión de hoy. No obstante la ausencia, informó haber recibido el 7 de marzo un documento en el que Rusia argumenta que ese órgano judicial no tiene jurisdicción sobre el caso ya que había explicado a la ONU su operación militar por motivos de legítima defensa en Ucrania.
La Corte sí tiene jurisdicción sobre el caso
En este sentido, señaló que la Corte no cuenta con pruebas que respalden las imputaciones que hace Rusia de que Ucrania lleva a cabo un genocidio en Donetsk y Luhansk y añadió que en cualquier caso, es dudoso que la Convención sobre Genocidio otorgue autoridad para el “uso unilateral de la fuerza en el territorio de otro Estado”.
“La Federación de Rusia sostiene que la Corte carece de jurisdicción para ocuparse del caso y le solicita que se abstenga de indicar medidas provisionales y que elimine de su lista el caso”, citó Donoghue de la carta enviada por Rusia.
Agregó, no obstante, que “el tribunal considera que Ucrania tiene un derecho plausible a no ser objeto de operaciones militares” por parte de Rusia y aclaró que “la no comparecencia de uno de los Estados interesados no puede constituir en sí misma un obstáculo” para llegar a un fallo provisional.
“El tribunal concluye que, en principio, tiene jurisdicción de conformidad con el artículo nueve de la Convención sobre Genocidio para analizar el caso”, argumentó Donoghue.
Como Estados parte de la Convención sobre Genocidio, tanto Rusia como Ucrania tienen la obligación de ajustarse a sus términos; sin embargo, según la Corte, “las partes no coinciden en la implementación” del instrumento y Rusia habría usado y abusado de las estipulaciones que contiene.
La Convención sobre el Genocidio fue adoptada el 9 de diciembre de 1948 y tiene 152 Estados parte. Rusia y Ucrania se adhirieron al instrumento en 1954.
news.un.org