El fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya es un fuerte golpe para las comunidades raizales del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que además es producto de una historia en la que ya en el pasado –a través del proceso de colombianización que comenzó a mediados de siglo pasado– produjo una serie de despojos, desarraigos, e impactos culturales y étnicos sobre la población, que hicieron que ellos terminaran siendo una minoría dentro de su propio territorio.
Las comunidades raizales, dependientes de la pesca, afrontan las consecuencias actuales de la carestía generada por la pandemia y la crisis entre Rusia y Ucrania.
En el fallo del pasado jueves 21 de abril, la CIJ fue muy clara sobre la necesidad de que Nicaragua y Colombia negocien un acuerdo que garantice la situación de las poblaciones pesqueras locales en zonas fronterizas. El tribunal determinó que Colombia
En San Andrés y Providencia la actividad de pesca artesanal de los raizales se ha visto afectada por el litigio con Nicaragua. Unimedios- Las relaciones entre las comunidades raizales de San Andrés y Nicaragua se han visto afectadas por el litigio fronterizo.
- Colombia es uno de los pocos países del mundo que han perdido espacios territoriales y marítimos a favor de todos sus vecinos.
- Las comunidades raizales, dependientes de la pesca, afrontan las consecuencias actuales de la carestía generada por la pandemia y la crisis entre Rusia y Ucrania.
- En el fallo del pasado jueves 21 de abril, la CIJ fue muy clara sobre la necesidad de que Nicaragua y Colombia negocien un acuerdo que garantice la situación de las poblaciones pesqueras locales en zonas fronterizas. El tribunal determinó que Colombia
Así lo afirma la profesora Silvia Mantilla Valbuena, de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales Universidad Nacional de Colombia (UNAL), y agrega que lo que se ha visto es que tal situación va en desmedro del sostenimiento de la cultura raizal (lengua, música, arquitectura, gastronomía, etc.). “Es una comunidad que además de vivir ya un poco aislada en su espacio insular, ahora es despojada de esa otra gran parte que componía su espacio vital que es el mar”.
Destaca que, además, después de un litigio internacional entre dos países que se están disputando el control, el dominio y la definición de un espacio limítrofe para los usos más tradicionales de la soberanía, quienes directamente se ven afectadas son las poblaciones y comunidades locales que allí viven y desarrollan una actividad económica. “En el caso de los raizales, la pesca es vital para el sustento diario y para su seguridad alimentaria, ya que esta es el segundo ingreso más importante del Archipiélago después del turismo”.
El profesor Raúl Román, de la UNAL Sede Caribe, considera que “tras el fallo, el Gobierno queda con una deuda histórica aún más grande con el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y sus habitantes”.
“Quedan pocas cosas por hacer más allá de que el Gobierno colombiano, que fue derrotado diplomáticamente, asuma el compromiso de asegurar una buena negociación que garantice el ejercicio de la pesca, especialmente en un momento en el que la carestía generada por los efectos de la pandemia, y la crisis provocada por el conflicto entre Rusia y Ucrania empiezan a amenazar la subsistencia de esta población”.
“Para que dicho acuerdo sea una realidad, el Gobierno colombiano tiene que dejar de lado las disputas ideológicas con el Gobierno nicaragüense, con el único objetivo de garantizar como Estado los derechos de la nación colombiana, que incluye a los raizales, y que además es una obligación dada por la Constitución”.
Según la académica, “en el fallo del pasado jueves 21 de abril, la CIJ fue suficientemente clara sobre la necesidad que tienen Nicaragua y Colombia de sentarse a negociar un acuerdo orientado a garantizar y regularizar la situación de las poblaciones pesqueras locales en zonas fronterizas”.
Señala además que “el Gobierno debería tener el compromiso sólido de negociar este acuerdo, en el cual se deben incluir los raizales, pues ellos son los principales afectados por esta disputa; por lo tanto, las políticas de integración regional y bilateral que se definan deben incluir y reconocer esta matriz cultural y familiar”.
Para la investigadora, el fallo de la Corte es un fuerte golpe para las comunidades raizales del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que además es producto de una historia en la que ya en el pasado –a través del proceso de colombianización que comenzó a mediados de siglo pasado– produjo una serie de despojos, desarraigos, e impactos culturales y étnicos sobre la población, que hicieron que ellos terminaran siendo una minoría dentro de su propio territorio.
Derechos desconocidos
Con respecto a cuál fue el falló de la CIJ en relación con los raizales, la profesora explica que “esta determinó que Colombia tiene la responsabilidad de probar que los raizales han practicado históricamente la pesca artesanal en la actual Zona Económica Exclusiva (ZEE) de Nicaragua, dando lugar a posibles derechos consuetudinarios de explotación que hayan sobrevivido al establecimiento de dicha zona”.
Tal derecho hace referencia al conjunto de costumbres, prácticas y creencias aceptadas como normas obligatorias de la conducta de una comunidad. Forma parte intrínseca de los sistemas sociales y económicos y la forma de vida de los pueblos indígenas y las comunidades locales.
“La implicación más grave es que Colombia fracasó, una vez más, en recoger evidencia histórica suficiente y contundente para defender el supuesto de la ancestralidad de la pesca como derecho consuetudinario. Al evaluar la sentencia, lo que encontramos son pruebas insuficientes, exiguas e imprecisas que impidieron que la Corte pudiera determinar algo sobre la materia”.
“Por otro lado, en relación con el derecho a la pesca, la CIJ mantiene su decisión de que Nicaragua es quien debe decidir –a través de una evaluación de la captura total de los recursos en el mar Caribe– si hay un excedente que se le puede otorgar a Colombia o a los pescadores artesanales de Nicaragua, pero siempre a través del derecho, mediante la firma de un acuerdo o un tratado bilateral”.
“En pocas palabras podemos decir que la Corte desconoció los derechos de pesca de los raizales en dicha Zona, por lo que los deja en un ‘limbo jurídico’ en el que Nicaragua podrá ejercer su derecho a negar esa pesca”, enfatiza la académica.
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