Magnolia Ballesteros-Cabreraprofesora asociada del Departamento de Psicología de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), directora del Grupo de Investigación Estilo de Vida y Desarrollo Humano (GIEVDH) 

Es fundamental la consolidación de un directorio de expertos que facilite el reconocimiento de las herramientas e intervenciones desarrolladas en el contexto colombiano, así como el diálogo y la conformación de grupos interdisciplinares con capacidad de brindar recomendaciones y generar conceptos con base en evidencia de calidad.

Existen mercados ilegales que ofrecen múltiples sustancias, elaboradas en laboratorios clandestinos que incluyen mezclas tóxicas, suplantación y alteración, que aumenta el riesgo para la salud y la vida de quienes las consumen. Crédito: Archivo Unimedios.
Existen mercados ilegales que ofrecen múltiples sustancias, elaboradas en laboratorios clandestinos que incluyen mezclas tóxicas, suplantación y alteración, que aumenta el riesgo para la salud y la vida de quienes las consumen. Crédito: Archivo Unimedios. 

Según la Encuesta Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas (ENCSPA), en 2019 el 9,7 % de la población colombiana entre 12 y 65 años había consumido sustancias psicoactivas ilegales, entre las que se incluyeron dickpopper, marihuana, cocaína, éxtasis, heroína, metanfetaminas, LSD, hongos, yagé, cacao sabanero, ketamina y GHB. Con un 8,30 %, la marihuana es la más consumida entre adolescentes y jóvenes de 12 a 24 años.

Tanto en Colombia como en otros países existen mercados ilegales que ofrecen múltiples sustancias, elaboradas en laboratorios clandestinos que incluyen mezclas tóxicas, suplantación y alteración, lo cual aumenta notablemente el riesgo para la salud y la vida de quienes las consumen. De ahí que el presidente Gustavo Petro en su primera intervención ante el pleno de la Organización de Naciones Unidas (ONU), enviara un mensaje contundente sobre la lucha contra las drogas. 

Según el Observatorio de Drogas de Colombia (ODC), el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de Salud y Protección Social1, en 2016 el 13,84 % de los escolares había consumido alguna sustancia psicoactiva alguna vez en la vida, con una prevalencia de 61,26 % y una edad inicial promedio de 13 años. En términos de prevención, este es un predictor con respecto al mantenimiento del hábito y la aceptación social del consumo, siendo la población joven particularmente vulnerable no solo por su exposición a ambientes sociales promotores del consumo, sino por la búsqueda de nuevas sensaciones y el deseo de aceptación social característico de los jóvenes. 

El reciente estudio sobre mortalidad asociada con el consumo de sustancias psicoactivas (SPA)3 evidenció que en el periodo 2013-2020 se identificaron 28.541 defunciones, lo cual ratifica el consumo como un problema complejo de salud pública, no solo por las consecuencias que genera en los procesos de salud-enfermedad-cuidado, sino por la disponibilidad y variedad de sustancias, retos que exigen estrategias articuladas inter y transdisciplinares de prevención, atención y rehabilitación en diferentes entornos y que cuenten con la participación de diferentes sectores de la sociedad.

Frente a este reto, resulta indispensable aprovechar la evidencia actual para lograr una comprensión biopsicosocial del consumo, con miras a construir intervenciones efectivas ; por ejemplo, en los entornos familiar y educativo la evidencia señala que la ayuda de las escuelas a las familias para fortalecer el involucramiento, el monitoreo y el vínculo parental (todas habilidades que componen la competencia parental), tiene el potencial de contribuir a mejorar el futuro de los adolescentes y jóvenes reduciendo comportamientos de riesgo. Es decir que estos tres constructos son importantes por sus efectos protectores ante conductas de riesgo como el consumo de sustancias psicoactivas, alcohol y tabaco, las relaciones sexuales tempranas, la violencia escolar, y la delincuencia, y también para fomentar hábitos saludables. Existe una asociación importante entre el monitoreo parental expresado en el conocimiento de los padres acerca de las actividades de sus hijos fuera del hogar, y su esfuerzo por solicitar y recibir voluntariamente información de lo que hacen sus hijos4.

También se ha relacionado el involucramiento parental expresado en la participación de los padres en los procesos educativos y las experiencias de sus hijos5. Involucrarse en la vida de los hijos, mantener una comunicación segura y validar emocionalmente son maneras eficaces y oportunas de prevenir el consumo; así mismo, el vínculo parental cobra relevancia por ser un tipo específico de vínculo social que genera relaciones sociales cercanas y de apoyo mutuo, y que afecta positiva o negativamente la felicidad y la satisfacción con la vida6.

Algunas experiencias significativas adelantadas por el Grupo de Investigación Estilo de Vida y Desarrollo Humano (GIEVDH) –del Departamento de Psicología de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL)– en los entornos educativos y comunitarios incluyen el desarrollo de los programas «Pactos por la Vida», para la prevención integral del consumo de alcohol, y «Competencia Social y Salud Escolar»7, este último más destacado por los impactos favorables demostrados en la adquisición y el fortalecimiento de la competencia social.

Desde sus grupos de investigación, la UNAL ha procurado generar alianzas que promuevan la implementación de mejores prácticas basadas en la evidencia para los servicios de prevención, tratamiento y recuperación del uso de sustancias. Con ese objetivo, en mayo pasado algunos grupos vinculados a las Facultades de Medicina, Enfermería, Ciencias y Ciencias Humanas se reunieron para organizar y presentar una propuesta para el desarrollo de un Centro Internacional de Transferencia de Tecnología (ITTC).

Entre las acciones que se adelantan hoy está la suscripción del convenio con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la participación como par asociado en la conformación del capítulo ISSUP Colombia (International Society of Substance Use Professionals), en colaboración con la Corporación Nuevos Rumbos y la Corporación Surgir, y la membresía en el International Consortium of Universities for Drug Demand Reduction (ICUDDR).

Lo anterior es posible gracias a que la Universidad cuenta con fortaleza investigativa en el área de nuevas técnicas de laboratorio para detectar e identificar sustancias; pruebas de tóxicos y biomarcadores, así como en la prevención, el tratamiento y la recuperación de personas con problemas de consumo. Para ello son clave las experiencias y los proyectos que varios docentes y estudiantes de distintas facultades han venido desarrollando en colaboración con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la UNODC, el Ministerio de Salud en el área de adicciones, la Mesa técnica de SPA de la Secretaría de Salud de Bogotá y en la misma Universidad. 

Es por ello que dentro de los retos clave para abordar a corto plazo están la consolidación de un directorio de expertos que facilite el reconocimiento de las herramientas e intervenciones desarrolladas en el contexto colombiano, así como el diálogo y la conformación de grupos interdisciplinares con capacidad de brindar recomendaciones y generar conceptos con base en evidencia de calidad, fundamentar acciones de prevención, tratamiento y rehabilitación que respondan a las realidades particulares de nuestros entornos y a los desafíos impuestos por las nuevas tecnologías.

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