Dolors Armenteras Profesora titular de la Universidad Nacional de Colombia. Directora del grupo de investigación Ecología del Paisaje y Modelación de Ecosistemas (ECOLMOD) y co-presidente del Panel Científico por la Amazonia
María Constanza MezaPh. D. (c) en Ciencias – Biología, Universidad Nacional de Colombia. Investigadora del grupo Ecología del Paisaje y Modelación de Ecosistemas (ECOLMOD)
Se requiere de un realineamiento integral de las políticas públicas, no solo ambientales, sino de apoyo firme a las alternativas para las actividades económicas insostenibles que dominan a la fecha y que en muchos casos se asocian con la pérdida y degradación de bosques en Colombia.
En Colombia la deforestación –o eliminación completa de la cubierta forestal– ha superado los 3 millones de hectáreas en lo que va de siglo XXI, con un aumento del 1,5 % en 2021 respecto a 2020. La tendencia de lo que lleva este año parece indicar un nuevo aumento en 2022 en área deforestada, pero tan preocupante, o más, es que a las hectáreas de bosque perdido se le debe añadir algo que es menos notorio y de lo que no se está hablando: la degradación o la pérdida significativa de la estructura forestal, las funciones y los procesos ecológicos.
¿Cuánta superficie de bosque se ha degradado en Colombia? Algunos estimativos indican que podría ser de alrededor de 3 millones de hectáreas adicionales, y las implicaciones, tremendas, no están en la agenda política del nuevo gobierno. Es cierto que se está percibiendo un giro de timón en las estrategias públicas –fallidas hasta el momento– para revertir la tendencia de deforestación del país. Quizá por ahora este giro ha sido mediático y no estructurado, y hasta ahora solo se han anunciado algunos objetivos y medidas puntuales, que sin duda dan unas señales de hacia dónde se dirige Colombia, pero ahora también es el momento de adicionar la menos visible degradación de bosques.
La protección, gestión sostenible y restauración de los bosques es clave para cumplir las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ahora bien, se requiere de un realineamiento integral de las políticas públicas, no solo ambientales, sino de apoyo firme a las alternativas para las actividades económicas insostenibles que dominan a la fecha y que en muchos casos se asocian con la pérdida de bosques en Colombia. Hoy se requiere, entre otras estrategias, un plan para que se movilicen inversiones e incentivos nacionales en una agenda proactiva clara y concreta. Esta agenda puede ir acompañada de la cooperación global (pero no dependiente de ella), y para eso es necesario una diplomacia sólida, que para el caso de la conservación y el uso sostenible de los bosques incluya una diplomacia científica fortalecida.
En el país las políticas de conservación y desarrollo económico se deben centrar en estabilizar la frontera agrícola, que es donde convergen de forma sinérgica los motores de la deforestación y la degradación forestal. Para eso es necesario fortalecer por ejemplo, las políticas de conservación, que incluyen mejorar tanto las áreas protegidas –a través de una sólida gobernanza local– como los servicios básicos y la infraestructura para definir y hacer cumplir los objetivos de conservación propuestos. Ahora se debe recordar que el control territorial implica mucho más que declarar o fortalecer áreas protegidas; el acceso a la frontera forestal no tiene por qué traducirse en deforestación si las poblaciones locales se benefician de la conservación de los bosques. En este sentido, es necesario evaluar y revisar el impacto en el país de, por ejemplo, la implementación de las Otras Medidas Efectivas de Conservación Basadas en Áreas (OMEC), ya que hasta hoy se cuenta con más de 50 sitios reportados por Colombia.
En un proceso de revisión de políticas e instrumentos aplicados a la fecha, hay que continuar con la evaluación de su impacto de forma integral, buscar los enfoques que aumenten los beneficios de la población local y apoyar una gobernanza descentralizada que pueda conservar los bosques y la biodiversidad de una manera socialmente sostenible.
Sin duda es más urgente mejorar las fuentes de ingreso de las comunidades locales, ya que, por un lado, mientras la conservación sea un gasto y no un beneficio, las personas seguirán talando bosques, y por otro lado, aún con mejoras económicas, para conservar la integralidad de los bosques se deben proteger primero los derechos de las personas que dependen de ellos. Es entonces esencial cuidar a los defensores ambientales y facilitar mecanismos nacionales de protección de la tierra que velen por los derechos de las comunidades alrededor de los bosques.
El “Pacto por los bosques” fue un acuerdo para que los campesinos se comprometieran con procesos de restauración, proyectos productivos y educación ambiental, pero hay más. Es necesario estimular, en donde sea posible, el manejo comunitario de bosques y apoyar de forma tangible el trabajo colaborativo para la aplicación de normas y ejecución de políticas, y así evitar la omisión del cumplimiento de obligaciones institucionales esenciales.
Sin duda, la propuesta de acuerdos sociales con las comunidades en el territorio es una forma de que las múltiples iniciativas que se han venido liderando adquieran más trascendencia en los debates políticos, más fuerza en la implementación, y se abran nuevos espacios de participación a aquellos actores que siguen desarticulados. Estos acuerdos sociales son una oportunidad para descentralizar la toma de decisiones, lo cual sin duda apunta a la gobernanza y traerá nuevos retos, ya que impulsar la gobernanza y gobernabilidad en los territorios llevará a un periodo de transición en el que se pueden desencadenar tensiones en la práctica, dada la asimetría de poderes en los territorios.
Hasta el momento, dentro de las propuestas en estos acuerdos sociales están la de crear alternativas productivas para los campesinos; generar una economía forestal en la que en las áreas protegidas y reservas forestales se proteja el bosque a cambio de que las comunidades puedan tener alternativas económicas viables como el turismo; y volver a los compromisos del Acuerdo de Paz que garanticen la efectividad en estrategias como los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Para que estos acuerdos sociales tengan mayor incidencia, se deben fortalecer iniciativas a las que no se les ha dado la atención que merecen, como la gestión efectiva de los bosques desde una perspectiva de estos como Recursos de Uso Común y Manejo Forestal Sostenible.
Uno de los ejes que propone el nuevo gobierno es fortalecer la capacidad institucional, y sin duda es esencial para mejorar la gestión de la institucionalidad según su misión; sin embargo, la experiencia ha reflejado dos grandes retos que deben ser abordados; el primero referente a la orientación de invertir en capacitar individuos que eventualmente dejan la institución y vuelve a quedar el vacío, lo cual implica la necesidad de diseñar e implementar esquemas de transferencia del conocimiento en de las instituciones para garantizar que quede la capacidad instalada. El segundo, si no se fortalecen las capacidades locales de nada sirve mejorar las capacidades de las instituciones públicas, ya que muchas de las decisiones que orientan la gestión del recurso forestal surgen en la institucionalidad, ignorando la realidad local.
La apertura de diálogos que se está dando en este inicio de gobierno es una oportunidad para recopilar e incorporar la percepción de diferentes actores (comunidades locales, academia, empresa, entre otros). Lo importante es que los diálogos no se queden en una fase de diagnóstico, sino que se incorporen en una ruta de acción, y lo más clave es que las instituciones fortalezcan espacios de diálogo ya existentes y, de ser necesario, se creen nuevos espacios.
En este sentido, el camino es, primero, usar los espacios de diálogo existentes –como las Mesas Forestales o algunas Comisiones Técnicas Nacionales Asesoras–, no solo para enriquecer las relaciones de confianza, sino como una oportunidad para el fortalecimiento conjunto de capacidades bajo un contexto que es dinámico y altamente cambiante. Un trabajo colaborativo y articulado llevaría a que no se sigan desperdiciando décadas de esfuerzo para fortalecer las instituciones.
Nos quedamos en la identificación de problemas
Aunque como país hemos sido capaces de identificar los problemas que acechan a los bosques, y siempre será necesario un monitoreo permanente de las condiciones, las causas y los efectos, está el gran desafío de actuar de manera rápida en las soluciones. El cambio climático y la pérdida de resiliencia de los ecosistemas tienen un ritmo más acelerado que el de la aplicación de estrategias. Volvemos al punto en el que: si las estrategias que se diseñan desconocen la percepción de una amplia gama de actores, no son efectivas en el territorio. Si se debe actuar bajo un principio de precaución, este no se puede confundir con miedo a la innovación.
Hay grandes retos para la implementación en un país que está sumergido en el conflicto, esto para nadie es un secreto, sin embargo, Colombia cuenta con capacidad científica, comunidades organizadas y empresas comprometidas que pueden trabajar de forma articulada para incorporar estrategias innovadoras a múltiples escalas. A través de sus ministerios, el país debe diseñar los incentivos adecuados, no exclusivamente económicos, para impulsar las iniciativas sin importar dónde surjan, que pueden contribuir de forma destacada al cumplimiento de la agenda política de reducción de la deforestación, y otras metas y compromisos nacionales e internacionales.
Reconocer las formas de conocimiento
El reto que tenemos como país es el de reconocer y valorar las diferentes formas de conocimiento, tanto científico como tradicional, e incorporarlo en la toma de decisiones. La academia puede aportar conocimiento técnico y científico para asesorar en la construcción de directrices de gestión acordes con la capacidad local y las sendas de conocimiento ya recorridas por diferentes actores en los territorios. Estos son en últimas quienes pueden o no incorporar en su forma de intervención del bosque aquellas condiciones de manejo que conduzcan a conseguir un desarrollo forestal sostenible, a frenar la deforestación y a evitar la degradación.
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