Giovanni Reyes Moreno profesor asistente, Universidad Nacional de Colombia (UNAL) Sede Orinoquia
Aunque el Acuerdo, recientemente ratificado por Colombia, les ofrece a las comunidades la posibilidad de tomar decisiones directas en proyectos que alteren los ecosistemas naturales de los cuales dependen para su supervivencia, está abierta la posibilidad de que estas sean instrumentalizadas por agrupaciones políticas y grupos armados ilegales con objetivos puntuales de dominio en los territorios del país.
El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, o Acuerdo de Escazú, recoge y contextualiza a la región latinoamericana en los temas de las reuniones de Estocolmo 1972; la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992; el Informe Brundtland de 1987, y la Conferencia de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, o Río+20.
Entre los objetivos de dicho Acuerdo, ratificado por 14 de los 24 países de América Latina y el Caribe que lo firmaron, se encuentran:
- acceso a la información ambiental, por ejemplo, en contextos de proyectos que puedan afectar a ciertas comunidades y sus territorios, como explotación de hidrocarburos y minerales,
- participación pública de todos los actores en la toma de decisiones ambientales, y
- garantías de acceso a la justicia para los defensores ambientales.
Para Alicia Bárcena, secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), dicho tratado es “un hito ambiental, un instrumento multilateral sin precedentes para la protección del ambiente en la región”.
En diversos escenarios la funcionaria ha afirmado que “por ser el primer Acuerdo regional ambiental, y el único de su tipo en contener disposiciones específicas para la promoción y protección de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, se convierte en una herramienta fundamental para la protección de estos”.
El 10 de octubre el Congreso de la República ratificó el Acuerdo de Escazú, y el paso a seguir es que el texto sea conciliado en las dos cámaras legislativas (Senado y Cámara de Representantes) para que pase a sanción presidencial y que luego sea revisado por la Corte Constitucional para que entre en vigencia.
Casi desde el primer momento de entrar en vigor el Acuerdo (el 22 de abril de 2021), en el país se abrió el debate sobre la conveniencia de firmarlo y ratificarlo, debido a aspectos políticos y económicos; algunas voces en contra, como las de las agremiaciones (la Federación Nacional de Avicultores y la Federación Colombiana de Ganaderos), manifestaron que este podría afectar la inversión extranjera, puesto que supone la prevalencia del derecho internacional sobre el orden interno, ello en relación con acciones como las consultas previas exigidas para la concesión de licencias ambientales para proyectos mineros.
Por su parte, algunas voces a favor han manifestado que el Acuerdo genera seguridad jurídica y confianza en los inversionistas, además se fortalecería la gobernanza ambiental, y también han destacado la importancia de que este promueva una integración latinoamericana.
Al analizar e interpretar tales posturas antagónicas se hace necesario llegar a términos medios con la propuesta de proyectos que guarden armonía entre crecimiento económico y sostenibilidad. Si los gobiernos regionales tienen propuestas sólidas de iniciativas sostenibles, sobre todo durante la recuperación económica después de la pandemia, el Acuerdo podría funcionar. Escazú ya es una realidad y su implementación tendrá que llegar a los territorios.
Acceso a información ambiental y mayor voz a las comunidades
Basado en el principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992, en el cual se establece que “el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda”, el Acuerdo alienta al Estado colombiano y a los diferentes actores de la sociedad a jugar con reglas claras en términos de comunicación e información de las cuestiones ambientales dirigidas hacia las comunidades.
Así mismo, dicho principio señala que toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones.
Este aspecto resulta relevante si se tiene en cuenta que son las comunidades que habitan en los territorios y conocen su fortaleza o fragilidad, quienes tienen derecho a conocer las situaciones en los proyectos de intervención de infraestructura, mediante una divulgación verídica y precisa.
Sin lugar a dudas, esta es una herramienta que, si se evita que sea politizada, podría servir para llevar las discusiones ambientales a un mayor grado de complejidad, para que las comunidades comprendan la importancia de los temas ambientales, y así puedan tomar decisiones directas en proyectos que alteren los ecosistemas naturales que los rodean y de los que dependen para su supervivencia.
Sin embargo, está totalmente abierta la posibilidad de que agrupaciones políticas y grupos armados al margen de la ley instrumentalicen a estas comunidades con objetivos puntuales de dominio en los territorios del país. Estas situaciones pueden ser imperceptibles o difíciles de medir, pero a la luz de la realidad nacional es muy probable que sucedan.
Protección a los líderes ambientales
Según la Cepal, otro aspecto valioso del Acuerdo radica en que es el primero en la región, y el único en el mundo, que incorpora disposiciones específicas para garantizar un entorno seguro y propicio para los defensores ambientales, lo que lo convierte en una herramienta internacional que mejoraría la participación ciudadana en tales temas y en la protección de los derechos de quienes ejercen liderazgo.
Aunque se tiende a pensar que las leyes solucionan de manera automática los problemas de las comunidades, se pierde vista que, en 2021, el Observatorio de Conflictos, Paz y Derechos Humanos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) identificó que en el país operan 93 grupos armados ilegales, entre los que se encuentran narco-paramilitares, disidencias de las FARC, la guerrilla del ELN y bandas criminales.
Según Indepaz, de los 146 líderes sociales asesinados en lo corrido del año, 50 han sido líderes comunales (dentro de los cuales se encuentran líderes de derechos humanos y ambientales), por lo que la pregunta que habría que hacerse es: ¿al ratificarse el Acuerdo de Escazú, o cualquier otro, el ataque contra estos líderes terminará o, por lo menos, disminuirá?
Pese a las múltiples directivas, leyes y decretos que protegen a los ciudadanos, el ataque contra los líderes sociales no cesa. La simple ratificación del Acuerdo no tendría por qué generar mayores expectativas para el futuro.
Las herramientas jurídicas para la protección de los ciudadanos están a la mano y con su ejecución se podrían mitigar estos problemas de violencia. De hecho, el artículo 13 de la Constitución reza en su contenido:
Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.
Después de 31 años de vigencia de la Carta Magna esto sigue sin cumplirse.
Seguramente el problema radica en que la violencia tiene raíces profundas que vuelven compleja la situación social, sobre todo en los territorios en donde, pese a que existen valiosos ecosistemas naturales sujetos de protección, siguen alejados de los centros de poder.
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