Digna Irene Urrea Periodista Unimedios
Los habitantes de Charco Gallo, una comunidad indígena del Pacífico, no cuentan con una unidad de servicio médico eficiente que les brinde atención básica ante urgencias frecuentes como mordeduras de serpientes. La Universidad Nacional de Colombia (UNAL) hace una propuesta de diseño que, de ser financiada por el Gobierno, salvaría sus vidas.
Colombia es un país de poblaciones asentadas en lo profundo de su geografía, muchas veces ignoradas por las instituciones y azotadas por la violencia de quienes se aprovechan de tal desprotección. Una de ellas es Charco Gallo, comunidad indígena ribereña perteneciente a Bellavista (antiguo Bojayá), Chocó.
Llegar allí saliendo de Bogotá toma un poco más de dos días, y desde Medellín –donde se hicieron las primeras expediciones médicas– es necesario volar una hora hasta Quibdó, luego abordar una lancha y navegar durante 13 horas por el río Atrato; toda una travesía.
Charco Gallo está conformada por 253 habitantes, 55 casas y 59 familias que forman parte de las nueve comunidades de los Resguardos Uva y Pogue, territorios del tristemente recordado municipio de Bojayá, escenario de una masacre en 2002.
Después de 20 años de ser víctima del conflicto armado su situación no mejora, ya que padece problemas por falta de infraestructura, servicios públicos y un limitado acceso a un sistema de salud que está ocasionando la muerte prematura de niños y personas de la comunidad a causa de desnutrición, infecciones parasitarias y tuberculosis, entre otras afecciones.
A principios de septiembre pasado, la Defensoría del Pueblo señaló a Chocó como el segundo departamento de Colombia con más mortalidad infantil, con 25 menores fallecidos este año por causas asociadas con la desnutrición.
Y a pesar de que las comunidades trabajan en la agricultura sembrando plátano, maíz y arroz, no cuentan con una adecuada alimentación, ya que dependen de diferentes factores, como por ejemplo que no pueden sacar sus cosechas –por los altos costos del transporte o porque los grupos al margen de la ley no se los permiten– y no pueden adquirir otros alimentos complementarios. A esto se suma la escasez de peces por la contaminación del río Atrato, la caza indiscriminada de animales salvajes y el consumo de aguas del río o de quebradas cercanas que utilizan para preparar los alimentos.
Los resguardos indígenas de Bojayá (Chocó) no solo han estado aisladas por selvas y ríos, sino que han sido golpeadas por el desdén del Estado y el conflicto armado.
Las comunidades no cuentan con agua apta para el consumo humano y no saben qué significa el término “agua potable”, un factor que desencadena no solo una profunda crisis sanitaria sino una “masacre de salud pública” que afecta especialmente a niños y adultos mayores. Esta realidad captó la atención de la academia para mitigar el impacto y proponer soluciones para mejorar su calidad de vida.
En este contexto, en 2015 un grupo de profesionales de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia (UdeA), encabezado por el especialista en Salud Pública Sergio Durán García, identificó que en esta zona ribereña la tasa de mortalidad infantil era demasiado alta, con un promedio de 43 niños fallecidos por semestre, y, más grave aún, por causas prevenibles.
Respondiendo a la problemática, el programa de Extensión de la UdeA, financiado por la Asociación de Egresados de Medicina, escogió en 2017 a la Universidad de Antioquia y a la Facultad de Arquitectura de la UNAL Sede Medellín para apoyar con la georreferenciación de estos asentamientos y plantear parámetros básicos de diseño de la infraestructura para una Unidad de Atención en Salud Indígena, un proyecto que mejorará ostensiblemente la calidad de vida de estos chocoanos y les salvará la vida a muchos niños indígenas.
La Escuela de Medios de Representación de la Facultad de Arquitectura de la UNAL Sede Medellín inició un proceso de acompañamiento a las comunidades de Charco Gallo, Tawua y Santa Lucía, en aras de contar con las herramientas geoinformáticas necesarias para visibilizar a la población, y con las características espaciales de sus asentamientos y su composición poblacional.
Para esto, un equipo multidisciplinar –conformado por estudiantes y profesionales de Ingeniería Forestal, Artes Plásticas y de dicha Facultad– viajó al Chocó en septiembre de 2018 para realizar la cartografía social. El levantamiento de la información se hizo mediante el uso de un vehículo aéreo no tripulado a 100 m de altura. Con este material se realizó un mosaico de fotos georreferenciadas de cada una de las tres comunidades, que sirvió como base para la elaboración de los mapas de cada comunidad, las fichas de censo, la caracterización y el diagnóstico.
Con la información recolectada, la UNAL diseñó una unidad médica ajustada a las viviendas autóctonas del territorio, en la cual se emplean plantas como la palma, entre otros materiales.
Esta IPS estaría compuesta por tres tambos: el mayor tendría cubículos para la atención médica, servicios sanitarios y un área de capacitación en prevención de las enfermedades para la población. El paciente solo podría estar allí una noche, para que siga su camino hacia un hospital.
En el tambo intermedio estaría la recepción para clasificar a las personas que requieren el servicio y hacer la valoración médica, además del dispensario de medicamentos, y en el tercero y más pequeño se ubicaría una bodega de suministros, el archivo de las historias clínicas y los baños para el público.
La atención aquí solo sería de nivel básico, como limpiar y curar heridas de mordeduras de culebras, por ejemplo; identificar padecimientos comunes con análisis de sangre en el microscopio; estabilizar a los pacientes con líquidos mediante el acompañamiento por telemedicina y brindar capacitación permanente en manejo de asepsia y mejores prácticas de atención que impactan en la calidad de vida.
En un comienzo la IPS no tendría médicos permanentes, hasta que alguno de los indígenas estudie y vuelva a prestar sus servicios o se consigan practicantes de enfermería.
“Aunque logramos hacer la propuesta, aún no se ha construido. Tendríamos que seguir presentando el proyecto para conseguir más financiación, pues se necesita una inversión grande para hacer un prototipo a escala y una socialización real con las comunidades indígenas para que se apropien del modelo. Además de costoso, el viaje hasta allá es muy complicado. Desde la cabecera de Bellavista es necesario navegar ocho horas en lancha por el río Atrato”, explica Esneda Beatriz Arrieta Neira, docente investigadora y directora de la Escuela de Medios de Representación durante la ejecución del proyecto.
Orlando Chamí Urangama, líder indígena de Charco Gallo, manifestó que su comunidad tiene muchas expectativas con la creación de la IPS, ya que en un futuro solucionaría las necesidades de salud pública de sus paisanos: “nos reunimos con la arquitecta Arrieta en Medellín y acordamos que la Universidad Nacional haría todo lo posible por hacer esto una realidad. Nosotros vamos a seguir trabajando para que el Ministerio de Salud apruebe y financie el proyecto. Tenemos muchas emergencias por enfermedades infecciosas y mordeduras de culebras”.
Explica además que la medicina tradicional ya casi no funciona como antes porque los ancianos que tenían conocimientos ya no están. Resalta que estos saberes ancestrales deben ser rescatados para unirlos con la medicina occidental, lo cual refuerza la necesidad de impulsar un proyecto formulado para las mujeres indígenas que es la creación de un Centro de Saberes Ancestrales para que reciban las enseñanzas de los mayores, cultiven las plantas con valor medicinal y elaboren guías o audios en los que transmitan en su lenguaje el conocimiento a los jóvenes.
Por su parte, el experto en Salud Pública de la UdeA señala que “se deben tener unos tambos de salud en el territorio, dirigidos por ellos mismos con asesoría técnica, teleasistencia y telemedicina. La red de servicios debe ser en el territorio donde está y vive la gente, porque los indígenas que viven en las capitales no tienen problema, son los que viven allá en la selva”.
Galenos y chocoanos coinciden en que parte de sus expectativas están puestas en las reformas a la salud planteadas por el gobierno de Gustavo Petro. Precisamente el pasado 7 de septiembre de 2022, la ministra de Salud y Protección Social, Carolina Corcho, lideró un encuentro con la Subcomisión de Salud de la Mesa Permanente de Concertación, en la que abordó la consolidación y asumió compromisos en torno a emitir un decreto sobre el Sistema Indígena de Salud Propio e Intercultural (Sispi).
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