Santiago de Chile – El nuevo informe de Naciones Unidas Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional 2022 asegura que el 22,5% de las personas en América Latina y el Caribe no cuenta con los medios suficientes para acceder a una dieta saludable. En el Caribe, un 52% de la población ha sido afectada por esta situación; en Mesoamérica este número alcanza el 27,8% y en América del Sur el 18,4%.
La publicación revela que 131,3 millones de personas en la región no pudieron costear una dieta saludable en 2020. Esto representa un aumento de 8 millones con respecto al 2019, a raíz de un mayor costo diario promedio de este tipo de dieta en América Latina y el Caribe comparado con el resto de las regiones del mundo, llegando en el Caribe a un valor de 4,23 USD, seguido de América del Sur y Mesoamérica con 3,61 USD y 3,47 USD, respectivamente.
La falta de acceso económico o asequibilidad de una dieta saludable observada en toda la región también está asociada a diferentes indicadores socioeconómicos y nutricionales. El informe presenta una clara relación con variables como el nivel de ingresos de un país, la incidencia de la pobreza y el nivel de desigualdad.
El reporte reveló también que el aumento de precios internacionales de alimentos experimentado desde 2020, especialmente después del inicio del conflicto en Ucrania, y el alza en la inflación alimentaria que se encuentra por sobre la general, han incrementado las dificultades para que las personas puedan acceder a una dieta saludable.
El informe además incluye recomendaciones y un análisis de políticas para mejorar la disponibilidad y asequibilidad de alimentos nutritivos, principalmente, a fin de apoyar a las personas más vulnerables y a los hogares de bajos ingresos que gastan una mayor proporción de su presupuesto en alimentos.
“Ninguna política por sí sola puede proporcionar la solución a esta problemática. Es necesario reforzar los mecanismos de coordinación nacionales y regionales para responder al hambre y la malnutrición”, señaló Mario Lubetkin, subdirector y representante regional de FAO para América Latina y el Caribe.
El informe es una publicación conjunta de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO); el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA); la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS); el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Programa Mundial de Alimentos (WFP, por sus siglas en inglés) de las Naciones Unidas.
“Para contribuir a la asequibilidad de dietas saludables, se requiere crear incentivos para la diversificación de la producción de alimentos nutritivos dirigidos principalmente a la agricultura familiar y productores y productoras de pequeña escala, medidas para la transparencia de los precios de estos alimentos en los mercados y el comercio, transferencias en efectivo y otras acciones como la mejora de los menús escolares”, concluyó Lubtekin.
Las políticas comerciales y de mercados pueden desempeñar un papel fundamental en la mejora de la seguridad alimentaria y la nutrición, ya que a través de una mayor transparencia y eficiencia se reduce la incertidumbre y se mejora la previsibilidad y estabilidad del comercio agroalimentario inter-regional.
“Hablamos de la región del mundo con la dieta saludable más costosa, lo que afecta particularmente a las poblaciones vulnerables —pequeños agricultores, mujeres rurales y poblaciones indígenas y afro-descendientes—, las cuales destinan un mayor porcentaje de ingresos a la compra de alimentos”, dijo Rossana Polastri, Directora regional del FIDA. “Para revertir esta situación, debemos promover soluciones innovadoras que diversifiquen la producción y aumenten la oferta de alimentos saludables y que mejoren el acceso de los pequeños productores a los mercados y los alimentos de calidad”.
En el informe, se describe también cómo han funcionado algunos programas de protección social sensibles a la nutrición y que resultan imprescindibles para apoyar las dietas de la población más vulnerable, particularmente en situaciones de crisis.
“La inseguridad alimentaria seguirá aumentando por la crisis de los precios de los alimentos y de los combustibles causada por el conflicto en Ucrania y las secuelas de la COVID-19”, dijo Lola Castro, directora regional del WFP. “Debemos actuar ya, pero ¿cómo podemos hacerlo? Apoyando a los gobiernos a expandir las redes de protección social porque la pandemia volvió a demostrar que la protección social es útil para mejorar la asequibilidad a una dieta saludable evitando que crisis como esta golpeen aún más a las poblaciones afectadas”.
Otras políticas alimentarias, como el etiquetado nutricional, el subsidio de alimentos nutritivos y la aplicación de impuestos sobre alimentos de alta densidad energética y mínimo valor nutricional que no contribuyen a dietas saludables, si están bien diseñadas, podrían desempeñar un papel en la asequibilidad de las dietas saludables y prevenir otras enfermedades relacionadas con el sobrepeso y obesidad.
“Debemos redoblar los esfuerzos para abordar la malnutrición en todas sus formas promoviendo políticas públicas para crear entornos alimenticios saludables, eliminar las grasas trans de producción industrial, implementar el etiquetado frontal de advertencia, regular la publicidad de alimentos no saludables, establecer impuestos a las bebidas azucaradas, y apoyar las políticas de alimentación saludable y actividad física en las escuelas”, consideró la directora de la OPS, Carissa F. Etienne. “Comprender los factores que determinan las malas prácticas alimentarias es clave para encontrar soluciones y asegurar que todas y todos en la región puedan acceder a una alimentación saludable”, destacó.
Por ejemplo, los países con mayores niveles de pobreza y desigualdad tienden a presentar mayores dificultades para acceder a una dieta saludable. Esto se asocia directamente con una mayor prevalencia de hambre, desnutrición crónica en niños y niñas y anemia en mujeres de 15 a 49 años.
“Para que los niños y las niñas puedan crecer sanos, no sólo es urgente asegurar la disponibilidad de alimentos nutritivos a precios asequibles. También es necesario desarrollar políticas públicas que garanticen una nutrición adecuada, además de consejería nutricional, focalizando acciones en las poblaciones más vulnerables”, señaló Garry Conelli, director regional de UNICEF para América Latina y el Caribe.
El panorama socioeconómico de América Latina y el Caribe no es alentador; los grupos de población más afectados son los niños y niñas menores de 5 años y las mujeres ya que sufren una mayor prevalencia de inseguridad alimentaria que los hombres.
El número de personas con hambre en la región sigue en aumento
Entre el 2019 y el 2021, la cifra de hambre en la región aumentó en 13,2 millones, alcanzando un total 56,5 millones de personas con hambre en 2021, situación que también fue afectada por el impacto de la pandemia causada por la COVID-19. Un incremento liderado por América del Sur, donde 11 millones de personas adicionales padecieron hambre. Entre 2019 y 2021, el hambre alcanzó una prevalencia del 7,9 % en América del Sur, 8,4% en Mesoamérica y 16,4% en el Caribe.
Con respecto a la inseguridad alimentaria moderada o grave, en 2021 el 40,6% de la población regional experimentó esta situación, en comparación a un 29,3% de la población a nivel mundial. La inseguridad alimentaria severa también es más frecuente en la región (14,2%) que en el mundo (11,7%).
Otras cifras presentadas en el informe señalan que la región registra una importante evolución respecto a la prevalencia de la desnutrición crónica en niños menores de 5 años. En 2020, esta cifra fue del 11,3% en América Latina y el Caribe, aproximadamente 10 puntos porcentuales por debajo del promedio mundial. Sin embargo, 3,9 millones de niños y niñas de hasta 5 años padecen sobrepeso.
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