El conflicto principal gira en torno a la expansión de la frontera agraria hacia áreas protegidas, en donde actividades económicas como la minería y la agricultura chocan con los objetivos de conservación ambiental y con la garantía del acceso a la tierra y el territorio de comunidades campesinas y étnicas. Sin embargo, estas disputas no se limitan a la confrontación entre la frontera agraria y las áreas protegidas, sino que se entrelazan con conflictos socioambientales que involucran a las comunidades, empresarios y el propio Estado.
César Augusto Giraldo Giraldo |
Juan Pablo Sandoval Castaño | Magíster en Economía, Universidad De Picardie Jules Verne. Profesor e investigador del GSEID de la UNAL
Vivian Andrea Cantor Ávila | Universidad Nacional de Colombia (UNAL)
Carlos Alberto Suescún Barón | Pontificia Universidad Javeriana*share
Está la necesidad de establecer un enfoque integral y equitativo para abordar la expansión de la agricultura empresarial en la frontera agraria de Colombia. Foto: Archivo Unimedios
Colombia es un país pluriétnico y multicultural, lo que se refleja en la diversidad de cosmovisiones, prácticas y tradiciones que tienen un impacto directo en la apropiación territorial. En el país se reconocen cuatro grandes categorías étnicas: los pueblos indígenas, las comunidades negras o afrocolombianas, los raizales y palenqueros, y los pueblos rom (gitanos). A pesar de disfrutar de una protección legal especial, a menudo estas comunidades enfrentan una alta vulneración de sus derechos, especialmente a nivel social y territorial.
Además de las comunidades étnicas, los campesinos también son un grupo histórico importante en las zonas rurales que este año fueron reconocidos como “sujeto de especial protección constitucional” mediante el Acto Legislativo 01. A pesar de que no todos los habitantes rurales son campesinos, este grupo se distingue de otros actores rurales. Las comunidades campesinas se organizan de diversas formas, y en algunos casos han establecido Zonas de Reserva Campesina (ZRC) para proteger sus derechos territoriales.
Titulación minera en territorios de comunidades étnicas y campesinas
En Colombia la interacción entre la minería y los territorios colectivos de comunidades tanto étnicas como campesinas ha sido conflictiva. En el país la actividad minera se considera como una figura de macroordenamiento territorial, caracterizada por intereses poderosos y una concentración significativa de poder político y económico. El Estado colombiano ha respondido a las demandas de empresarios nacionales y extranjeros para facilitar la obtención de títulos de explotación minera, declarándola de interés público y estratégico. Esto ha generado inquietudes, especialmente sobre la consulta previa con las comunidades étnicas.
Uno de los aspectos más preocupantes es la superposición de la titulación minera con los territorios indígenas. Hasta 2018 se habían identificado 431 títulos mineros que afectaban áreas de resguardos indígenas, involucrando al menos a 34 pueblos indígenas y 289.205 hectáreas. La multinacional AngloGold Ashanti Colombia destacó como uno de los principales titulares de estos títulos.
Las comunidades afrocolombianas también se han visto afectadas con los 339 títulos mineros superpuestos en áreas de sus territorios –los cuales representan 413.125 hectáreas–, relacionados especialmente con la extracción de oro. Nuevamente, la empresa AngloGold tuvo una presencia significativa en estos traslapes.
Las ZRC tampoco han escapado de esta problemática: se identificaron 24 títulos mineros en estas áreas, mayoritariamente relacionados con la extracción de materiales de construcción y carbón.
Además, en territorios étnicos y ZRC se observa un creciente número de solicitudes de titulación minera, que a 2018 sumaron 1.587 superpuestas en territorios indígenas, 1.114 en territorios afrocolombianos y 96 en ZRC. De igual manera, la extracción de oro sigue siendo el metal de interés principal.
Actividades económicas como la minería chocan con los objetivos de conservación ambiental. Foto: Daniel Munoz / AFP
La agricultura empresarial y la disputa por la frontera agraria
En la historia de Colombia un tema central ha sido la relación entre la agricultura y la expansión de la frontera agraria. Sin embargo, en los últimos años esta relación ha tomado un giro que está generando preocupación en diferentes sectores, puesto que la agricultura empresarial se está redinamizando en los procesos tradicionales de colonización y ocupación de tierras.
Uno de los aspectos más destacados de este cambio es la creciente demanda de grandes empresarios por la titulación o concesión de vastas extensiones de tierras baldías, especialmente en los límites de la frontera agraria. Esto implica una modificación de las normas que antes priorizaban la titulación de estas áreas para campesinos sin tierra o con tierra insuficiente, basándose en el principio de la función social y ecológica de la propiedad.
A partir del análisis cartográfico que cruza las áreas delimitadas como Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (ZIDRES) con las áreas de frontera agraria, que según la Unidad de Planificación Rural y Agropecuaria (UPRA) en 2018 representaba alrededor del 35% del área continental de Colombia, es decir 40 millones de hectáreas.
El análisis de las capas de la frontera agrícola y las áreas potenciales de las ZIDRES muestra que casi el 19% de las tierras destinadas a actividades agrícolas, forestales y pecuarias corresponde a ZIDRES, con una gran proporción ubicada en el margen de la frontera agraria.
Esto plantea desafíos significativos, ya que la expansión de la agricultura empresarial en estas áreas tendría un impacto ambiental y social importante, similar a lo que ha ocurrido en Brasil, en donde el agronegocio ha contribuido a la pérdida de bosques y selvas tropicales. El enfoque de los últimos gobiernos en el crecimiento del sector agropecuario a través de proyectos agroindustriales ha transformado a pequeños y medianos productores en asociados de grandes plantaciones mediante alianzas o agricultura por contrato. Esto se refleja en la Ley 1776 de 2016, que favorece la transferencia de tecnología y la inversión empresarial en áreas de reciente ocupación, limitando la expansión de territorios colectivos de comunidades étnicas, afrocolombianas y campesinas.
En este escenario se plantea la posibilidad de que en el futuro se presenten conflictos territoriales, especialmente en áreas cercanas a territorios colectivos y campesinos. Por ejemplo, se ha identificado un traslape potencial de 101.270 hectáreas entre áreas potenciales de ZIDRES y zonas de reserva campesina en proceso de constitución. Para las comunidades negras, este conflicto potencial abarcaría 11 territorios colectivos en diferentes regiones de Colombia. En el caso de las comunidades indígenas, el traslape afectaría 316 resguardos constituidos y abarcaría un área de 1.610.588 hectáreas.
En el caso de las comunidades indígenas, el traslape afectaría 316 resguardos constituidos y abarcaría un área de 1.610.588 hectáreas. Foto: Jeimi Villamizar – Unimedios
Estos hallazgos destacan la necesidad de establecer un enfoque integral y equitativo para abordar la expansión de la agricultura empresarial en la frontera agraria de Colombia, considerando tanto las implicaciones ambientales como cuestiones de justicia social y garantía de derechos territoriales. El desafío es encontrar un equilibrio que permita el desarrollo económico sostenible sin socavar los derechos de las comunidades locales y la protección del medioambiente.
Las áreas protegidas
En la compleja intersección entre la frontera agraria y las áreas protegidas de Colombia se despliega una trama de conflictos ambientales, étnicos y territoriales que involucran a diversos actores. Este escenario, caracterizado por tensiones sobre el uso de la tierra, pone de manifiesto la necesidad de establecer un enfoque integral para gestionar estos espacios y las mismas figuras de ordenamiento social y territorial existentes.
El conflicto principal gira en torno a la expansión de la frontera agraria hacia áreas protegidas, en donde actividades económicas como la minería y la agricultura chocan con los objetivos de conservación ambiental. Sin embargo, estas disputas no se limitan a la confrontación entre la frontera agraria y las áreas protegidas, sino que se entrelazan con conflictos socioambientales que involucran a comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas.
En Colombia, las áreas protegidas se dividen en públicas y privadas
Cada una tiene sus propias características y normativas. Las áreas protegidas públicas incluyen el Sistema de Parques Nacionales Naturales (PNN), las reservas forestales protectoras, los parques naturales regionales, los distritos tanto de manejo integrado como de conservación de suelos, y las áreas de recreación. Por otro lado, las áreas protegidas privadas se conocen como reservas naturales de la sociedad civil. Todas estas áreas integran el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP).
En el caso de las comunidades indígenas existe una superposición significativa de resguardos indígenas con áreas de PNN. Estos resguardos no solo representan territorios ancestrales para los pueblos indígenas, sino que también son vitales para preservar la biodiversidad y los ecosistemas, lo que plantea un desafío para conciliar la conservación ambiental con los derechos de las comunidades indígenas.
Las comunidades afrocolombianas también tienen superposición con áreas del SINAP; considerando que muchas de ellas aún no tienen titulación colectiva, la conservación ambiental restringiría las actividades económicas que beneficiarán a estas comunidades ante una eventual titulación, creando tensiones adicionales.
Los campesinos, por su parte, luchan por el reconocimiento de sus derechos en áreas protegidas. Estos pobladores rurales alegan que necesitan desarrollar sus proyectos de vida en estas tierras, en las que han establecido sus hogares a menudo por la falta de acceso a la propiedad de la tierra en un país con marcadas desigualdades en la tenencia y la formalidad de derechos de propiedad. Sin embargo, las normativas ambientales limitan sus actividades y representa un gran desafío para garantizar derechos a las comunidades campesinas al tiempo que se protegen ecosistemas vitales.
El conflicto en las áreas protegidas revela la necesidad de abordar equitativamente tanto la conservación ambiental como los derechos territoriales y las formas de vida de las comunidades étnicas y campesinas. La solución a estos conflictos requiere un enfoque integral que promueva la coexistencia armoniosa entre la conservación y el desarrollo sostenible, teniendo en cuenta las particularidades de cada grupo involucrado.
En conclusión, el análisis de los conflictos territoriales en Colombia, especialmente en las zonas de frontera agraria, revela una compleja interacción entre comunidades étnicas, campesinas y actividades económicas como la minería y la agricultura empresarial.
Las comunidades étnicas y los campesinos, a pesar de contar con protección legal especial, enfrentan continuamente la amenaza de la superposición de diversas actividades en sus territorios, lo cual plantea desafíos significativos en términos de consulta previa y conservación ambiental.
La dinámica de los precios de los commodities, los procesos de ocupación guiados por el lucro en los márgenes de la frontera tanto por ganancias especulativas como en la producción, así como la continuidad en las presiones por el acceso a la propiedad de la tierra y el territorio, seguirá moldando los conflictos, los cuales se espera que sean resueltos por vías pacíficas, razón por la cual la coordinación y fortalecimiento institucional en todos los niveles y para todos los actores resulta fundamental.
* Documento elaborado a partir del artículo publicado en la revista Cuadernos de Economía titulado “La frontera agraria en disputa: análisis de algunos conflictos territoriales sobre comunidades étnicas y campesinas en Colombia”
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