A pesar de la apertura de las embajadas y de los tímidos acercamientos a alguna solución, las problemáticas asociadas con el tráfico tanto de drogas como de migrantes, además de los problemas de conectividad entre los territorios y la inseguridad para los pescadores en la zona requieren acciones de entendimiento y cooperación internacional para que el territorio raizal, hoy dividido, no se convierta en una de las fronteras más peligrosas de la región.
10 de octubre de 2023
Silvia Elena Torres | * Magíster en Estudios del Caribe, docente e investigadora en temas de género.share
La limitación en la navegación de los pobladores del Archipiélago en el gran Caribe ha dificultado la sobrevivencia material de los pescadores nativos. Fuente: archivo Unimedios
El nuevo fallo emitido por la Corte Internacional de la Haya deja en manos de los países el diálogo sobre aspectos como: las familias transnacionales e interétnicas; los derechos de pesca y la reserva de biosfera transfronteriza; y el daño al proyecto de vida de las mujeres y los jóvenes isleños. A pesar de la apertura de las embajadas, las problemáticas asociadas con el tráfico de drogas, migrantes, problemas de conectividad entre los territorios y la seguridad en la zona para los pescadores son temas pendientes por resolver.
Las afectaciones que a largo plazo ha tenido el conflicto colombo-nicaragüense en el proyecto de vida de mujeres y jóvenes en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina requiere la mirada de los actores sociales –hombres y mujeres– del territorio insular y teniendo en cuenta las relaciones históricas y de larga data entre los raizales del Archipiélago y los habitantes de la costa de Mosquitia, quienes tenían vínculos familiares y aún sostienen relaciones importantes vía marítima, a pesar de la falta de conectividad aérea directa.
Geográficamente, las islas forman parte del corredor de lo que se denomina Caribe Occidental, con fuertes conexiones entre las islas y los bordes continentales conformados por Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua y Honduras. Políticamente, desde 1789 las islas eran administradas por el virreinato de la Nueva Granada, aunque la mayoría de sus habitantes eran colonos ingleses y su población esclavizada. Las relaciones comerciales y culturales eran fuertes entre las islas con Panamá y las islas y territorios ubicados costa de Mosquitia, hoy territorios nicaragüenses.
La emancipación de 1834 fortaleció los vínculos entre libertos de estos territorios, pero acontecimientos como la anexión de las islas a la Gran Colombia en 1823, la separación de Panamá 1903 y el Tratado Esguerra-Bárcenas de 1928, suscrito entre Colombia y Nicaragua, marcaron la retira oficial del Estado colombiano de sus pretensiones y soberanía de la Costa de Mosquitia e islas adyacentes, sin embargo, reiteraba la pertenencia del Archipiélago y las islas hasta el meridiano 82 a Colombia, hasta el fallo de la Haya de 2021, que le entregó aproximadamente 75.000 kilómetros de mar a Nicaragua y encalló parte del Archipiélago en territorio nicaragüense.
Más allá de estos antecedentes legales y normativos, analizo la forma en que estos antecedentes por los territorios han afectado de cuatro maneras a la población de las islas, en especial a las mujeres y jóvenes en cuatro situaciones específicas de la siguiente manera:
- Los últimos descendientes: cuando se firmó el tratado Esguerra-Bárcenas entre Colombia y Nicaragua (1928) había muchas personas con cédula colombiana viviendo en Bluefields, y lo mismo pasaba en San Andrés, en donde muchas personas de nacionalidad colombiana nacidos en Bluefilds tenían sus hogares. Esta situación nunca fue abordada por el Estado colombiano ni se reconoció la vinculación cultural y familiar del pueblo insular colombiano con Centroamérica, y por lo tanto no hubo ningún tipo de reparación frente a las separaciones.
- Las familias transnacionales e interétnicas: a pesar de la existencia de las fronteras, el pueblo raizal en el Archipiélago siempre mantuvo muchos vínculos con los pobladores de la costa Caribe de Panamá y Nicaragua. En la actualidad se conservan familias que tienen miembros de varias nacionalidades entre la colombiana, la nicaragüense y la panameña especialmente.
No obstante, el Estado colombiano no ha adelantado ninguna acción específica, no existe ninguna política exterior que reconozca esta multinacionalidad como sí la hay, por ejemplo, para el caso de la etnia indígena wayú, que habita entre Maicao en Colombia y Maracaibo en Venezuela. Esta política les permite a los indígenas la posibilidad de transitar entre ambos países con libertad y mantener sus vínculos.
Se han perdido vidas, hay desaparecidos en alta mar y presos que están en cárceles de Centroamérica y Estados Unidos. Fuente: archivo Unimedios
- Derechos de pesca y la reserva de biosfera transfronteriza: la limitación en la navegación de los pobladores del Archipiélago con sus iguales en el gran Caribe, provocado por el fallo de La Haya en 2012, ha dificultado gravemente la sobrevivencia material de los pescadores nativos y se ha limitado aún más la posibilidad de que exista protección ambiental real sobre estos territorios. De hecho, aunque la Corte ordena a los países implicados a solucionar sus diferencias a través del diálogo, el fallo sigue en firme y las diferencias persisten. A partir del fallo de La Haya, el Estado colombiano paralizó la expedición de permisos de pesca para los pescadores raizales; en cambio, han expedido estos permisos a navieros de diferentes nacionalidades que son los que hoy explotan los recursos pesqueros en el mar en disputa.
Esta problemática está vigente hoy, y los pescadores nativos son la voz principal para defender el mar a nombre de Colombiana. Este debate se ha suscitado en la isla de Providencia, más específicamente en el Campamento por la Dignidad, levantado con ocasión de los daños generados por el paso del huracán IOTA en 2020. Como resultado de este debate, se ha generado un consenso sobre la necesidad de exigir que se frene la explotación de las reservas de pesca por parte de foráneos, ya que además se debe considerar que en San Andrés la pesca es escasa debido a la explotación industrializada por navieras procedentes de otros lugares.
Sobre el debate de la conservación ambiental se ha propuesto la reserva de biosfera transfronteriza, que es necesario construir de manera colaborativa entre Costa Rica, Nicaragua y Colombia para que toda la zona se pueda declarar reserva y que, con ello, se desarrollen medidas de protección especial.
- Daño al proyecto de vida de las mujeres y los jóvenes isleños: en el informe de la Comisión de la Verdad “Mar, guerra y violencia” de 2022, se aborda la problemática del daño al proyecto de vida de las mujeres y jóvenes en el territorio, producto de la posición estratégica de las islas en la ruta marítima del narcotráfico hacia Centroamérica. Se han perdido vidas, hay desaparecidos en alta mar y presos que están en cárceles de Centroamérica y Estados Unidos, a quienes no se les garantizan los derechos de repatriación ni de defensa; sobre algunos de ellos, de hecho, nunca se logra obtener ninguna información acerca de su condición legal.
Al drama de los desaparecidos se suma la falta del reconocimiento de las víctimas por la participación directa o indirecta en el conflicto armado colombiano; el informe de la Comisión avanza en este tema con el reconocimiento del reclutamiento de jóvenes nativos para actividades ilícitas de grupos armados.
El fallo emitido por la Corte Internacional de La Haya cierra deja en manos de los países el diálogo sobre todos los puntos mencionados. Fuente: Jeimi Villamizar – Unimedios
A manera de conclusión, podríamos considerar que estas discusiones están superadas; sin embargo, en 2023, a raíz de nuevo fallo emitido por la Corte Internacional de La Haya, que deja las condiciones tal como las planteó en 2012 y cierra la posibilidad de continuar el diferendo, deja en manos de los países el diálogo sobre todos los puntos antes mencionados.
A pesar de la apertura de las embajadas y tímidos acercamientos, no hay avances significativos en esta materia y las problemáticas asociadas al tráfico de drogas, tráfico de migrantes, problemas de conectividad entre los territorios, y la seguridad en la zona para los pescadores, requieren acciones de entendimiento y cooperación internacional urgentes para que el territorio raizal, hoy dividido, no se convierta en una de las fronteras más peligrosas de la región.
* Grupo Estado y Sociedad Universidad Nacional de Colombia- Sede Caribe, San Andrés Islas- Colombia.
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