Las expectativas sobre la implementación de las políticas relacionadas con la transición energética, el ordenamiento en torno al agua y la protección de la Amazonia son temas que el Gobierno nacional tiene pendientes en Mocoa. La extracción de cobre y molibdeno toman especial relevancia.
Observatorio de Conflictos Ambientales (OCA) | Universidad Nacional de Colombia (UNAL)share
En 2004 se otorgaron los títulos –que hoy suman 7.830 hectáreas– para extraer cobre y molibdeno en la cuenca alta del río Mocoa. Fuente: Nelson Almeida / AFP
Con cerca de 60.000 habitantes, el 11% de ellos indígenas, Mocoa es un municipio entre dos mundos: el macizo colombiano –la estrella hídrica más importante del país– y la llanura Amazónica. Sus montañas albergan una alta biodiversidad y dan origen al río Mocoa, un importante afluente del río Caquetá en su cuenca alta. Pero también albergan una amenaza permanente, pues se localizan en una zona de tectonismo activo e inestabilidad geológica, en donde recurrentemente se presentan avenidas torrenciales y deslizamientos. El evento más grave ocurrió en marzo de 2017, cuando la inestabilidad de las laderas, sumada a la deforestación y las lluvias extremas, desencadenaron una tragedia que segó centenares de vidas y dejó más de 22.000 damnificados.
Mocoa también es un territorio que ha experimentado, de primera mano, el extractivismo y la violencia. Es una historia que se remonta al periodo colonial con la minería de oro aluvial, pasando por las infames caucherías de finales del siglo XIX, el auge petrolero de la década de 1970, el auge cocalero y la intensificación del conflicto armado a partir de la década de 1980, así como la minería ilegal y criminal que hoy destruye y envenena ríos como el Caquetá. Según cifras oficiales de 2017, el 78% de la población de Mocoa ha sido víctima del desplazamiento forzado.
Durante los gobiernos de Uribe (2002-2010), y en el contexto de la intervención militar del “Plan Colombia”, se concesionaron grandes áreas del piedemonte Amazónico para reactivar la explotación petrolera y se otorgaron miles de títulos mineros –en el episodio de corrupción bautizado como la “piñata minera”–, muchos de ellos en ecosistemas estratégicos como páramos, humedales y zonas de recarga acuífera que estaban (y están) en mora de ser protegidos.
Fue así cómo en 2004 se otorgaron los títulos –que hoy suman 7.830 hectáreas– para extraer cobre y molibdeno en la cuenca alta del río Mocoa. El proyecto minero de la canadiense Libero Cobre se encuentra suspendido por adelantar actividades de exploración irregulares, aunque la empresa se apresta a solicitar próximamente la licencia ambiental mientras avanza con una agresiva campaña para sumar voluntades y aliados en distintos sectores.
Pero no la ha tenido fácil, ya que después de la tragedia un amplio sector de la sociedad se ha movilizado en contra del proyecto, impulsando el Acuerdo municipal de 2018 que prohibió la mediana y gran minería. Los motivos son evidentes: (i) el proyecto se localiza en una zona de amenaza alta y muy alta frente a movimientos en masa, flujos torrenciales e inundaciones (DNP, 2017)1 y su realización incrementaría las condiciones de riesgo, como lo ha determinado Corpoamazonia con base en estudios adelantados por el Servicio Geológico Colombiano (Corpoamazonia, CT-DTP-292-2022, p.28)2; (ii) el proyecto se halla en la cuenca alta de los ríos Mocoa y Caquetá, y se sobrepone parcialmente con dos resguardos indígenas y una reserva forestal protectora, poniendo en riesgo las aguas que surten a numerosas poblaciones; y (iii) el extractivismo en Mocoa no ha significado progreso ni desarrollo para sus habitantes, por el contrario, ha venido acompañado de guerra, pobreza y pasivos ambientales.
La forma como se implementen las grandes agendas ambientales del Gobierno decidirán para bien o para mal el futuro de Mocoa. Fuente: Luis Robayo – AFP
Ahora bien, el conflicto ambiental en Mocoa no solo reviste una importancia local. Entre 2021 y 2022 Libero Cobre radicó 30 solicitudes mineras para explotar el cinturón de cobre que se extiende a lo largo del piedemonte Andino-Amazónico. Además, lo que suceda en este caso permitirá evaluar cómo el Gobierno le da cumplimiento al fallo del Consejo de Estado de 2022 sobre la suspensión de la “ventanilla minera”, en el cual les ordenó a los Ministerios de Minas y de Ambiente actuar coordinadamente y corregir el desorden provocado por la titulación minera que no ha tenido en cuenta las áreas de especial importancia ambiental y que ha suscitado numerosos conflictos a lo largo y ancho del país.
Además, la forma como se implementen las grandes agendas ambientales del Gobierno –en particular el ordenamiento del territorio en torno al agua, la protección de la Amazonia y la transición energética– decidirán para bien o para mal el futuro de Mocoa.
Se ha dicho, por ejemplo, que la transición demandará cobre, que será para extender la matriz eléctrica, llevar a cabo proyectos de energías renovables o participar en los mercados globales impulsando la reindustrialización del aparato productivo. Así las cosas, ¿qué ocurrirá en Mocoa, se protegerán el agua, la vida y la Amazonia, o se profundizará el extractivismo como sucedió con los gobiernos progresistas de América Latina en la década de 2010, será posible adelantar una transición energética que no lesione lo que se busca proteger? Lo cierto es que lo que suceda en Mocoa revelará cómo el Gobierno pasará del discurso a la acción.
Ante estos interrogantes, los delegados del Gobierno llamaron la atención sobre las complejidades y contradicciones que reviste la transición energética en el modelo de crecimiento económico actual, en el marco del cual se proyecta un mayor consumo global de minerales como el cobre o el litio.
También resaltaron avances importantes como los ajustes al proyecto de Ley Minera, el proceso de reglamentación de las “comunidades energéticas” con las cuales se podrá generar energía en zonas que no están interconectadas, sumado a la exigencia de la certificación ambiental que debe acompañar la solicitud de un título, o el mismo Plan Nacional de Desarrollo (2022-2026) que supone un logro trascendental al supeditar los procesos de toma de decisiones y las actividades productivas a la observancia de los determinantes ambientales y la prevalencia de derechos, destacando la prevención de riesgos, el derecho a la alimentación y la protección del patrimonio cultural.
Al respecto, en el marco de un acto de rendición de cuentas, la ministra de Ambiente ratificó la “inconveniencia del proyecto Mocoa” desde el punto de vista ambiental y del riesgo, mencionando que la estrategia que le permitirá al Gobierno revisar estos casos se centrará en la figura de las “reservas ambientales temporales”, atendiendo a lo dispuesto por el Consejo de Estado en el fallo anotado, así como a las precauciones legales para no exponer al Estado a nuevas demandas internacionales.3
Por último, voces diversas de los participantes de la comunidad, la academia y el Congreso manifestaron que la transición energética no se puede basar en más extractivismo y nuevas “zonas de sacrificio” con el fin de construir parques eólicos y fotovoltaicos. La pregunta que oriente el debate no puede ser “¿de dónde se sacará el cobre?” cuando en un futuro próximo la pregunta será “¿de dónde obtendremos el agua?”. Lo que se requiere es transitar hacia otras formas de ser y de estar con la naturaleza, guiados por una visión colectiva que respete y proteja la vida, como se propone desde las autonomías y gobernanzas locales, desde el cuidado del agua, desde los territorios.
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